El “caso López” puso sobre el tapete que el entramado de corrupción alcanza a las “mano derecha” de funcionarios de primera línea implicados en el multimillonario negocio de la obra pública, el punto de partida de la “ruta del dinero K” como bautizaron los medios de la corpo.

Para los tucumanos el caso López tiene una connotación especial porque el encargado de distribuir el dinero de la obra pública fue además un operador del gobierno nacional en la provincia, precandidato a gobernador con apoyo de La Cámpora y candidato a diputado del Parlasur en la lista que finalmente los jóvenes K negociaron con Alperovich y Manzur.

En sus 12 años en el Ministerio de Planificación Federal, billetera en mano, López tejió alianzas a todo nivel en su provincia natal. Si desde el Ministerio repartía los fondos con los que el alperovichismo hizo su propia “ruta del dinero”, en algún momento pensó que tenía que intentar pisar en la interna provincial para ganar un espacio en la lista oficial y conseguir la inmunidad de los fueros. Su candidatura tuvo el apoyo de los sindicatos más importantes de la fracción (en ese entonces) oficialista de la CGT local. Nos referimos a los firmantes de la solicitada, Adrián Santillán (UOCRA), Luis Diarte (SMATA), Diego Granado (UPCN), y Juan Correa (FEIA), entre otros.

La ligazón de López con el titular de la UOCRA local, mediada por el gobierno provincial, venía a cuento del negocio de la obra pública y su caso más resonante con el escándalo en la adjudicación de viviendas del complejo “Lomas del Tafi”, con su porción de viviendas para la UOCRA. Viviendas que nunca llegaron a los trabajadores de la construcción, en su mayoría en negro.

Pero si el caso López ha puesto al desnudo un extenso entramado de corrupción, aun no presta la suficiente atención acerca de la corrupción como mecanismo de construcción política y poder territorial. Aquí es donde se entrelazan los López con los funcionarios y sus punteros, los sindicatos, y las barras bravas de los clubes de fútbol.

Sindicatos integrados

No es ninguna novedad que los dirigentes de los principales sindicatos utilizan la estructura del gremio como trampolín para hacer carrera en alguno de los partidos patronales, por lo general, el PJ o la UCR. Adrian Santillán fue como candidato a legislador en el acople que encabezaba Marcelo Caponio, actual legislador y apoderado del FPV en Tucumán. Luis Diarte y Diego Granado fueron candidatos a la legislatura en el acople que encabezaba el ex concejal Eloy Del Pino. Hasta ese entonces conformaban un bloque con el legislador Santiago Ramón Cano, quien hizo su carrera a partir del sindicato de los camioneros desde 1983.

La legislatura y el concejo deliberante tiene una importante composición sindical, ya sean dirigentes de los sindicatos más importantes o sus familiares directos; caso de Andrés Galván (FOTIA), Nancy Bulacio (esposa del Roberto Palina), René Ramirez (ATSA), o el ex legislador Roque Brito (SEOC).

Las estructuras sindicales brindan a estos dirigentes los recursos financieros necesarios para financiar sus carreras personales; pero si han conquistado este espacio en el seno de los partidos del régimen es por su rol estratégico como policía interna del movimiento obrero.

No es casual que llegando a los 3000 despidos en la construcción, Adrián Santillán haya apoyado el veto a la ley antidespidos de Macri, en la misma línea colaboracionista que Manzur.

Al mismo tiempo, para consolidar su unicato la burocracia sindical necesita entrelazarse con el aparato de control territorial. Territorio que está dividido geográficamente en zonas de influencia organizadas desde la cúspide de los partidos del régimen, con otro “López” que desde la legislatura y ministerios distribuyen (también en valijas) los fondos necesarios para sostener la enorme red de punteros de los que disponen el oficialismo y la oposición.

En esa carrera los dirigentes sindicales hacen acuerdos territoriales con intendentes mientras intentan ubicar a sus propios candidatos, por lo general familiares, en los concejos deliberantes.

El caso más conocido es el de Roberto Palina (FOTIA), que comanda el PT, un bloque legislativo que tiene en sus filas a Andrés Galván (FOTIA); Gladys Medina (esposa del intendente bandeño Darío Monteros); y Graciela del Valle Gutiérrez (esposa del ex intendente Aldo Salomón).

Es mediante esas alianzas con los partidos del régimen, las que permiten a la clase capitalista mantener bajo su control a las organizaciones del movimiento obrero.

Fútbol para todos

Y es en el territorio donde los sindicatos y la red de punteros se funden con las barras de los clubes de fútbol, que participan del negocio del narcotráfico –junto con la policía- y constituyen no sólo una importante fuente de financiamiento sino también una fuerza de choque contra los trabajadores. Un ejemplo es el del metalmecánico Luis Diarte, quien comparte sillón en el consejo directivo de San Martin con Oscar Mirkin, nada menos que el ex Secretario de Obra Pública de la provincia. Su apoyo a José López no fue una ingenua casualidad.

El entrelazamiento entre burocracia sindical y barras de fútbol se replica en todo el país. Otro ejemplo de ese maridaje, aunque no proviene del mundo sindical, es el intendente bandeño Darío Monteros: comenzó su carrera política como presidente del Club Atlético San Juan para luego ser reclutado por Osvaldo Jaldo como “coorinador del Ministerio del Interior”, desde donde organizó una fuerte red de punteros que posteriormente le permitieron ganar la intendencia.

Romper la cadena

La cooptación de los sindicatos y el peso conquistado por estos en la legislatura es, de alguna manera, un reconocimiento a la potencial amenaza que representaría un movimiento obrero fuera de su control. Más allá de las alianzas territoriales y redes de punteros, son los trabajadores quienes tienen la capacidad de paralizar la provincia para enfrentar a la clase capitalista que con despidos, tarifazos, y paritarias a la baja está aplicando un brutal ajuste al pueblo trabajador.

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