Se trata de la onceava edición de la Cumbre, inaugurada en 2005, que esta vez tuvo lugar en la ciudad de Puerto Varas, Chile. Participaron Michelle Bachelet, la mandataria del país anfitrión, el presidente saliente de Perú, Ollanta Humala y Juan Manuel Santos, mandatario de Colombia, además del presidente de México, Enrique Peña Nieto.
Asimismo, participaron como invitados los mandatarios de Argentina, Mauricio Macri, y de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, junto al presidente electo del Perú, Pedro Pablo Kuczynski.
El primero de mayo pasado entró en vigor el protocolo comercial del acuerdo marco de la alianza, que establece la supresión de los aranceles del 92% de los productos que comercializan entre sí los países miembros.
La prensa internacional destaca el cambio de actores políticos en esta cumbre, en la que priman los gobiernos de centro derecha y el único remanente de la presencia de los gobiernos “progresistas” es la presidenta chilena. Un signo del cambio de los tiempos en la región.
Durante la Cumbre, los gobiernos participantes reafirmaron el camino de la integración económica como una vía para enfrentar en mejores condiciones la volatilidad de los mercados internacionales. Y aspiran a convertir la cuenca del Océano Pacífico en un nuevo epicentro económico.
Integración en beneficio de los grandes capitales
Uno de los temas que estaban en la agenda fue el desarrollo de la infraestructura en la región. El quid de la cuestión es dónde obtener más financiamiento.
De acuerdo con el subsecretario de Hacienda de México, Fernando Aportela, hay una salida para eso: atraer las inversiones de los fondos de pensión, que según él, podrían dar mayor rendimiento que las inversiones tradicionales.
Los participantes de la Cumbre plantean como posibilidad modificar la procedencia de los activos que poseen en los países miembros para que sean operaciones locales con el fin de agilizar las transacciones.
En definitiva, lo que plantean es utilizar los fondos de pensiones de las trabajadoras y los trabajadores de los países del bloque para financiar los proyectos de infraestructura que se están planeando, como las Zonas Económicas Especiales en México, entre las cuales se cuenta el desarrollo del puerto de Salina Cruz, en Oaxaca, y Puerto Chiapas, en el estado homónimo, dos de los epicentros de la lucha magisterial contra la reforma educativa.
Los gobiernos de la Alianza del Pacífico preparan así un nuevo golpe contra el derecho a pensiones dignas y a retiros a la clase trabajadora que deja la vida en la industria y los servicios para que los grandes empresarios sigan enriqueciéndose.
Estas política de sostener las crisis de los empresarios con dinero que le corresponde a los trabajadores lleva dos décadas en México mediante el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), utilizando los ahorros robados a los trabajadores para inversiones directas y en la Bolsa de Valores.
Ante las alianzas de los gobiernos y los empresarios, se hace evidente que sus acuerdos van contra los intereses de las trabajadoras, los trabajadores y los sectores populares de la región.
Es necesario tejer alianzas, pero entre los de abajo, como se ha expresado en las innumerables muestras de solidaridad y apoyo que llegan desde distintos países de la región al magisterio mexicano que enfrenta la reforma educativa diseñada por los organismos internacionales. Sólo así se podrán enfrentar los ataques de los gobiernos en cada país. |