El caso de la escuela Pablo Rueda de la localidad serrana de La Granja, no es único. El Programa de Asistencia Integral de Córdoba (Paicor) ha sido objeto de grandes recortes en los últimos dos años, pasando de asistir a 246 mil chicos en 2014 a 125 mil en 2016. Lo que corresponde a un 30% de la matrícula escolar según datos del Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (Cippes).
Según este mismo organismo el nivel de pobreza entre niños y adolescentes en la provincia de Córdoba alcanza el 47,9%, lo que significa que “el Paicor debería cubrir alrededor de 307 mil alumnos” para reflejar el nivel real de pobreza. A este recorte se suma el traspaso de la provincia hacia los municipios, casi 200 municipios y comunas del interior aceptaron hacerse cargo de la compra de la comida, mientras la Provincia les asignaría recursos y el personal.
Sin embargo lo que singulariza el reclamo de los padres de este establecimiento educativo es que el mismo se inscribe en las categoría de jornada completa, los niños entran a las 8 horas y se retiran a las 16 horas, y según dispone el decreto 2740/94 le corresponde apoyo nutricional a los alumnos, con el recorte sólo 128 alumnos de los 243 continuaran recibiendo desayuno, almuerzo y merienda en el establecimiento, a los que quedaron fuera se les ofreció el servicio de vianda a cambio de un pago de 20 pesos diarios. Esto último es denunciado por la comunidad educativa como una forma de privatización, al tiempo que muchos de los padres no están en condiciones de abonar 400 pesos mensuales por cada hijo que concurre a la escuela.
Frente a esta situación la comisión de padres, en el mediodía del viernes, realizó un corte de ruta, brindó una comida con una olla popular en la puerta de escuela y con manifestaciones artísticas exigió igualdad de derechos graficando los 115 platos vacíos de los chicos que, a partir del 1° de julio, quedaron afuera del comedor.
Antes, presentaron ante el juez de la Cámara Contencioso Administrativa N°2, Humberto Sánchez Gavier, un escrito denunciando que la autoridades del Paicor decidieron unilateralmente “romper el convenio al que se había llegado”, y ejecutar el recorte, el cual se mantenía en suspenso debido a un recurso de amparo presentado a principios de año.
Sandra, es madre de un alumno de tercer grado y sostiene que la medida atenta contra un principio de igualdad que siempre existió en el colegio. “Un niño no pueda estar ocho horas en un colegio de jornada completa sin comer. En mi caso, no puedo pagar los 400 pesos que nos exigen, y enviarlo con viandas sería un trastorno, dónde calentaría la leche y la comida, además de transportar los elementos para comer".
La situación de la escuela Pablo Rueda es la punta de un iceberg que muestra cómo mientras se subsidia sin pestañear a empresas que no desean perder un centavo de ganancia se borra de un plumazo, con un criterio netamente neo liberal, el derecho de los niños a recibir alimentación adecuada durante su jornada escolar.
Esto plantea un interrogante en relación a las escuelas que deben sumarse a la modalidad de jornada extendida. Será más horas en la escuela pero con la panza vacía si los padres no presenta un certificado de miseria. Más horas en la escuela, pero el comedor es privado, si ese día tenes la plata comes, sino no.
Ya hay escuelas públicas que al sumar la jornada extendida no cuentan ni siquiera con un lugar adecuado para el almuerzo e innumerables veces la vianda que llevan los niños, que por decisiones administrativas no parecen necesitar la dádiva del presupuesto estatal, no es una comida completa, sino alguna "cosita" guardada de la cena, prolijamente separada de las porciones, engañando al hambre de los demás miembros de la familia.
