El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Foto: EFE/Patrick Seeger
La Comisión Europea venía posponiendo la reunión donde se debía clarificar si se sancionaba o no a países como Portugal y el Estado español por incumplir sus objetivos de déficit en 2015. Pero ese día ha llegado y será el próximo jueves. En el caso español, el 2015 se cerró con un déficit del 5,1%, cuando según lo establecido no debía superar un 4,2% del PIB.
Para el ministro de Economía y Competitividad del gobierno del PP esta sanción no llegará porque “mermaría” la credibilidad de la eurozona. Por su parte, el portavoz del ministro de Hacienda de Alemania, Wolfgang Schäuble, reiteró este lunes que “las reglas deben ser respetadas”.
Lo cierto es que no es solo una mera negociación “burocrática”, sino que estas “tensiones dialécticas” expresan problemas de fondo de los Estados miembros de la UE.
En el plano económico, los Estados “sureños” siguen altamente endeudados, sin resolver tampoco los principales problemas estructuras de sus economías. En el caso español, con un crecimiento raquítico, paro masivo y una creciente desigualdad entre las clases sociales.
Aunque la política del PP en el gobierno, como continuación de las políticas implementadas antes por el gobierno socialista de Zapatero, han sido descargar los costos de la crisis en las mayorías populares, el quebranto de las cuentas estatales hace casi imposible el cumplimiento del déficit impuesto por la Troika.
El Estado acarrea una deuda pública que representa un 103% del PIB, que ha sido engordada por el trasvase de deuda privada –sobretodo procedente de la banca- a la deuda pública. Sin contar con una deuda privada que superó, finalizado el 2014, los 3,4 billones de euros, equivalente al 321% del PIB. Lo que significa que es más de tres veces mayor que lo que produce la economía.
Aunque la “crisis de la deuda” ha mitigado, su resolución no. Desde el punto de vista del nivel de deuda no ha bajado, sino que ha aumentado, mientras los acreedores siguen queriendo “cobrar religiosamente”, como es el caso de Alemania.
Según datos del primer trimestre, el Estado español debía a otros países más de 1,08 billones de euros (cerca de 40.000 euros por habitante) y 7.000 millones más que a finales del 2015. Además, la deuda externa es una de las más elevadas de la zona euro, después de Grecia y Portugal.
En el plano político las “tensiones” aumentan. El brexit fue parte de las causas para posponer la decisión. El resultado del referéndum con mayoría a favor de la salida del Reino Unido provocó una nueva crisis política, inesperada para los mandamases del “proyecto europeo”, y de difícil resolución.
Por eso no es extraño que Alemania sea la primera en presionar a favor de la sanción a los estados incumplidores del plan de reducción del déficit. En Berlín quieren atajar cualquier problema que se sume a los “frentes abiertos” que ya tiene como potencia hegemónica en la UE.
Pero también las elecciones españolas y la incertidumbre generada por las encuestas antes del 26 estuvieron detrás de la posposición del debate. Aunque muchas de las dudas fueron despejadas por el resultado –especialmente por el retroceso de Unidos Podemos-, el imperialismo alemán y la Troika son conscientes de la debilidad congénita del PP en caso de pactar para seguir ocupando la Moncloa.
"Estoy convencido de que no va a haber ningún tipo de sanción para España", afirmó el ministro Luis de Guindos en una entrevista con Onda Cero, recogida por Europa Press, donde apuntó que simplemente plantear la imposición de una multa "sería una merma de credibilidad para la zona euro". Pero las expectativas del ministro pueden ser demasiado optimistas. | 
