No son pocos los nombres que ya suenan para ejercer el cargo de Procurador General de la Suprema Corte.
Según la constitución provincial debe designarlo el Poder Ejecutivo en acuerdo con el senado en votación secreta y se prevé tanto por los postulantes como por la política de Cambiemos en materia judicial y de seguridad que los fiscales pasarán a tener mayor poder del que poseen y aumentará la regresión en los derechos y garantías de los imputados.
Marcelo D´Agostino, actual subsecretario de Justicia y el propio Ministro de Seguridad Gianni Venier fueron los primeros en aparecer como candidatos, sin embargo Cornejo optaría por preservarlos en el Ministerio desde el cual apunta a fortalecer la presencia policial en los barrios y en las manifestaciones sociales.
Otro postulante es el juez de la Sexta Cámara del Crimen Alejandro Gullé, quien es conocido por su preferencia en la “mano dura” y tiene relaciones con los miembros de la ex side.
Desde dentro del Poder Judicial también está el Fiscal Javier Pascua a quien se lo acusa de favorecer al juez genocida Otilio Romano en la destitución del Juez Bento de la causa que lo investigaba, además de estar también acusado en escuchas telefónicas con la Brigada de Investigaciones de la Policía Federal por actos de corrupción. Para completar el curriculum de Pascua, el abogado Salinas lo denunció por homofóbico y xenófobo. El primero porque alumnos de su clase en la facultad de derecho dieron a la luz una grabación donde al explicar el homicidio como la acción de una persona que mata a otra hizo la “excepción” para el caso que se trate “del doctor” (aludiendo a otro profesor homosexual) “porque en ese caso bala con bala se neutraliza”. Lo segundo cuando en una causa por homicidio dijo “es difícil distinguir cuando se trata de dos morochos como ellos", en directa referencia a los imputados.
El caso del Juez Valerio es el más actual de los escándalos cuando dejó libre al único imputado por el caso de la desaparición de Soledad Olivera. Allí las organizaciones de mujeres y de derechos humanos denunciaron numerosas irregularidades en la investigación. En la Universidad Nacional de Cuyo estudiantes pusieron en pie la comisión de mujeres para pedir su destitución del cargo de profesor.
Quien termina la nómina es el fiscal Fernando Giunta quien tiene en sus antecedentes el haber interrogado a un niño de 12 años sin la participación de un juez de menores.
Mientras circulan estos postulantes Cambiemos anticipó que seguirá enviando leyes a la legislatura provincial para dar mayores competencias a jueces y fiscales con el objetivo de aumentar el poder de acción estatal para la detención de personas. | 
