Los archivos de la represión están, existen, no han sido destruidos. Esos archivos en poder del Estado, de las fuerzas armadas y de seguridad y hasta de la Iglesia contienen una importante materia prima que permitiría terminar con la impunidad de todos los que fueron parte del genocidio, conocer el destino de los desaparecidos, ayudar a encontrar a los casi 400 niños apropiados durante la dictadura que hoy siguen sin conocer su verdadera identidad. Pero esos archivos siguen ocultos.
Contra ese manto de impunidad, Nicolás del Caño (PTS/FIT) impulsa en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para que se disponga la apertura de los archivos de la represión que están en poder de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), correspondientes al período que se inicia con el establecimiento del estado de sitio el 6 de noviembre de 1974 y finaliza con la asunción del gobierno constitucional el 10 de diciembre de 1983.
Este proyecto permite también denunciar que a más de 30 años de finalizada la dictadura militar la única razón para que estos archivos sigan ocultos es seguir manteniendo la impunidad para gran parte de los genocidas y de una estructura siniestra como la Secretaría de Inteligencia que se ha mantenido intacta desde el fin de la dictadura. “Los archivos están ahí y queremos que se hagan públicos para quebrar un importantísimo pilar de la impunidad que rige hasta hoy por los crímenes de los genocidas y sus cómplices”, precisó el diputado Del Caño.
En sus fundamentos, la iniciativa detalla que por sus propios objetivos, la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) no puede haber tenido otra finalidad que la persecución política a los que consideraba opositores, subversivos o enemigos. La SIDE fue una pieza fundamental para la comisión del genocidio que se llevó adelante en el país, recolectando datos para que luego esas personas fueran secuestradas, torturadas, detenidas desaparecidas. Además, es de público conocimiento que varios de los integrantes de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) hoy en actividad actuaron como efectivos de ese organismo dependiente del PEN durante la dictadura, y por eso es necesario que la sociedad conozca sus datos.
Myriam Bregman, abogada del CEPRODH y el PTS, puntualizó que “el proyecto también plantea que tengan acceso a la información los organismos de derechos humanos que vienen reclamando esa documentación, no sólo para conocer el destino de los desaparecidos sino también para poder encontrar los niños nacidos en cautiverio y que continúan apropiados, sin su verdadera identidad”.
Desde el fin de la dictadura, las Fuerzas Armadas y de Seguridad han negado sistemáticamente la existencia de los archivos de la represión aduciendo que la documentación fue incinerada en 1983 por orden del último jefe del Ejército de la dictadura, el ex teniente general Cristino Nicolaides, al tiempo que el presidente de facto Reinaldo Bignone impulsaba la Ley de Autoamnistía.
En todos estos años se ha evidenciado la falsedad de esa afirmación y las declaraciones de los propios genocidas en las causas judiciales demuestran que todo se documentaba y archivaba, y que eso jamás fue destruido. Tanto era el interés de los represores por conservar todo en forma absolutamente documentada, que hay pruebas fehacientes de que incluso se microfilmaron los documentos. Esto se probó tanto en la causa ESMA como en otras.
El Caso Barry
Alejandrina Barry es hija de desparecidos y querellante en la causa ESMA y lleva adelante en la justicia una denuncia contra los directivos de la Editorial Atlántida que en plena dictadura utilizaron su imagen para mostrarla en sus revistas como una niña abandonada por sus padres, cuando en realidad todos ellos eran víctimas de los militares. En el marco de esa denuncia Alejandrina junto a sus abogados presentó un pedido para que se libre un oficio a la Secretaría de Inteligencia a fin de que informe y entregue la documentación que poseía sobre sus padres.
En los casos de Juan Alejandro Barry y Susana Mata, padres de Alejandrina Barry, la propia Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) confirmó que tiene información sobre Juan Alejandro Barry, su hermano Enrique Barry y su compañera Susana Mata, todos ellos desaparecidos, que la misma forma parte de sus archivos y que se la conserva hasta la actualidad.
“La información allí obtenida es valiosísima ya que si bien los datos que se proveyeron a la causa no son novedosos respecto del contenido, sí lo son en lo referente a la documentación que, evidentemente, aún conserva la Secretaría de Inteligencia sobre el período comprendido entre los años 1974 y 1983”, explicó Myriam Bregman en relación a este caso que es tomado en los fundamentos del proyecto con mucha preponderancia.
Los fundamentos también son claros en cuanto a la decisión política de no tocar los archivos secretos: no hay ninguna razón legal para que sigan estando ocultos los archivos de la represión y es un derecho de todos saber qué información tiene el Estado almacenada desde el estado de sitio de 1974 hasta el fin de la dictadura sobre personas y organizaciones políticas, sociales, estudiantiles, barriales, obreras y populares. “Es una medida elemental que el Gobierno no ha llevado adelante hasta ahora y por la cual sigue estando sobre las espaldas de los sobrevivientes del genocidio aportar las pruebas y testimonios. Los archivos existen, están al alcance de la mano, pero el Gobierno sigue ocultándolos”, concluyó Del Caño. | 
