Tal como se la propone, la incorporación de la Boleta Única Electrónica no es más que una mera reforma cosmética, ya que termina manteniendo lo más retrógrado y reaccionario del régimen electoral actual y agravando otras importantes cuestiones. De eso se trata el proyecto de reforma política presentado por Mauricio Macri.
Porque empeora el sistema de las PASO, una injerencia del Estado en la elección de los candidatos por parte de los partidos políticos, al impedir que el elector pueda votar por diferentes categorías de candidatos de distintas fuerzas políticas. Esto atenta contra la izquierda, a la que en general se la vota más para cargos legislativos que ejecutivos. Por otra parte, quienes voten a partidos provinciales que no lleven candidatos presidenciales deberán votar en blanco en esa categoría. Esto es un atentado a la libertad de elección, que favorece a los aparatos y a las listas sábana.
El Frente de Izquierda sostiene que el financiamiento de las campañas electorales deberá ser 100% estatal, para que la población pueda recibir en igualdad de condiciones todas las propuestas de los candidatos.
Esto implica también la prohibición de contratar en forma privada la cartelería en la vía pública, algo que hacen todos los partidos mayoritarios violando en forma escandalosa todas las prohibiciones que impone la actual legislación (como, por ejemplo, que no se puede hacer publicidad cuarenta y cinco días antes del acto electoral).
Al igual que lo que sucede con la radio y la TV, un porcentaje de la cartelería disponible deberá ser utilizada para repartir entre las agrupaciones que se presenten a elecciones en forma equitativa.
El proyecto también perjudica a la izquierda en las contiendas electorales de 2017 y 2019, dado que se nos quita espacio publicitario del que otorga la ley actualmente con la excusa de ser destinado a capacitar al electorado. Es notorio que este en su conjunto podrá llegar poco capacitado en el sistema de BUE, pero la manera de resolverlo no es cercenando espacios. El Estado debería destinar para esos fines la copiosa publicidad oficial con la que cuenta.
Por otro lado, hemos presentado un proyecto para actualizar el número de diputados de las principales provincias que hoy se encuentran representadas en el Congreso de la Nación. El artículo 45 de la Constitución Nacional determina que "después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar, pero no disminuir la base expresada para cada diputado".
Sin embargo, y pese a haber pasado 33 años y tres censos, el número de representantes por provincia quedó congelado desde 1983 a través del Decreto/Ley 22.847 rubricado por el entonces presidente de facto Reynaldo Bignone. Los 257 diputados que hoy integran la Cámara resultan de un censo de 1980 cuyo resultado era 27.947.446 habitantes. El censo 2010 dio un resultado de 40.091.359 habitantes.
La actualización significa que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que hoy tiene 70 diputados, debería tener 100. Lo mismo provincias como Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Mendoza, que tienen menos cantidad de diputados que los que deberían tener.
Nuestro planteo histórico es el de una cámara nacional única, con la elección de los representantes considerando el territorio nacional como distrito único.
Hasta tanto esto no suceda, creemos que hay actualizar la representación a estas provincias en las que se concentra la mayor cantidad de trabajadores. Esto llevaría a que la Cámara de Diputados tenga 328 diputados, contra los 257 que hoy tiene.
¿Significaría esto un gasto mayor? Nuestra propuesta es que todos los diputados, al igual que los funcionarios políticos, no ganen más que lo que percibe un docente tiempo completo, por lo que los gastos serían -incluso- inferiores de lo que se eroga hoy para mantener a la "casta política" que, no casualmente, vota la mayoría de las leyes que imponen los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros.
Nuestro proyecto sostiene la eliminación del absurdo "piso" que impuso Bignone a través de la Ley 22.838, que en su artículo 4º determina que "no participarán en la asignación de cargos las listas que no logren un mínimo del tres por ciento (3%) del padrón electoral del distrito".
En 2011 el Frente de Izquierda obtuvo 285.582 votos para la categoría de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. Según el vigente sistema D’Hont, con esa cantidad de votos el FIT hubiera obtenido un diputado en el puesto 24º dentro de los 35 que accedieron a sus bancas. Pero, al no haber llegado al 3% del padrón, hubo once diputados que ingresaron con menos votos de lo que obtuvo el FIT. Este ejemplo concreto demuestra cómo la vigencia del "piso" del 3% del padrón tiene el exclusivo fin de ir contra los electores que votan a las fuerzas circunstancialmente minoritarias.
Esta cláusula, de hecho proscriptiva, se realiza sobre el padrón, colocando como "árbitros" de los procesos electorales a quienes no van a votar, ya que cuanto mayor es el ausentismo mayor es el porcentaje de los votos emitidos que una fuerza minoritaria debe obtener para superar el piso del 3%.
En el sistema que nos domina no hay posibilidades de que las elecciones sean totalmente democráticas, ya que el capital controla el conjunto de la vida social, particularmente los medios de difusión que "marcan la agenda" y definen quién y cómo sale publicado o entrevistado.
Las empresas "esponsorean" a los candidatos que van a defender sus intereses en detrimento de las fuerzas políticas que luchan junto con los trabajadores.
Sin embargo, sostenemos una serie de propuestas para que, aun con este límite insoslayable, haya un régimen electoral más democrático que el que hoy existe.
Opinión publicada originalmente en Télam
