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La Cámara Federal porteña apartó al juez federal Norberto Oyarbide del tramo de la causa vinculada a lavado de activos y venta ilegal de medicamentos, conocida popularmente como la “mafia de los medicamentos”. En la investigación judicial se encuentran acusados ex – funcionarios que fueron aportantes a la campaña del Frente Para la Victoria en 2007. Además, en la misma resolución, la Cámara dio vista a la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura a raíz de la conducta del magistrado.
La Sala II de la Cámara Federal compuesta por Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah reprochó a Oyarbide no haber enviado ese tramo de la causa a su par Ariel Lijo, tal y como había ordenado el tribunal. En en vez de ello, el juez resolvió a favor de los acusados de supuesto "lavado de activos" y los sobreseyó.
Entre los beneficiados por Oyarbide estuvieron Héctor Capaccioli, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud; Hernán Diez, ex director de Lotería Nacional; Sebastián Gramajo, ex legislador kirchnerista; y el empresario farmacéutico Gabriel Brito.
Brito, ex propietario de la empresa de auditoria médica, "Global Farmacy Service S.A.", figura como aportante de 310 mil pesos a la campaña del Frente Para la Victoria en el año 2007. En tanto, Capaccioli está acusado de irregularidades en el traspaso de 48 millones de pesos a 52 obras sociales en concepto de reintegros por tratamientos médicos complejos que nunca se habrían realizado.
Los camaristas declararon la "inexistencia" del fallo de Oyarbide anulando el sobreseimiento y remitieron lo ocurrido a la Comisión de Disciplina y Acusación de la Magistratura para "ponerla en conocimiento" del asunto.
Además de los aportes a la campaña presidencial de 2007, Cappacioli y el ex sindicalista bancario Juan José Zanola, entre otros, irán a juicio oral acusados de asociación ilícita, adulteración de medicamentos, defraudación, fraude en perjuicio de la administración pública y comercialización de productos con marca registrada falsificada.
La causa de la llamada "mafia de los medicamentos" comenzó en realidad a partir del "triple crimen de General Rodríguez", como se conoció a los asesinatos de los empresarios del rubro de los remedios Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón.
Las investigaciones abiertas a partir de ese hecho llegaron hasta un importante número de personas vinculadas con ese negocio, pero también a funcionarios y gremialistas, entre ellos Capaccioli y Zanola.
Oyarbide, en su fallo había sostenido que "en virtud de no haberse logrado incorporar nuevos elementos que permitan adoptar un temperamento de mayor gravedad procesal y no restando más medidas conducentes por realizar, es que corresponde evaluar la adopción de resolución de carácter definitivo".
Esa decisión fue declarada "inexistente e ineficaz" y anulada por la Sala II de la Cámara Federal. Los jueces recordaron que la intervención de Oyarbide en ese tramo de la causa se extendió hasta abril de 2012, pero aun así un año después se expidió sobre el mérito de los acusados y la Cámara lo dejó sin efecto. "No obstante, el Dr. Oyarbide volvió a incurrir en la misma irregularidad que ya se había detectado antes en la causa", indicaron.
El juez que supo acomodarse bajo el amparo del poder político, primero con el menemismo y luego con el kirchnerismo, tiene cerca de medio centenar de denuncias y pedidos de juicio político que nunca prosperaron.
Días atrás, la jueza Servini de Cubría amenazó con la posibilidad allanar la Casa Rosada, para exigir información sobre llamados telefónicos vinculados la causa del tráfico de efedrina. Ahora, se produce esta avanzada contra Oyarbide que supo favorecer al kirchnerismo en innumerables causas. La pérdida de poder político del kirchnerismo en etapa de retirada alienta la judicialización en su contra. | 
