El móvil del crimen quedó demostrado durante el juicio, pero los trabajadores lo sabían desde antes. Hubo un plan criminal para terminar con la lucha de los tercerizados que se venían organizando y luchando por el pase a planta permanente desde principios del 2010. Recordemos que además del asesinato de Mariano el saldo de aquel ataque fue de varios heridos, entre ellos Elsa Rodríguez con consecuencias importantes por un disparo en la cabeza y Nelson Aguirre con heridas en las piernas.
La precarización laboral en el ferrocarril fue posible por la “asociación ilícita” entre el Estado (Secretaría y Subsecretaría de Transporte y Ministerio de Trabajo), los empresarios de la UGOFE (Metrovías-Grupo Roggio, Ferrovías-Grupo Romero y TBA-Ciriglianos) y la Unión Ferroviaria (UF). La Secretaria de Transporte entregaba millones de pesos a las empresas tercerizadas, elegidas a dedo por la UF y la UGOFE.
La burocracia ferroviaria
José Pedraza era el mandamás de la UF, estuvo al frente del gremio desde 1985 hasta que fue detenido por este crimen en 2012. Juan Carlos “El Gallego” Fernández, era su segundo en el gremio. Juntos se perpetuaron en el gremio. Sus “méritos”: la corrupción y el fraude laboral. Pedraza y los pedracistas se beneficiaron con las privatizaciones de los ferrocarriles, cuando 85 mil trabajadores fueron despedidos, algo que permitió la burocracia. Pedraza se convirtió en empresario, administraba la Cooperativa Unión del Mercosur y el Belgrano Cargas (el ferrocarril de cargas más importante).
El gobierno, principal responsable de este crimen
Desde que asumió el kirchnerismo la dirigencia de la UF fue parte de la burocracia sindical elegida por los K. En 2009 Cristina asistió a un acto de la UF, donde expresó que Pedraza era parte del “modelo del sindicalismo fuerte y responsable”.
El 27 de octubre del 2010 muere Néstor Kirchener, 7 días después del crimen de Mariano. Cristina dijo “La bala (que mató a Ferreyra NdeR) rozó el corazón de Néstor”. Esta frase tenía por objetivo desvincular a su gobierno de lo ocurrido y ocultar que estos burócratas eran sus aliados y se sentían impunes al amparo del poder del Estado.
En el 2007 el Kichnerismo crea la UGOFE, luego de que Taselli fuera echado por la furia popular de usuarios que prendieron fuego Constitución por el pésimo servicio. El Estado financió con millonarios subsidios los gastos operativos de esta “nueva” empresa y abonó los sueldos. Mientras los trabajadores eran contratados en forma precaria por un tercio del salario de un efectivo.
A pesar de los fiscales y los jueces que llevaron adelante el juicio, en las audiencias quedó demostrado que hubo un plan criminal. La burocracia contrató barrabravas y envió a su patota del gremio; los directivos de la UGOFE autorizaron la salida de 120 empleados; el gobierno habilitó a la Federal y a la Bonaerense a que liberen la zona para que actúe la patota.
Las pruebas
Allanan las oficinas en Constitución donde encuentran armas. Se comprueba que los 120 trabajadores que salieron con “permiso gremial” integraron la patota que atacó a los manifestantes. Que Pablo Díaz, delegado de la agrupación de Pedraza, daba las órdenes durante el ataque y que desde un handy le comunicaba al “Gallego” Fernández lo que sucedía. Y Que aquella mañana del 20 de octubre, el secretario de Transporte, Schiavi, se encontraba junto a Pedraza y Fernández en un congreso que se realizaba en la sede de la UF.
Policía Federal
Se demostró que la PFA fue partícipe necesaria del crimen dejando una “zona liberada”. Muchos testigos en el juicio sostuvieron que los patrulleros de la Comisaría 30 abrieron paso a la patota en el momento del ataque y que luego lo cerraron cuando los agresores huían. Durante el operativo se usó un sistema de comunicaciones, POC , que no permite que quede grabado lo que se habla.
Pero la fiscalía sólo solicitó penas por “abandono de persona” para los efectivos implicados en el operativo.
Escuchas telefónicas
Durante el juicio se conoció las escuchas telefónicas entre el sindicalista Pedraza y el ministro de Trabajo Carlos Tomada; y otra entre Pedraza y la viceministra, Noemí Rial, tres meses después del crimen de Mariano. Las escuchas evidencian que ambos funcionarios tenían no sólo una relación amistosa con Pedraza, sino que tuvieron responsabilidad directa o indirecta en el crimen.
Es Carlos Tomada quien le aconseja a Pedraza cómo hacer un “laburo sindical” sobre los tercerizados que estaban por pasar a planta permanente, “porque no son todos del PTS”. Tomada se refiere a la agrupación Bordó, que impulsa este partido y que tuvo protagonismo en la lucha de los tercerizados del Roca.
Los que no fueron juzgados
Aníbal Fernández era jefe de la Federal y responsable de dar las órdenes. Uno de los comisarios imputados declaró “La policía es el brazo armado del poder político, y el que dispone del poder político es el Poder Ejecutivo”.
Además, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada y la viceministra, Noemí Rial; el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi y el subsecretario Antonio Luna. Y los empresarios de la UGOFE.
El juicio
El 6 de agosto del 2012 comenzaba el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra. En el banquillo fueron sentados José Pedraza y 16 acusados, entre miembros de la patota y de la jefatura de la Policía Federal.
El 19 de abril del 2013, el Tribunal Oral en lo Criminal 21 de la Ciudad de Buenos Aires, dio a conocer la sentencias. Condenó por homicidio simple a José Pedraza y a su segundo Juan Carlos “El Gallego” Fernández, a 15 años de prisión por considerarlos partícipes necesarios del crimen. A 18 años de cárcel a los integrantes de la patota ferroviaria: el delegado Pablo Díaz y los autores materiales, Cristian Favale y Gabriel "Payaso" Sánchez. El resto de la patota recibió penas menores: 11 años a Jorge Daniel González y Salvador Pipitó; y 8 años a Claudio Alcorcel.
Los uniformados también tuvieron penas menores, el comisario de la zona Luis Mansilla fue condenado a 10 años de prisión, 9 años a Jorge Ferreyra y 2 años de ejecución condicional a Hugo Lompizano, Luis Echavarría y Gastón Conti, y una multa a David Villalba. De la patota quedaron absuelto quienes escondieron las armas, Guillermo Uño y Juan Carlos Pérez y del lado de la policía absolvieron a Rolando César Garay. En tanto, el camarógrafo policial que dejo de filmar en el momento del crimen, David Ismael Villalba, fue inhabilitado y condenado a pagar $12.500 de multa.
El Tribunal cambió la calificación
A juicio oral la causa llegó con la calificación de homicidio agravado por concurso premeditado de dos o más personas y el Tribunal lo cambió a homicidio simple, rechazando la hipótesis de que hubo un plan criminal. Este cambio de calificación permitió que quedaran impunes el Gobierno, los empresarios y burócratas que administran la UGOFE.
Pero, aún con los límites del juicio, es un hecho político trascendente que se haya juzgado al mandamás de un gremio tan importante como el ferroviario. Y esto fue el resultado de una larga lucha de los trabajadores del Roca que logró no sólo demostrar el fraude de las tercerizadas, sino llevar a juicio a la patota y siete policías.
Estas condenas son la expresión de que esa lucha se hizo carne entre cientos de miles que sufren la precarización laboral. Por eso este crimen no podía quedar impune. Además, el gobierno se vio obligado a soltarle la mano a su amigo Pedraza, para despegarse de sus responsabilidades políticas.
Perpetua a Pedraza fue un reclamo extendido nacionalmente. | 
