Imagen: detalle mural Contraimagen 2012
El cronista tiene la tentación de decir que allí a Mariano lo matan como a un perro. Pero los perros no tienen conciencia de clase, los perros no militan por el socialismo. No. A Mariano lo matan en la primera línea del combate. No por perro, sino por solidarizarse con la causa de los trabajadores tercerizados.
Trabajadores de segunda, negocios de primera
Pablo Villalba era trabajador de la cooperativa Unión del Mercosur. En su primer día de trabajo lo afilian a la Unión Ferroviaria, le dicen que su cuadrilla debía estar a la altura de tal honor aunque el salario distaba mucho del de los efectivos del Ferrocarril Roca. Reponiendo durmientes de las vías, se lastimó un tendón. Tuvo problemas con la ART y se quejó con la empresa, que responde con un telegrama de despido. Va a ver a Pablo Díaz, jefe de la comisión de reclamos de la línea Roca. Díaz le dice que, desgraciadamente, no pueden hacer nada porque no eran empleados del ferrocarril. Villalba retruca entonces por qué estaban afiliados a un gremio que no lo iba a defender. Pablo Díaz, frente ancha, pelo cano, pone su mejor cara de conciliación. Sonriendo le explica que el carnet del sindicato sirve para viajar gratis en el tren y para obtener una línea de créditos que otorga la Unión Ferroviaria. Sus ojos pequeños se ponen en guardia detrás de sus lentes mientras Villalba se aleja masticando la bronca. Díaz no lo sabe pero dentro de cuatro meses organizará la patota sindical que dará muerte a Mariano y herirá a otras tres personas que intentaban junto a Pablo Villalba y otros trabajadores tercerizados cortar las vías del ferrocarril en reclamo del pase a planta permanente.
La empresa para la que trabajaba Villalba y otras 250 personas, Unión del Mercosur, fue creada por la UF y en ella trabajaban la cuñada de Pedraza, Graciela Coria, así como su hijo y sobrino de Pedraza, Leandro Sorrón, y varios directivos de la mesa nacional del gremio. También eran asesores de la Cooperativa Susana Planas, amiga íntima del matrimonio Pedraza, y Ángel Stafforini, contador de la UF. A pesar de ser una cooperativa, no repartía dividendos entre sus trabajadores. Esta era una de las 22 empresas que prestaban servicios a la ex UGOFE y que empleaban, de conjunto, a cerca de dos mil trabajadores. Los sueldos corrían a cargo de la Secretaria de Transporte que otorgaba, en octubre de 2010, 66 millones de pesos. De ese importe, retenían un 6% en concepto de canon de gestión. Es decir que mientras mas tercerizados hubiera, más dinero ganaban. Un escandaloso fraude laboral que era amparado por el poder político, como reflejan las excelentes relaciones entre el Ministro de Trabajo Carlos Tomada y la cúpula de la Unión Ferroviaria que llegó al colmo de llamar a Pedraza después del asesinato de Mariano y le recomendaba que “la mejor defensa es un buen ataque”
“¡Los vamos a matar a todos, zurdos de mierda!”
La mañana del 20 de octubre los tercerizados y las organizaciones de izquierda que acompañaron su reclamo de pase a planta permanente a lo largo de cuatro meses de lucha se dieron cita en la estación Avellaneda para intentar un corte. Al mismo tiempo, desde los talleres de Remedios de Escalada Pablo Díaz, el canoso de anteojos, había reclutado a una patota sindical que desde el terraplén de las vías comenzó a insultar a los manifestantes. Semanas atrás Díaz había declarado a los medios que “lo que no hacían ni la policía ni los jueces, lo vamos a garantizar nosotros” en relación a garantizar la circulación de los trenes. Hombre de palabra, no se contentó con que los tercerizados desistieran de la acción sino que los persiguieron mientras estos avanzaban hacia Capital Federal por la calle Bosch escoltados por efectivos de la Policía Bonaerense. Cuando cruzaron el Riachuelo se produjo el primer ataque, con piedras y botellas. Tanto la Policía Federal como la Bonaerense presenciaron la acción y la filmaron, y aunque ya se podía dar cuenta de los primeros heridos no intervinieron.
Pasado el mediodía, sobre la calle Lujan, los tercerizados discutían en asamblea los pasos a seguir una vez descartada la posibilidad de realizar el corte. Fue entonces cuando los móviles de la Policia Federal se retiran y la patota dirigida por Cristian Favale comienza a correr en dirección a ellos. Se producen choques con palos, se trata de organizar la retirada. Instantes antes de la embestida final, ya retiradas las cámaras policiales, los delegados Pipito y Gonzalez atacan al camarógrafo y a la cronista de C5N que eran las únicos testigos capaces de documentar lo que en ese momento ocurría. Los arrinconan contra el portón de la empresa Chevallier y los obligan a apagar las cámaras. Luego, cuando ya no había posibilidad de registrar, cuando la policía ya les había liberado la zona, tiran. Nancy Arancibia Jaramillo, militante del PO, relató ese momento en el juicio: “Mariano venía del medio de la calle, retrocediendo. Lo llamé y no se dio vuelta. Siguió retrocediendo hacia atrás, se agarró a la pared y fue cayendo, sentadito”.
“La crisis causó una muerte”
El asesinato de Mariano tomó de imprevisto a los medios de comunicación que no tardaron en reproducir su propia versión de los hechos. El diario Clarín titulaba en su edición del 22 de octubre que el asesinato se había dado en un “choque sindical”; La Nación decía “violencia gremial”; Infobae iba un poquito más allá y decía que lo que había sucedido era un “enfrentamiento entre sindicalistas”. Pero este veneno no se limitaba a los diarios de la Corpo. Mientras Cristina Kirchner decía que “hace mucho tiempo que algunos buscan un muerto y ahora ya lo tienen” el programa oficialista 678 le llevaba la delantera señalando un complot organizado por el duhaldismo y Hugo Moyano, que por entonces era un oficialista rabioso, confirmaba la hipótesis desde un programa de TN. Hasta los más progres entre los progres, como el periodista José Natanson, director de Le Monde Diplomatique, salían a decir que “a este chico no lo mato la burocracia sindical sino una persona que tiene nombre y apellido”. Ese cinismo brutal buscaba, por un lado, invisibilizar la lucha de los tercerizados que al momento del asesinato de Mariano llevaba más de cuatro meses de desarrollo y por el otro lavar de culpas al Gobierno Nacional que durante años amparó a las lacras homicidas. El que fuera finalmente acusado y encerrado como autor del disparo que mató a Mariano, el barrabrava Cristian Favale, tenía en su facebook fotos con nada menos que el vicepresidente Amado Bodou y la periodista Sandra Russo. Estos rápidamente salieron a contestar que no pueden tener un registro de las personas con las que se sacan fotos. Pero es muy difícil que el lector o lectora de estas líneas comparta espacios de dispersión y sociabilidad con criminales políticos en potencia, más bien que para eso habría que ser del palo. O del garrote, mejor dicho.
El 23 de noviembre de 2010, una movilización de más de mil ferroviarios tercerizados hacia el Ministerio de Trabajo confirmaba el ingreso a la planta permanente de más de 1600 obreros. Esa noticia tampoco salió en ningún lado.
Falta Mariano y faltan presos
El desarrollo del juicio estuvo plagado de irregularidades de todo tenor: Roberto Locles, perito balístico, tomó la bala que mató a Mariano y la golpeo repetidas veces contra una mesa durante el mismo proceso del peritaje alterando la estructura de una prueba central. Se comprobó el intento de pago de sobornos con el fin de manipular el sorteo de la Cámara de Casación con el fin de que los imputados consiguiesen la libertad. Se inició entonces una nueva causa en la que se investiga el intento de cohecho a los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Eduardo Riggi, Gustavo Mitchell y Mariano González Palazzo. Además de Pedraza, por ser el interesado en obtener un beneficio por parte de la justicia, se encuentran imputados Ángel Stafforini, Susana Planas, Octavio Aráoz de Lamadrid, Juan José Riquelme y Luis Ameghino Escobar. Stafforini, contador de la UF, hombre de confianza de Pedraza y vicepresidente de Belgrano Cargas, se habría encargado de entregar el dinero necesario para una resolución favorable.
Mediante maniobras de todo tipo, el Tribunal Oral Criminal logró desguazar en distintas causas los hechos aquí nombrados debilitando el conjunto de la causa principal. El pacto de impunidad se sellaba mediante los protocolos burocráticos del Poder Judicial. La causa que se formó para investigar la relación comercial que existía entre la UF y la empresa UGOFE nunca avanzó un centímetro. La causa de las coimas, que investiga a una parte del Poder Judicial, se encuentra paralizada.
El fallo de los 17 imputados condena a penas importantes a 8 de los 10 imputados integrantes de la patota ferroviaria; a Pedraza y Fernández, a 15 años; a Pablo Díaz como a 18 años; a Favale y Sánchez a 18 años, a Pipito y González los condenó a 11 años y a Alcorcel a 8 años. Las penas a los funcionarios policiales fueron mucho menores; los comisarios de la División Roca, Mansilla y Ferreyra fueron condenados como partícipes necesarios a 10 años, una pena menor a la que recibieron el resto de los condenados con la misma figura penal. Absuelve, en relación al homicidio y la tentativa de homicidio, a todos los policías de la Dirección General de Operaciones, a los cuales sólo responsabiliza penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público, con una pena de dos años en suspenso, y al camarógrafo Villalba a multa e inhabilitación. Al subcomisario Garay, responsable de los patrulleros de la seccional 30 y presente en el lugar, lo absuelve de toda responsabilidad.
Los funcionarios del poder ejecutivo, como Aníbal Fernández ( que también fue responsable de los asesinatos de los piqueteros Kosteki y Santillán en 2002) y Carlos Tomada jamás llegaron siquiera a juicio a pesar de la enorme movilización que permitió encerrar a una parte de los responsables.
¿Qué tenía que hacer un estudiante en un corte de vías?
Los llamados “muertos por luchar” no vuelven a la memoria viva en rituales tanáticos confinados a la liturgia de los convencidos. Muchos menos con los lastimosos ademanes progresistas de Ferraresi y el cambio de nombre de una calle de Avellaneda pueden conjurar un homenaje a una vida que segan en el fragor de una lucha. Desde el momento mismo en que personal del Hospital Argerich confirmó la muerte de Mariano Ferreyra hay toda una generación de jóvenes y trabajadores que conocieron su historia y eligieron, en su nombre, el mismo estilo de vida. Matándolo lo multiplicaron y, después de todo, esa una de las formas más maravillosas y realistas de no morirse.
Esa irreverencia no puede encerrarse en una fecha del calendario ni dentro de los márgenes de una prolija plazoleta. Golpea a los poderosos, como un ariete, todos los días del año y les recuerdan que su impunidad no durará para siempre. Repican hoy en los multimedios los decires del Cuervo Larroque cuando se pregunta qué tienen que hacer estudiantes de la UBA en un corte en la Panamericana. Esa pregunta mohosa es la misma que se hacía Aníbal Fernández en 678 hace cuatro años cuando hablaba del asesinato de Mariano. A miles les genera la misma repulsión.
Los estudiantes que hoy apoyan a los trabajadores de Lear y MadyGraf, que enfrentan a la podrida burocracia del SMATA, hermana en crímenes y traiciones con la Unión Ferroviaria, le podrían responder a los Larroque, a los Aníbal Fernández y a toda esa sarta de matones, millonarios y homicidas: “Es nuestro homenaje a Mariano Ferreyra, muchos de nosotros estamos acá porque hace cuatro años sentimos que una bala nos mordió la panza en una calle de Barracas. Pero esa bala no nos mató, al contrario, nos dio una nueva vida por vivir. Estamos acá porque somos la revancha de la historia. Estamos presentes en la primera línea, como Mariano, ahora y siempre”. |
