Las ONG ambientalistas CooperAcción, Fedepaz y Grufides presentaron este último miércoles el 18 reporte del Observatorio de Conflictos Mineros a partir de los datos de la Defensoría del Pueblo señalando que los conflictos mineros durante los cincos años de Gobierno del presidente Ollanta Humala dejaron 50 muertos y 750 heridos.
Así mismo, y en sintonía con los datos presentados por las ONG, un estudio del Atlas Global de Justicia Ambiental del Mundo realizado por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona presenta al Perú con 70 conflictos sociales ubicándolo como el cuarto país con mayores conflictos sociales, solo superado por Nigeria, Colombia e India, mientras que los datos de la Defensoría los elevan a un promedio de 217 conflictos por mes, de los cuales un 70 % tienen motivos socio-ambientales y en su mayoría son referidos a la minería.
La Defensoría del Pueblo "señala que el deterioro social y ambiental se han originado fundamentalmente, en la pérdida de confianza de los sectores históricamente postergados de nuestra sociedad con su Estado", mientras que otra aproximación del problema es que los conflictos sociales surgen en respuesta a su implementación; sobre todo en los territorios y regiones donde es contraproducente como actividad económica. Ya sea perjudicando otras actividades como la agricultura o ganadería o quebrantando ecosistemas fundamentales para la reproducción de formas y estrategias de vida históricas y culturalmente enraizadas en el territorio.
Cabe señalar que el gobierno de Humala implementó una serie de reformas en el 2014 para la promoción de la inversión en el sector minero, la cual tuvo como pilar fundamental la flexibilización ambiental para el incentivo para su inversión y que el nuevo gobierno de Kuczynski pretende continuar y fortalecer.
La directora de la ONG Grufides, Mirtha Vasquez en este sentido, dijo que el plan de gobierno de Peruanos por el Kambio (PPK), el partido de Kuczynski, "apuesta por el relajamiento de las normas ambientales" con la idea de que esto "permita la llegada de nuevas empresas mineras, lo cual podría "continuar con la criminalidad y persecución".
Así mismo el observatorio de conflictos mineros alertó sobre el incremento de la criminalización de la protesta y la exoneración de responsabilidad de los militares o efectivos policiales que hagan uso reglamentario de sus armas al no permitir que sean investigados.
Este escenario merece una reflexión sobre el origen de los conflictos sociales: el vigente modelo extractivista-desarrollista, la inequidad, la desigual distribución de la riqueza, los desencuentros entre los proyectos de apropiación y uso del espacio por parte de las empresas, el estado y las comunidades, pero sobre todo la incompatibilidad de las visiones sobre la vida y el desarrollo de los actores locales, nacionales y globales. Lo que en definitiva expresa la colisión entre las formas de cosmovisión de los pueblos indígenas y comunidades en los cuales se llevan a cabo los proyectos mineros, sacando a flote la existencia de una visión dominante que favorece a los más ricos y que generalmente se la denomina "visión occidental" pero que, al referirse a ella en términos genéricos, se pierde de vista cuál es su carácter de clase. | 
