A más de dos meses de que el Grupo Interdisciplinario de expertos Independientes (GIEI) fue retirado del caso de desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las autoridades se han desentendido en la continuidad de las investigaciones.
Diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos han apuntado a evidenciar públicamente la gravedad del caso, por lo que exigen a las autoridades competentes y al gobierno mexicanos instalar un mecanismo a la brevedad, según las diferentes recomendaciones dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En una carta pública, las organizaciones exponen por lo menos cinco puntos para diseñar dicho mecanismo en el seguimiento del caso “para dar seguimiento adecuado a un caso que ha conmocionado al mundo entero”.
Los puntos son:
1.- El mandato expreso de dar seguimiento a todas las recomendaciones del Grupo de Expertos en sus dos informes y a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
2.- Un equipo operativo de tiempo completo de al menos dos personas quienes deberían poder ingresar y permanecer en México sin limitaciones de tiempo.
3.- Visitas periódicas por parte de la CIDH.
4.- La difusión de información que dé cuenta del estado de cumplimiento.
5.- El acceso pleno del equipo del mecanismo y la CIDH a la información del caso.
A esta situación se añade el caso de las investigaciones sobre el asesinato de Julio César Mondragón Fontes, estudiante también de Ayotzinapa, cuya familia recientemente solicitó abrir la línea de investigación centrada en dar a conocer los delitos cometidos contra el joven.
La solicitud de los familiares se da luego de que se hicieran públicos los resultados de los recientes estudios practicados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que declaró recientemente que el desollamiento del rostro de Julio César se debió a la acción de la fauna silvestre, y que también incluye que el joven perdió la vida a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico y no como consecuencia de un disparo de arma de fuego.
En un comunicado, los familiares instan a la Procuraduría General de la República (PGR) a cumplir la serie de recomendaciones de la CNDH sobre el caso, con la finalidad de que el caso de Julio César no quede impune, por lo que tanto el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, representantes legales en el caso, acompañarán la exigencia de justicia para Julio César y su familia.
Con información de La Jornada. | 
