El último mes, a tono con el gobierno nacional de Cambiemos, el gobernador Cornejo ha puesto sobre la mesa la discusión sobre las jubilaciones de los trabajadores y trabajadoras del estado provincial. Primero haciendo votar una ley en la legislatura provincial y ahora con un decreto. Lo que no discute el ejecutivo provincial es el 82% móvil.
La Ley
El 29 de Junio se votó en la cámara de diputados un proyecto que ya venía con media sanción del Senado, y que planteaba una modificación a la ley 6921, dándole a los trabajadores y trabajadoras del Estado solamente 6 meses para realizar sus trámites jubilatorios; pasado ese plazo "operará de forma automática la cesación de la relación de empleo público sin obligación para el Estado Provincial, organismo o repartición al pago de haberes, indemnizaciones, compensaciones o anticipos motivados por la extinción de dicho vínculo". Esta modificación implica para los trabajadores y trabajadoras del Estado Provincial 6 meses menos para llevar adelante sus trámites jubilatorios, sin importar los tiempos burocráticos de los trámites que tengan que llevar adelante. Con la posibilidad de la "extinción de vínculo laboral" aún antes de conseguir sus jubilaciones, con el riesgo de dejar a trabajadores y trabajadoras sin sueldo y sin jubilación.
Este proyecto contó, en la cámara baja con el apoyo de todo el bloque de Cambia Mendoza (UCR-PD-Frente Renovador-PRO) y con el de un sector mayoritario del Frente para la Victoria; así como también con el enfático repudio de ambos bloques del Frente de Izquierda.
Desde nuestras bancas en el bloque PTS-FIT, sostuvimos que esta votación era parte del plan de ataque a los derechos de los trabajadores y trabajadoras del Estado Provincial que viene aplicando el gobierno de Cambiemos. Y que impuso, con esta modificación acelerar aún más los tiempos de las jubilaciones compulsivas, poniendo en riesgo los ingresos de los trabajadores y trabajadoras estatales que se encuentran en esta situación.
El decreto
Hoy, uno de los principales medios de la provincia publicaba el decreto, firmado recientemente por el gobernador Cornejo, que busca establecer las "jubilaciones anticipadas" para todos aquellos trabajadores y trabajadoras del Estado que cuenten con la edad jubilatoria, pero no con los aportes necesarios.
Mediante este decreto el ejecutivo provincial plantea que se le otorgará un subsidio a cada trabajador y trabajadora para completar los años de aporte.
Ni con el decreto, ni con la discusión en la legislatura de la ley, el gobierno de Cambiemos en Mendoza plantea la discusión del 82% móvil. Una discusión que en Mendoza parece haberse cerrado por completo luego del veto a este derecho por parte del ex vicepresidente y ex gobernador Julio Cobos en 2006 (y que ninguno de los gobierno posteriores del Frente para la Victoria abrió) al igual que en la Nación luego del veto de la ex presidenta Cristina Kirchner en el 2010. Una política contra los jubilados que une al Frente para la Victoria con Cambiemos, que tampoco tocó el tema al momento de debatirse a llamada ley ómnibus sobre jubilaciones en el Congreso Nacional el mes pasado.
En este sentido, desde el PTS en el Frente de Izquierda somos los únicos que planteamos la caradurez de este gobierno provincial que demagógicamente otorga moratorias para quienes están en edad de jubilarse, pero no cuentan con los aportes; al mismo tiempo que mantienen tanto a los trabajadores y trabajadoras del estado como a los jubilados y jubiladas con magros ingresos que en ninguno de los dos casos llegan a cubrir la canasta familiar.
"Achicar el Estado y hacerlo más eficiente"
Desde su asunción, en diciembre, el gobierno de Cornejo ha despedido a cientos de trabajadores y trabajadoras de distintas reparticiones del Estado, entre las que se encuentran el Instituto Provincial de Juegos y Casinos, la Dinaf, los CAI y los CAJ, entre otras.
Pero todo esto, no parece haberle alcanzado al "mejor alumno de Macri", ya que mediante estas medidas; busca seguir avanzando sobre las jubilaciones de los trabajadores y trabajadoras del Estado, con el mismo objetivo que tenían los despidos de sus primeros meses de gobierno: achicar cada vez más la planta estatal.
En este momento, Cornejo redobla la apuesta. Ya no solo le alcanza con atacar los derechos de los trabajadores y trabajadoras del estado, con paritarias a la baja, cerradas muchas veces por decreto y cientos de despidos; sino también que apunta a jubilar, solo con el decreto, a más de 3 mil trabajadores y trabajadoras, sin emplear nuevas personas para esos cargos que quedarían vacantes.
En este sentido, tanto la ley como el decreto no expresan otra cosa que demagogia y ataque a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, con el objetivo último de achicar la planta estatal.
En una reunión hace poco más de un mes, en el foro de empresarios convocado por la Asociación de Ejecutivos de Mendoza, Cornejo luego de sus conocidas manifestaciones a favor de los empresarios privados y de resaltar una vez más que su gestión va a hacer todo lo posible para“achicar el Estado y hacerlo más eficiente”, planteó también que al fin se ha logrado quebrar la voluntad de los gremios; refiriéndose a las paritarias cerradas por decreto o decretos encubiertos (como denunciamos desde el PTS-FIT) como la de los trabajadores de la educación y de la salud.
En este sentido, el achicamiento del Estado mediante jubilaciones compulsivas y anticipadas, es solo una cara más de la política anti obrera, y sobre todo anti estatales, que Cornejo viene imponiendo (incluso con represión, como a ATE) desde su asunción y que marca profundamente su plan de gobierno.
3 mil trabajadores y trabajadoras menos
En una provincia donde las distintas reparticiones del estado, como la salud y la educación, por ejemplo, no cuentan con los recursos necesarios, donde las escuelas están en crisis edilicias, y los hospitales no cuentan con los insumos para hacer frente a las necesidades del pueblo trabajador; son los trabajadores y trabajadoras de las distintas reparticiones quienes día a día sostienen la provincia, con su esfuerzo y dedicación.
Un estado mendocino, con 3 mil trabajadores menos que los que tiene ahora, anticipa, no solo problemas en el acceso a la educación, la salud entre otros derechos de la población; sino también mayores condiciones de explotación para los trabajadores que sigan en sus lugares de trabajo. Y solucionar estos problemas, no solo no son una prioridad para el gobierno de Cornejo, sino son una consecuencia lógica de sus planes de achicamiento del Estado provincial.
Es por todo esto que desde el PTS en el FIT venimos denunciando todas estas medidas contra los trabajadores y trabajadoras estatales en particular, y contra el conjunto del pueblo trabajador en general. | 
