El 19 de Julio de 2015 Gisela Gutiérrez fue vista por última vez cuando salía de su hogar, en el popular barrio de la capital mendocina, para ir a visitar a su hermana. Gisela, quien en el momento de la desaparición tenía 24 años, es madre de tres hijos y transitaba el cuarto mes de embarazo en aquel momento.
La desaparición de Gisela es el último eslabón de una larga cadena de violencia machista. Ella había denunciado en diversas oportunidades diferentes casos de violencia, como la violación que sufrió 4 meses antes de su desaparición, de la cual quedó embarazada, o los golpes recibidos de sus ex parejas.
Por su parte, familiares, amigos y diversas organizaciones impulsaron diferentes actividades para exigir la aparición con vida de la joven, pero lamentablemente hoy no tenemos noticias, ni hipótesis firmes que nos permitan saber qué pasó con ella, dónde está. Una vez más, queda en evidencia el desinterés por parte del Estado cuando desaparece una mujer pobre.
El Estado no ha buscado seriamente a Gisela, así como tampoco ha sido efectiva la investigación judicial. Esto se suma a la falta de respuesta por parte de las instituciones ante las denuncias realizadas por la joven con anterioridad, como por ejemplo cuando fue a denunciar la violación que había sufrido a la comisaria.
Además, en el Concejo Deliberante de la ciudad, en la última sesión antes del receso, Cambiemos se negó a tratar proyecto sobre la desaparición de Gisela y a realizar un informe sobre la actuación del Estado provincial y municipal en el caso. De esta manera, la UCR, y sus aliados del PRO, muestran el nulo interés que tienen por la aparición con vida de la joven.
El caso de Gisela no es el único, se suma a la larga lista de mujeres desaparecidas en todo el país y en nuestra provincia, como los emblemáticos casos de Johana Chacón y Soledad Olivera. Tampoco es la primera vez que el Estado las olvida y responde con silencio ante casos de violencia machista y patriarcal. El Estado, es cómplice de las redes de trata a través de funcionarios, jueces y la propia policía. El mismo Estado que condena a más de 300 mujeres morir cada año en la Argentina por abortos clandestinos.
Mientras que el Gobierno Nacional y Provincial destinan muy bajo presupuesto para eliminar la violencia hacia las mujeres. En Mendoza el único refugio corre riesgo de ser cerrado por falta de fondos, y no está garantizada la atención para ninguna mujer víctima de violencia, dejando en evidencia que con Cornejo no hay ni habrá Ni Una Menos.
Las cifras de mujeres desaparecidas, asesinadas o muertas a causa de la clandestinidad del aborto siguen siendo alarmantes y es motivo para que nos continuemos organizando para denunciar esta situación, desarrollando un gran movimiento de mujeres que pelee por nuestros derechos. Además, desde el PTS en el Frente de Izquierda seguiremos poniendo nuestras bancas al servicio de la lucha por la aparición de Gisela y de todas las desaparecidas, y exigiendo se declare la Emergencia provincial y nacional por violencia de género. | 
