Enumera Enrique Quintana, columnista de El Financiero, las “trascendentales” “bondades” del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que se promulgó este lunes 18 de julio.
En primer lugar, el establecimiento de un Comité de Participación Ciudadana, integrado por cinco personas que serán propuestas por un Comité del Senado. ¿Quiénes votarán a los miembros de este comité? Pues académicos reconocidos. O sea, la élite afín a los funcionarios de gobierno, independientemente de su signo político.
A su vez, el SNA contará con un Comité Coordinador del que formará parte, además de la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal de Justicia Administrativa, a la Fiscalía Especializada (por establecerse), al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y al propio Comité de Participación Ciudadana.
Destaca también la conformación de una Plataforma Digital Nacional para dar seguimiento a las declaraciones patrimoniales, de intereses y de impuestos. Aún está pendiente de definirse el grado de publicidad que tenga esta información. Ah, pero el Comité de Participación Ciudadana, que se nombrará a espaldas de la clase trabajadora y los sectores populares, estará al tanto de todo.
El columnista indica como relevante la tipificación de las conductas que son consideradas corrupción.
Señala asimismo que se creará la figura del Fiscal Anticorrupción, que tendrá autonomía técnica y operativa para perseguir e investigar actos de corrupción, cuyo nombramiento será por parte del …Senado. ¿Otra vez los senadores? Una muestra más de la antidemocracia que impera en México.
Por último, Quintana reivindica que las estructuras del SNA a escala nacional tendrán su reflejo a nivel estatal.
Reconoce en su columna que este paquete de medidas no terminará con la corrupción. Pero afirma que constituye un gran cambio, un logro del sexenio de Peña Nieto. Una conclusión incongruente.
Se trata de una maniobra del gobierno de Enrique Peña Nieto -quien incluso se “disculpó” por el escándalo de la casa blanca de Angélica Rivera- para recomponer su alicaída imagen ante el gran público.
¿Cómo terminar con el flagelo de la corrupción?
Millones de trabajadores, jóvenes, profesionistas e intelectuales, aspiran, con total justeza a terminar con la corrupción.
No obstante, la cuestión de la corrupción es un fenómeno propio de los gobiernos de los ricos. Los funcionarios ocupan puestos de poder, a nivel federal, estatal y municipal, por sueldos millonarios -sin mencionar las prestaciones. Crean leyes y reformas -como la energética, la laboral, la educativa- que benefician directamente a las empresas de capital nacional y/o extranjero, al imperialismo estadounidense y a los organismos internacionales. Y pretenden imponerlas con engaños o con represión, como lo quieren hacer con la reforma educativa que enfrenta el magisterio en distintos estados.
Además de sus sueldos exorbitantes, periódicamente son “recompensados” con mansiones, vacaciones de lujo, y millones de pesos. ¿Quiénes los recompensan? Pues sus verdaderos jefes, para quienes gobiernan: los empresarios, mexicanos y extranjeros. Es así también como a cambio, los funcionarios les otorgan contratos millonarios para obras públicas, como la línea 12 del metro o el tren México-Toluca, megaobras plagadas de irregularidades.
Para erradicar la corrupción no sirve el SNA. Si diputados y senadores, harto beneficiados a través de negocios públicos u ocultos con el empresariado, no soslayaran las prácticas de corrupción deberían acusarse a sí mismos. Asimismo, la rebaja individual de sueldos, que proponen los funcionarios de Morena, tampoco cambia el statu quo.
¡Que todo funcionario gane igual que una maestra!, la propuesta planteada por Sergio Moissen y Sulem Estrada, maestros y excandidatos de la Plataforma Anticapitalista a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, es una salida radical para enfrentar la corrupción.
Y ahora, el corrupto INE que mantiene en las sombras la aplicación de su presupuesto, pretende imponer una multa por supuestas irregularidades en la rendición de los gastos de campaña a la única candidatura de la izquierda anticapitalista. Pretende desacreditar a quienes, con propuestas concretas como ¡Que todo funcionario gane igual que una maestra! han enfrentado los privilegios y prebendas de los funcionarios que ganan millones como los consejeros del INE.
Mientras tanto, se balconea de nuevo la protección que brinda la mano generosa de Peña Nieto a su consentida OHL, que impone el peaje más caro de Latinoamérica en la autopista Perote-Veracruz, como se denuncia en el último número de la revista Proceso. ¿A cambio de cuántos millones?
Liquidar los privilegios de los altos funcionarios es una propuesta que buscar golpear la relación intrínseca que hay entre los funcionarios y los empresarios y pone en cuestión la misma existencia de la “casta política”. Un paso en la lucha por derrocar el sistema capitalista, que engendra la corrupción propia de esa casta parásita al servicio de los empresarios. | 
