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La Izquierda Diario
20 de julio de 2016 Twitter Faceboock

Mendoza
Sufrió violencia de género y ahora vive con sus hijos en un gimnasio
Ana Rivera

Una mujer huyó junto a sus cinco hijos por los golpes de su pareja. Hace 15 días ocupa una habitación en el Polideportivo del Barrio San Javier, en Guaymallén.

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Florencia, de 39 años, huyó de su casa en el Algarrobal, Las Heras, por el maltrato al que la sometía su pareja. Vivió durante algún tiempo en una pensión, pero se quedó sin dinero y se refugió en la casa de su ex suegro. Nuevamente apareció su maltratador y Florencia quedó abandonada a su suerte. Su origen es de familia trabajadora, de obreros golondrinas que trabajaron en la zafra y la caña de azúcar antes de llegar a Mendoza. Pide trabajo, un terreno donde vivir junto a sus hijos. Dice que puede trabajar “en lo que sea”, limpiando, trabajar en una chacra. Está angustiada porque no puede mandar a sus hijos a la escuela. Por ser de origen humilde, su calvario es mayor. Casi no salió en los medios. Nadie señala la responsabilidad del Estado.

...en la provincia se radican 10.000 denuncias por violencia de género al año...

Mendoza no cuenta con refugios para víctimas de violencia, excepto uno que no recibe fondos desde el año pasado y está en peligro de cierre. Según el gobierno de Cambiemos, en la provincia se radican 10.000 denuncias por violencia de género al año. La Dirección de Género y Diversidad indicó que de esas mujeres, el 5% necesita albergue y el 20% ayuda económica.

Estos datos se arrojaron en marzo, pero no se ha avanzado en la creación de refugios ni en destinar fondos para la implementación de la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres. Fueron pasados por alto los proyectos presentados para declarar la emergencia en violencia de género en la provincia, como el que presentó la senadora del FIT, Noelia Barbeito.

Claudia Najul, que preside la Comisión de Género del Senado, habló de un “compromiso real” contra la violencia de género, pero la única medida que presentan como un “avance” es la modificación del Código Penal para dictar prisiones preventivas. Ni refugios, ni presupuesto, ni investigación de las redes de trata y la desaparición de mujeres.

Los derechos de las mujeres, pese a la retórica oficial, siguen ausentes de la agenda del gobierno de Cornejo.

 
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