Entre abril y mayo de 2013 tuvo lugar un encierro en el Rectorado de la UAB para exigir que se cumplieran los acuerdos tomados en el Claustro de marzo de ese mismo año. Tal como menciona la Intersindical-csc en un comunicado, “Los acuerdos tenían como objetivo la defensa de la universidad pública , la suspensión de los incrementos abusivos de los precios de matrícula, la reprobación y no aplicación de los recortes que han precarizado las condiciones laborales de los trabajadores públicos de todas las universidades públicas catalanas, así como la calidad docente”. La respuesta del Rectorado ante esta protesta fue la de solicitar el desalojo por la fuerza de los estudiantes y profesores que participaban, algo que fue llevado adelante violentamente por los Mossos d’Esquadra.
Tres años más tardes arranca el juicio contra 27 activistas, en el que la misma UAB se persona como parate de la acusación. Las peticiones del Fiscal son de penas entre 11 y 14 años para cada uno de los 25 estudiantes, un profesor y un trabajador de administración y servicios. Además el Rectorado reclama el pago de más de 384.000 euros por los sueldos de las personas que considera que no pudieron ir a trabajar. Silvia Carrasco, militante de ICV y hoy miembro de En Comú Podem, en aquel momento Vicerrectora d’Estudios, presentó una denuncia a título individual.
Uno de los acusados es Ermengol Gassiot, profesor de la UAB y Secretario General de la CGT, quien explicaba lo ocurrido durante las protestas en una entrevista en ctxt.es : “En la primavera de 2013 se vivieron protestas en la UAB por el despido de centenares de profesores -más de 400- por la vía de la no renovación de contrato, y por el aumento del 66% de la matrícula -Catalunya fue el lugar en el que la subida de tasas fue más elevado, por decisión de la Generalitat-. En la UAB, diversos colectivos de estudiantes y la CGT habían hecho un crítica fuerte a todo esto. Se inició una huelga en febrero. En el Claustro, a su vez, estudiantes, el CAU -Coordinadora Assamblearia de Universitats, un sindicato que agrupa a personal no docente- y la CGT, se impulsaron resoluciones que pedían al Rectorado que no aplique la subida de tasas, transparencia económica, así como poner fin a los despidos. No solo se impusieron en votos, sino que el Claustro rechazó un informe del Rectorado. En abril se inicia la ocupación del Rectorado. Inicialmente, en las primeras dos semanas, los trabajadores del Rectorado entran al edificio a trabajar sin problemas. La Plataforma per a la Universitat Pública -estudiantes y sindicatos- hace suya la ocupación. Muchos compañeros docentes proponen a sus alumnos hacer las clases en el edificio ocupado. (…) Se pedía al Rectorado que cumpliera los puntos de la resolución acordada en el Claustro, para ello se inician negociaciones. Los negociadores, por cierto, también han sido imputados en el auto. A la tercera semana, ante la ausencia de respuesta del Rectorado, se bloquea el acceso al edificio. Finalmente, a la cuarta semana, finaliza la ocupación”.
La plataforma “Som 27 i més” -@Som27iMes- lucha por la absolución sin cargos de todos los acusados. En su comunicado manifiesta que los acusados son “27 nombres elegidos de entre tantas personas que se movilizaron en abril de 2013, todos en una lista, entregada a los Mossos d’Esquadra de la mano del equipo de gobierno de la UAB.”
Una vez más se muestra que la casta universitaria se posiciona activamente en contra de los intereses de los estudiantes, profesores y trabajadores. Primero no cumpliendo lo acordado en el Claustro y luego reprimiendo a los que luchan para que se cumplan dichos acuerdos. |
