En la edición de hoy damos un pantallazo el escandaloso manejo del complejo de 36 viviendas que posee la UNT en Horco Molle. Acusaciones cruzadas entre la Dirección General de Residencias Universitarias (DGRU) y el informe presentado por la Unidad de Auditoria Interna (UAI) arrojan como síntesis que las casas se designan de manera arbitraria, sin contratos, sin pago de alquileres en una decana de casos, con una pérdida que en 2013 se estimó cercana al millón de pesos.
El diario La Gaceta publicó una serie de nombres y su situación en las casas residenciales ubicadas en el pedemonte de las sierras de San Javier.
El actual secretario de Asuntos Estudiantiles, Sergio Aragón, figura como ocupante de la casa 1. En los registros figura “no paga”, pero el funcionario sostiene que se trata de una casa cedida a la secretaría y que solo se ocupa durante el verano.
El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, Luis Antolini, figura como ocupante de la casa 3. El actual consejero superior egresado (suplente) reconoce que ocupa el inmueble desde hace tres años pero que siempre pagó. En el informe de DGRU figura un pedido de desalojo de diciembre de 2014 por falta de pago, por lo que Antolini pidió ocho meses para desalojar la vivienda y saldar la deuda.
La docente de la Facultad de Artes, Adriana Marín, ocupa la casa 4, aunque figure como desocupada. Mantiene un pleito judicial por la vivienda, afirma que no está condiciones de dejar la casa que habita con sus hijos menores y que está dispuesta a mudarse cuando sea posible.
Hugo “el zurdo” Morales, titular del gremio no docente Apunt, figura como habitante de la casa 7 y se consigna que “no paga”. El sindicalista que entregó la llave “hace años” y que solo iba ocasionalmente para que su madre disfrutará “del verde”.
Alfredo Grau, elegido por el Consejo Superior como representante de la UNT ante el YMAD, figura como ocupante de la casa 16. El ex director del Instituto de Ecología Regional afirmó que la vivienda es para uso de dicho instituto y actualmente residen tres investigadores extranjeros.
La casa 26 está a nombre de Ernesto Wayar, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones, quien aparece como deudor desde hace varios años. Wayar además de docente en la Facultad de Derecho y, para aumentar la ironía, una de sus materias es Contrato. Wayar se excusó alegando desconocer la situación de la deuda y que se ofreció a cancelar en caso de que hubiese.
Otras casas figuran sin pagos. Se trata de las asignadas a la escuela de Agricultura, la secretaría de Extensión Universitaria, la secretaría Académica, oficinas del Parque sierra de San Javier, la dirección general de Administración y la casa 35, asignada tradicionalmente a los rectores.
Según las fuentes consultadas por La Gaceta, al conocerse elementos de los manejos irregulares en la residencia, un grupo se acercó con intenciones de pagar deudas. Es el caso de Mauricio Argiró, ex secretario de Bienestar Universitario e intimidado en varias oportunidades en 2014 para desalojar la casa 28. Quien también se acercó fue el mencionado Antolini y los no docente Sergio Rojas y Germán Díaz. | 
