Las diez personas detenidas por la policía federal sospechadas de planear ataques terroristas durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro estaban en esta lista supervisada por el gobierno.
El monitoreo, según informan las agencias, viene siendo realizado en asociación con los organismos de inteligencia de otros país, como parte de las acciones preventivas hacia los Juegos Olímpicos. Se suma a la política de militarización de la ciudad, respaldada por el gobierno de Temer.
Según las autoridades esta lista fue completada a partir de la conducta de estos individuos (tanto brasileros como extranjeros residentes en Brasil) en Internet. Se considera que la conducta es sospechosa porque han visitado más de dos veces portales o cualquier tipo de publicidad que incluye contenidos de exaltación a grupos extremistas, o que hubiesen compartido contenidos que tendrían alguna relación con el terrorismo. Además de las tropas que ya están desplegadas, el gobierno montó un gabinete de seguridad para monitorear todos los eventos.
Con la proximidad de los Juegos Olímpicos llama la atención que el gobierno haya optado por alimentar la tensión y el pánico de la población, y además de legitimar la militarización de ciudad, dando credibilidad a la posibilidad de ataques terroristas durante los Juegos Olímpicos.
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En un estado con un nivel de endeudamiento alto, el pago de sueldos en cuotas y atrasados, un pésimo sistema de transporte, dificultad de movimiento en una ciudad atravesada por obras en construcción atrasadas, sobrefacturadas, además de exenciones fiscales a empresas, el gobierno busca llamar la atención sobre posibles acciones terroristas para que la población apruebe la transferencia millonaria que el gobierno federal de Temer ha realizado al gobernador interino Dorneles, destinados a reforzar la seguridad y la acción policial.
Nada garantiza que Temer, con el apoyo de la Ley antiterrorista, no se oriente hacia un camino más represivo. Como viene dejando en claro el accionar del poder judicial, las reglas se ajustan según los intereses del “partido judicial”, y sus aliados y no se puede descartar que los sectores que están luchando como profesores y los trabajadores de la educación o los movimientos sociales sean "encuadrados" como terroristas. | 
