Foto: La razón
Pese a que la burocracia oficialista le ofreció al gobierno una salida que aparentara no ser tan antipopular, abandonando la lucha por la abrogación del 2765 y aceptando su mera reforma para que los trabajadores que entren a SENATEX lo hagan con los derechos de la Ley General del Trabajo, argumentando que ya no se podía pelear por los casi 900 despedidos debido a que estos habrían cobrado sus liquidaciones finales y solo quedaban 240 por los cuales pelear. Sin embargo el gobierno, que había afirmado que solo podían ingresar a la nueva empresa 180 trabajadores, en las siguientes mesas de diálogo, y cuando la burocracia se disponía a aceptar esa cifra, los ministros de trabajo el ex trotskista Gonzalo Trigoso, de educación el stalinista Aguilar y el ministro de presidencia, el ex escuela de las Américas, De La Quintana, todos comandados por el ex guerrillero García Linera, decidieron soltar la mano de Mitma y sus amigos, afirmando que 20 trabajadores que están en condiciones de discapacidad serian absorbidos en algunas reparticiones estatales y otros 20 podrían ser incorporados a SENATEX pero sin derechos laborales hasta que la nueva empresa muestre utilidades. Una exigencia del gobierno de rendición incondicional y de rodillas.
La “razón de Estado” por sobre todo
El Decreto Supremo 2765 ha sido considerado como una copia del DS 21060, este último abrió las compuertas al desarrollo del modelo neoliberal que rigió la economía y la política durante más de 25 años y cuyas disposiciones anti obreras siguen vigentes fundamentalmente en el ámbito de la administración pública. Las similitudes en el aspecto formal son innegables: Empresa estatal en crisis, que solo da pérdida, debe cerrarse, y todos sus trabajadores, en este caso los casi 900 de ENATEX, quedan en la calle y todas las disposiciones y principios laborales que en teoría este gobierno habría reivindicado quedan en la nada.
Desde agosto de 1985 fecha en que se emite el 21060, diversas disposiciones posteriores dejaron en la congeladora la Ley General del Trabajo. Una de ellas, el Estatuto del Funcionario Público que impide a todos aquellos contratados por reparticiones estatales gozar de los mismos derechos que establece la mencionada Ley e incluso les impide la posibilidad de organizarse sindicalmente. Se implementaron diversas formas de flexibilización y precarización laboral como la tercerización, la subcontratación, o las conocidas “consultorías”, es decir diversas modalidades de fraude y evasión de los derechos laborales.
Algunas de estas disposiciones anti obreras, como el artículo 55 del DS 21060, que establecía el libre despido y la libre contratación, fueron derogados por el DS 28699. Este decreto establece un mecanismo acelerado por la vía constitucional para exigir el cumplimiento del derecho a la estabilidad laboral y contra el despido injustificado. Otro de los decretos que prohíbe y penaliza el fraude y la simulación para evadir derechos laborales es el 0521. Sin embargo, todas estas disposiciones que beneficiarían a los trabajadores, se refieren fundamentalmente al sector privado –como por ejemplo el decreto recientemente emitido el 2822 para que las empresas privadas no puedan usar como antecedente el DS 2765 que instruye el cierre de ENATEX. Sin embargo, en todas las disposiciones emitidas durante el gobierno de Evo Morales, se han establecido clausulas violatorias de los derechos laborales en el ámbito público, justificadas con la necesidad de construir un Estado fuerte. Tal es así que mientras la sub contratación y la tercerización están prohibidas para el sector privado –aunque la continúen practicando- en el sector público están permitidas. El sector público como lo pone en evidencia el caso de SENATEX, tiene legalidad para no cumplir con los derechos laborales, mantener la tercerización como sucede por ejemplo con los contratos civiles que se establece a los trabajadores de limpieza y mantenimiento de las carreteras nacionales; se mantiene la figura de “consultores en línea” los cuales no gozan de derechos laborales y se encuentran en condiciones de discriminación con respecto a las amplias mayorías de asalariados. Este caso lo podemos ver por ejemplo también en los trabajadores de las alcaldías municipales, donde por citar la situación en La Paz, unos cientos gozan de derechos sindicales y de organización, los trabajadores con ítems, y casi 7000 están impedidos de organizarse y dependen de la renovación permanente de contratos eventuales.
El mencionado decreto supremo 0521 que prohíbe el fraude y la simulación, sin embargo en su disposición final única establece que : “en el caso de contratos y subcontratos autorizados de obra, bienes, servicios y de consultoría con entidades y empresas públicas en el marco de las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, única y exclusivamente el contratista, proveedor o consultor asumirá la responsabilidad del cumplimiento de obligaciones socio laborales derivadas del contrato principal o subcontrato con el Estado, en relación a su personal y/o terceros”. Como queda en evidencia, mientras en el sector privado el contratista principal queda obligado con los derechos laborales, con respecto al Estado este queda liberado de tales obligaciones. Mientras durante el ciclo neoliberal se buscó hacer desaparecer prácticamente al Estado de las intervenciones económicas, con el actual gobierno es el mismo Estado el que interviene pero apoyándose en mecanismos de evasión de derechos laborales, buscando construir un Estado más fuerte.
¿Estado de los movimientos sociales o Estado patronal?
Lo que no se dice es que el Estado que se está construyendo a partir de la nueva Constitución, el Estado Plurinacional de Bolivia, es un Estado que aunque más fuerte que el anterior Estado Neoliberal o incluso el Estado del ciclo nacional o Republicano, continúa siendo un Estado dependiente de los vaivenes de los precios de las materias primas. Continua siendo un Estado semi colonial y subordinado a los Estados centrales o imperialistas para la obtención de créditos y/o tecnología.
El gobierno de Evo Morales, está construyendo toda una estructura normativa en la que el Estado central condiciona y limita los derechos laborales, de organización sindical, derechos constitucionales, etc. en función de la salud de las finanzas públicas y de la rentabilidad económica de las empresas estatales. Lejos de la propaganda oficial que afirma que estaríamos en presencia de un Estado de los movimientos sociales, en realidad lo que vemos es que como mínimo este Estado no es del “movimiento social” llamado trabajadores asalariados, sino que frente a los trabajadores, el Estado comandado por Evo Morales es un Estado patronal, es decir, un patrón que como todos, busca hacerle pagar la crisis capitalista a los trabajadores asalariados. Evo en función de su estrategia neo desarrollista busca un Estado fuerte y avanza violentando los derechos de cientos de miles de trabajadores. y trabajadoras. |
