¿Quién diría que de la conjunción entre el “nacionalismo” y el “progresismo” saldría semejante monstruosidad? A pesar de sus diferencias, el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno y el ministro de Economía Axel Kiciloff sumaron esfuerzos para transformar al INDEC en una unidad básica sostenida sobre un ejército de lúmpenes, vinculados a negocios ilegales. Por eso a nadie sorprendió el hallazgo de una cantidad importante de clorhidrato de cocaína oculta en la caldera del subsuelo del edificio de Julio A. Roca y Perú, seguida de la detención de Maximiliano “Gordo” Vuletín y Jorge Luis “Gordito” Farfán, dos “trabajadores” de la Dirección de Logística Operativa y barrabravas del club Excursionistas.

El diario Perfil del 18/10 informó que el pasado 8 de octubre efectivos de Gendarmería Nacional ingresaron al instituto y “revisaron los lockers de Vuletín y Farfán. Allí encontraron lo que buscaban: al menos cien gramos de cocaína cortada. Los gendarmes volvieron al día siguiente con una orden de allanamiento firmada por el juez federal Claudio Bonadío e incautaron la droga… los empleados del INDEC cumplían el rol de ”vendedores minoristas” en la organización. Si bien la dirigencia asegura que la barra brava “está desactivada”, los dos hombres aparecen ligados a “La Banda del Nevado”, la facción violenta del club”, otrora dirigida por Alejandro Flores, alias “La Chiquitona”. Compañero de fechorías de Vuletin y Farfán, Flores pasó a la posteridad tras ser entrevistado en un informe para Canal Plus de España sobre la violencia en el fútbol. Exhibiendo ante las cámaras un arma de fuego y un juego de cuchillos, Flores se jactaba de su poder representando la expresión viva de la impunidad consagrada por la connivencia con la policía y la Justicia.

Acaso como confesión de parte, las autoridades de la intervención kirchnerista, Ana María Edwin y Norberto Itzcovich, declararon que los detenidos no formaban parte de UPCN, el gremio menemista devenido en archioficialista, conducido por Andrés Rodríguez (el sindicalista favorito de Cristina). Sin embargo, Vuletin vestía usualmente una remera con las siglas de ese sindicato, desmintiendo tales afirmaciones.
Irónicamente, algunos de los trabajadores del instituto señalaban el esfuerzo de Farfán “como empleado estatal haciendo horas extras” para adquirir la Ferrari roja que ilustra una de sus fotos. Cabe recordar que el salario promedio de los estatales estriba aproximadamente en 4500 pesos.

Vuletín y Farfán ingresaron al INDEC en diciembre de 2012 a partir de la resolución administrativa 1.684/2012 publicada en el Boletín Oficial tres meses más tarde, la que autorizó al Ministerio de Economía a contratarlos “con carácter de excepción” dado que “no reúnen los requisitos mínimos para acceder a los niveles de escalafón que se indican”.

A instancias de Moreno y UPCN, apoyados sobre las corrientes Pueblo Peronista, Peronismo Militante y La Cámpora, el INDEC se llenó de matones e informantes que “no reúnen los requisitos mínimos para acceder a los niveles de escalafón”, pero que son sumamente efectivos para sembrar el terror a fin de garantizar la manipulación de las estadísticas públicas, distorsionando la inflación real y eliminando de plano la publicación de los datos de pobreza e indigencia. Varios trabajadores de la Dirección de Estadísticas Poblacionales aún recuerdan con un dejo de sorna a uno de los patoteros apodado “Fuerza de choque” porque admitía públicamente haber sido contratado con esa finalidad sin siquiera ruborizarse. Estos barrabravas que provienen de diversos clubes de futbol se llevan la parte del león del “presupuesto paralelo” en las partidas adicionales de horas extras, horas censales y horas cátedra, en desmedro del conjunto de los trabajadores. Si bien durante el menemismo los trabajadores del instituto detectaron a algunos infiltrados de la ex SIDE ejerciendo tareas de espionaje, el kirchnerismo extendió como nunca el aparato policíaco, integrado a un sistema de premios y castigos. La relación entre la intervención K, UPCN y la patota es similar a la que sostenía la UGOFE y la patota de la Unión Ferroviaria de José Pedraza.

El matrimonio entre estos desclasados y el aparato institucional del Estado es el resultado de la impotencia kirchnerista para controlar los precios de los productos sustituyéndolos por el control de los índices estadísticos a fuerza de patoteros que amedrentan para sostener la farsa del relato, una mentira que damnifica principalmente a los trabajadores y a sus franjas más desposeídas.