Fotografía: Casa Rosada
El ajuste mediante la inflación y la recesión recae sobre el pueblo trabajador. El derrumbe del consumo va a la par del deterioro del poder de compra del salario.
En contraste, las medidas económicas en favor de los grandes empresarios arrojan resultados positivos para las ganancias de los agronegocios, las mineras, los bancos y el capital más concentrado.
En los cálculos del gobierno se descontaba que el arreglo con los fondos buitres traería una lluvia de dólares que no termina de llegar y endeudamiento público barato.
Pero la política oficial carece de coherencia integral a los ojos de los consultores económicos locales y de los analistas del capital financiero internacional.
El déficit público primario sigue en niveles elevados porque, a pesar de los recortes de subsidios, los despidos y la caída del salario real en la administración pública, y el freno en la obra pública, hay otras partidas en ascenso, como los intereses de deuda.
No sólo eso. Las cuentas públicas se resienten por la baja y quita de retenciones, pero fundamentalmente por la recaudación de impuestos que se desacelera al ritmo de la caída de la actividad económica.
En el primer semestre, según un reporte la Secretaría de Hacienda, el resultado primario (ingresos menos gastos, sin considerar pagos de la deuda pública) fue negativo en $ 121.203 millones, implicando un aumento del déficit de 27,5% interanual.
En el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, conducido por Alfonso de Prat Gay, están recurriendo a la contabilidad creativa: dicen que en términos reales (descontada la inflación) el déficit primario cayó 8,1 %. Nadie toma con seriedad ese dato.
Lo que importa es que ese déficit primario significa, al tipo de cambio actual de $ 15 por dólar, una necesidad de financiamiento de algo más de U$S 8 mil millones en el primer semestre, que extrapolado a todo el año alcanza los U$S 16 mil millones.
No terminan ahí los agujeros. El resultado financiero, que incluye los intereses de la deuda, eleva el déficit a $133 mil millones en el primer semestre.
Es decir, casi U$S 8,9 mil millones semestrales o alrededor de U$S 18 mil millones anuales. Algunas de las voces del establishment que se alzan contra el déficit dicen que la situación es, incluso, aún más grave.
En ese déficit pesan fuerte los intereses de la deuda: se desembolsaron $ 96 mil millones en los primeros seis meses para atender a los especuladores, lo cual implicó un crecimiento de 58 % interanual, más que duplicando el alza del resto de las partidas presupuestarias (salud, educación, jubilaciones, etcétera) que se incrementaron en promedio 26,9 %.
El resultado financiero negativo no fue mayor gracias a las rentas que percibe el tesoro por parte del Banco Central y el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la ANSES.
Este panorama fiscal alerta a los analistas. Mauro Roca, economista jefe de Goldman Sachs para la Argentina, señaló que la emisión de bonos argentinos por “más de U$S 30 mil millones en poco más 3 meses" implica que "estamos llegando a un punto donde los inversores empiezan a evaluar si los rendimientos que se están pagando son apropiados. Eso deja poco espacio a la revalorización".
Una parte importante de los más de U$S 30 mil millones conseguidos por los bonos emitidos fueron a parar a los bolsillos de los fondos buitres, pero otra proporción significativa se destinó a financiar el déficit en las cuentas públicas.
Lo que empiezan a observar con lupa los financistas es la capacidad de pago de la deuda hacia el futuro. Por eso, el mensaje que envían es claro: si no hay reducción del déficit, el costo del endeudamiento del país no bajará y hasta podría subir.
Desde Goldman Sachs resaltaron que los intereses de la deuda “pasaron de un 2,2 % del PIB el año pasado a 2,6 % por año en la actualidad”. El déficit financiero está en el 7 % del PIB (Producto Interno Bruto).
Con este panorama, Roca también destacó que “Se va a tener que hacer mucho más para tener mejoras sustanciales que acompañen la baja de las tasas de interés y el costo del financiamiento”. No se trata de cualquier opinión. Es la voz de uno de los principales bancos internacionales con sede en Nueva York.
El macrismo enfrenta el efecto contrario que buscó cuando arregló con los buitres previendo una caída del costo del endeudamiento a niveles de lo que pagan otros países latinoamericanos. Paradojas del servilismo a sus amigos empresarios.
La obra pública en la perspectiva electoral
La CEPAL empeoró su pronóstico para la economía argentina proyectando una caída de 1,5 % para este año. En este contexto local turbulento y frente a una situación internacional compleja, con graves problemas económicos y políticos en Brasil (el principal socio comercial argentino) y sin motores a la vista para reactivar la actividad interna, el macrismo apuesta a un plan de infraestructura “ambicioso” para conseguir algún repunte que le permita disminuir, aunque sea parcialmente, el malestar social hacia a las elecciones de 2017.
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Estos días se reunió la Comisión de Control y Seguimiento de la Obra Pública. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio nieto, señaló que la Comisión fue creada como una “mesa de trabajo para tratar distintos temas vinculados con la obra pública, tendientes a motorizarla y a reactivar el empleo, que es lo que más nos preocupa”.
Frigerio, uno de los ministros políticos del gabinete, tiene en sus manos poner en marcha la infraestructura e intentar salir del frenazo que le aplicó el propio gobierno en los primeros seis meses del año para “revisar” los contratos que dejó el kirchnerismo y reducir el déficit (algo que evidentemente no logró).
El 22 de junio en el Boletín Oficial se publicó el Decreto 797/2016. Allí el gobierno autoriza “la contratación de obras y adquisición de bienes con incidencia en ejercicios futuros” y detalla un plan de obras públicas por $ 98 mil millones en metrobuses, autopistas, red de agua, soterramiento del Sarmiento y una larga lista de otras iniciativas.
El plan comienza con un modesto desembolso de $ 3,5 mil millones en 2016 y continúa los años siguientes.
Durante 2017 se proyecta ejecutar $ 31 mil millones. Al tipo de cambio oficial actual implicará una inyección de U$S 2 mil millones a la actividad (nótese que se trata de apenas un tercio de lo que se pagó de intereses de deuda sólo en el primer semestre del corriente año).
¿Qué impacto puede tener en la economía? El INDEC estima que el PIB a precios corrientes en el primer trimestre de 2016 fue $ 6,7 billones (o U$S 452 mil millones con el dólar a $ 15). Suponiendo que ese número se sostiene hasta fin de año, las obras aportarían aproximadamente un 0,5 % al PIB de 2017.
Suena a poco, pero el gobierno está en una carrera para dar buenas noticias de cara a las elecciones de medio término disfrazando módicos anuncios con buen marketing.
No obstante, el camino no está despejado. Justamente, la reactivación de las partidas de obras públicas y el envío de fondos a las provincias (que también se frenaron los primeros meses) harán más difícil la reducción del déficit.
Por eso, el analista de Goldman Sachs llamó la atención sobre que "el año que viene es más complicado por ser un año electoral". Y concluye que el déficit no bajará del 6 % del PIB en 2017.
Es muy probable que el macrismo para lograr realizar su plan de obras públicas siga con la escalada de endeudamiento. El capital financiero internacional se prepara para cobrar los servicios ofrecidos a las chances electorales de Cambiemos aumentando su gravitación (y su saqueo), aún mas, sobre la economía nacional.
La otra alternativa es que los evasores y fugadores de capitales ayuden al gobierno con el blanqueo.
Y así se va “sincerando” la economía.
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