Dennis Williams, dirigente sindical de los trabajadores automotrices de Estados Unidos hizo público que en caso de ganar el Partido demócrata las próximas elecciones presidenciales se renegociaría el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN).
Asimismo, afirmó que en persona, la candidata demócrata le dijo que consideraba que el TLCAN no había tenido el éxito que había creído Bill Clinton, cuando promovió su ratificación en 1993.
La plataforma demócrata señala: “Necesitamos desarrollar políticas comerciales que apoyen trabajos en Estados Unidos. Es por eso que los demócratas creemos que debemos revisar los acuerdos negociados hace años para actualizarlos reflejando estos principios”. Esto es parte de las propuestas de Sanders, que dio su apoyo a la ex secretaria de Estado.
Por su parte, la plataforma del Partido Republicano afirma: “Nosotros visualizamos un mundo con acuerdos multilaterales entre naciones comprometidas con los principios de mercados abiertos, lo que ha sido llamado una ‘Reagan Economic Zone’ en la cual el libre comercio sea verdaderamente comercio justo para todos los involucrados”. Y sigue más abajo: “…cuando esos Acuerdos (comerciales) no protegen adecuadamente ni los intereses ni la soberanía de EU o cuando son violados con impunidad, deben ser rechazados”.
Ambos partidos, con el republicano a la cabeza, han desarrollado este discurso para captar el voto de las familias obreras golpeadas por la degradación de sus condiciones de vida y de trabajo, por cierres de empresas y su posterior relocalización en México –o en otros países- donde los salarios y las prestaciones son mucho más bajas.
Lo cierto es que las grandes corporaciones estadounidenses fueron las grandes beneficiarias del TLCAN, cuyas consecuencias aun se sienten en México, con una caída sostenida del poder adquisitivo del pueblo trabajador por los salarios más bajos de entre todos los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Hoy 29 estados del gigante del norte tienen a México como el mercado número uno o dos para sus exportaciones. Más las empresas estadounidenses instaladas en México, que se benefician no sólo de los salarios más bajos de sus trabajadores, sino también de importantes beneficios fiscales y acuerdos con los altos funcionarios de los tres niveles de gobierno. Es difícil que los directivos de las trasnacionales no se opongan a una eventual salida de Estados Unidos del TLCAN. Pero no es imposible que terminen primando los intereses políticos sobre los económicos.
Tampoco se puede descartar que se vaya a una renegociación de los términos del tratado, en condiciones aun más leoninas.
Xenofobia y explotación capitalista
Con este discurso, inaugurado originalmente por Trump, ha permeado en el seno de sectores de trabajadores blancos anglosajones la idea reaccionaria que sus problemas son responsabilidad de los migrantes mexicanos y por el otro de la relocalización de industrias al sur del río Bravo.
Se profundiza así la división entre trabajadores blancos y latinos y en algunos sectores prima el odio hacia la clase trabajadora migrante, sin ver que en realidad todos son explotados por los empresarios. Mantener esta división es totalmente funcional a los intereses capitalistas.
Los bajos salarios impuestos a los migrantes en tierra estadounidenses –a base de precariedad y exposición permanente a la deportación y división de familias- son un arma de los CEO’s estadunidenses para presionar a la baja los salarios de los trabajadores blancos.
A su vez, en México, la creciente degradación de las condiciones de vida y de trabajo son el resultado de la aplicación del TLCAN. En el campo, su impacto fue abrumador. Su corolario hoy es la imposición del paquete de las reformas estructurales, entre ellas la laboral, que ha legalizado la subcontratación.
Así, mientras un obrero blanco en EE.UU. percibe un salario de alrededor de 200 dólares por día, en México un trabajador de la industria apenas llega a recibir 400 dólares por mes.
La reforma energética –apertura al capital privado de la exploración y explotación de energéticos diseñado por Hillary Clinton y su equipo– ya está en curso. Sus consecuencias están a la vista: decenas de miles de despidos en la paraestatal Petróleos Mexicanos, sumado al peligro latente de explosiones como la que hubo en la Planta Clorados III del complejo Pajaritos, producto de la falta de mantenimiento y seguridad industrial, que van de la mano del trabajo en equipo de una trasnacional y los altos mandos de Pemex. Y a esto se suma la devastación ambiental y el desplazamiento de comunidades de sus tierras, para entregarlas a los inversionistas.
Aun se pelea la reforma educativa –elaborada por organismos internacionales como la OCDE–: un ataque contra las condiciones de trabajo del magisterio, para terminar con la estabilidad laboral, pasar a los padres de familia la responsabilidad del mantenimiento de las escuelas y reducir los contenidos que se imparten en los programas de estudio, para reducir a las nuevas generaciones a ser analfabetas funcionales y futura mano de obra barata disponible.
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