(09:00) - El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, defendió esta mañana las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios nacionales, comenzando por la propia presidente Cristina Fernández de Kirchner. Comparó la “transparencia” de esas declaraciones con la opacidad de las de los jueces.
En su tradicional conferencia de prensa, “Coqui” dijo que no se puede señalar lo mismo del "Poder Judicial", que en ese tema "no tiene el mismo nivel de transparencia" por "cierta resistencia por parte de los jueces" de divulgar sus bienes.
Capitanich defendió así las declaraciones juradas de los funcionarios conocidas ayer, particularmente la de Cristina Fernández y la de Amado Boudou que, como informó La Izquierda Diario, siguen “pum para arriba”.
Mientras la mayoría de la población trabajadora hace malabares para mitigar los efectos nocivos de la inflación, los funcionarios muestran sin ruborizarse sus patrimonios de varios millones de pesos. En el caso de la presidente, “jura” que su patrimonio es de $55 millones. Pero esa cifra refiere a valores fiscales de tierras, propiedades y vehículos. Es decir que la verdadera fortuna de Cristina asciende a una cantidad de millones muy superior.
“Transparencia”, dice el jefe de Gabinete, contraponiendo esas declaraciones juradas a la opacidad de las fortunas de los funcionarios de la Justicia. Es cierto que el patrimonio de jueces y fiscales es prácticamente un secreto, con sueldos de varias decenas de miles de pesos y sin pagar, por ejemplo, el impuesto a las ganancias (que sí paga una porción considerable de la clase trabajadora). Pero esa condición de “opacidad” no es otra cosa que un privilegio exclusivo que el propio régimen político le da al Poder Judicial como parte de la organización del Estado.
La “transparencia” de estas declaraciones juradas lo que sí deja en evidencia es que gran parte del personal político del Estado pertenece a un sector minoritario de la sociedad. Algo que le cabe también a la gran mayoría de los políticos de la oposición. Como informa la edición de hoy de La Izquierda Diario, los máximos dirigentes del massismo, del PRO y del FA-UNEN también son potentados personajes que suman a sus fortunas obtenidas en la “actividad privada” años de abultados sueldos como diputados, senadores, intendentes, gobernadores y ministros.
"Iguálese el monto total de las dietas y/o haberes que perciben los/las legisladores nacionales y todos los/las funcionarios/as políticos/as de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Nación con el salario que percibe mensualmente uno/a docente que trabaja 36 horas cátedras, con 20 años de antigüedad, en la provincia de Mendoza, o el equivalente a tres salarios mínimos docentes en la misma provincias". Así dice el primer artículo del proyecto de ley presentado en marzo en Congreso por el diputado nacional Nicolás del Caño.
Un proyecto similar presentó el diputado bonaerense Christian Castillo en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires.
Ambos legisladores del Frente de Izquierda, al tiempo que presentaron esos proyectos destinan parte importante de sus propias dietas a aportar a causas y luchas sociales. Una “transparencia” que, seguramente, no defenderá el jefe de Gabinete Jorge Capitanich.
Redacción La Izquierda Diario | 
