El Vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, comunicó esta semana la decisión de ampliar automáticamente la duración de todas las licencias de radiodifusión para canales de televisión y frecuencias de radio, luego de una reunión con varios dueños de medios de comunicación del país. La medida extiende la explotación de las licencias por tres años, y además les ofrecerá a los propietarios de los medios una renovación por 15 años una vez finalizado el período, "a quienes cumplan con los requisitos mínimos estipulados por la ley", como explicó el Vicepresidente en conferencia de prensa. Esto significa que las empresas mediáticas podrán extender su negocio por 17 años más, reteniendo frecuencias para el acceso de nuevos medios al espectro.
Los beneficiados por esta decisión del Estado boliviano son los principales canales de televisión como Bolivisión, Unitel, RTP y ATB, y radios como Panamericana y Metropolitana, cuyas licencias vencían a lo largo de este año luego de los 20 estipulados por la Ley de Telecomunicaciones, según publicó el sitio Observacom.org. De esta manera, el gobierno enviará un proyecto de ley al Congreso para reformar la legislación vigente y adecuarla con celeridad a lo charlado en la reunión entre García Linera y los empresarios del sector. El Presidente Evo Morales escribió en su cuenta de Twitter que el acuerdo busca garantizar "la estabilidad laboral, la inversión y la digitalización".
Como contrapartida, los medios beneficiados por la decisión aceptarán transmitir minutos de comunicación de la actividad gubernamental en noticieros, al margen del pago que ya reciben por la publicidad estatal. Este pacto con los empresarios mediáticos tiene importancia para el Gobierno de Evo Morales de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2019, el mismo año en el que las licencias de radiodifusión se extenderán por 15 años más, si cumplen “con los requisitos mínimos".
Pero además, las empresas de medios se comprometen a ir desprendiéndose progresivamente de licencias que tengan de más en la misma área de explotación: “Un propietario de un medio no puede tener dos frecuencias en una ciudad, una radio no puede tener tres frecuencias en una ciudad. Entonces, esos empresarios pierden el restante y se quedan con una”, aclaró García Linera. Las estaciones o canales liberados serían puestos en licitación pública por el Estado para nuevos interesados, pero lo cierto es que no se especifican plazos para esto, lo que pone en duda las posibilidades de acceso a frecuencias para los sectores sin fines de lucro.
De acuerdo con la Ley de Telecomunicaciones vigente, promulgada en 2011, la banda de frecuencias disponibles para radio AM y televisión analógica debe dividirse, a nivel nacional, en cuatro sectores: Estado, Comercial, Social Comunitario, y Pueblos Indígenas; correspondiendo un 33% de las licencias disponibles a los primeros dos sectores, y 17% para los últimos dos. El esquema es muy similar al implementado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual del kirchnerismo. Sin embargo, aunque indica que las frecuencias destinadas al Sector Comunitario y Pueblos Indígenas deben asignarse por concurso de proyectos, la Autoridad de Regulación boliviana abrió la convocatoria recién a principios de marzo, demorando más de cuatro años desde la sanción de la ley.
Lejos quedaron los buenos augurios de parte de los gobiernos progresistas de Latinoamérica para una comunicación plural, con diversidad de emisores, y participación social y de los trabajadores en los medios.
En Argentina, la gestión de Martín Sabbatella al frente de la AFSCA recibió críticas sobre los tratos diferenciales para cada sector, incluso otorgando señales de transmisión para veinte canales de tv digital a la Iglesia católica, mientras se demoraba el ingreso al sistema de numerosas radios comunitarias. Es claro que con el nuevo gobierno de Macri tampoco se esperan mejoras en la situación: este miércoles, el Espacio Interredes, que nuclea a distintos sectores de medios comunitarios, alternativos y populares, concentró frente a las puertas del Ente Nacional de Telecomunicaciones para exigir el pago atrasado de fondos de fomento y la solución a otras irregularidades, entre ellas, el respeto por el 33% del espectro destinado a los medios sin fines de lucro; que se suma a la delicada situación que atraviesan hace meses los trabajadores del sector, con despidos, paritarias por el piso, y creciente precarización.
La decisión del gobierno de Evo Morales muestra que, al igual que con la ley de medios en Argentina, nunca estuvo en el horizonte de los gobiernos posneoliberales enfrentarse seriamente con las corporaciones mediáticas, sino negociar con ellas. |
