Leonardo Fariña presentará esta semana un escrito de casi 40 fojas en el que amplía los detalles de la llamada “ruta del dinero k”. Según el diario Clarín, que accedió en exclusiva al documento, se le exigía a las empresas contratistas un “anticipo financiero” de entre el 10 y el 20% de la obra que iban a la caja de los funcionarios de Planificación Federal. Según este mismo medio, un 4% iba directamente a José Lopéz y “el asesor de Julio De Vido, Roberto Baratta, y el jefe de Legales de Planificación, Rafael Enrique Llorens, exigían otro 1% del valor del certificado cada uno para firmar los dictámenes, y después el titular de Dirección General de Asuntos Jurídicos, Pablo Campi, "logró que le asignaran también a él un puntito en esos trámites".

En su ampliación también denuncia que el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray recibía un “retorno” de un 5% del total del monto de la obra. Siempre según Fariña, las empresas contratistas debían fraguar facturas truchas para poder abordar los costos de las coimas. En tales circunstancias, las empresas habrían pedido protección a los funcionarios estatales de los funcionarios de la AFIP que Echegaray podía llegar a envíar a dichos empresarios de enterarse que no había recibido su parte.

Echegaray actualmente se encuentra procesado por violación de secretos y falso testiminio y ya fue indagado por el juez Casanello en el marco de esta causa, acusado de haber encubierto las operaciones de Lázaro Baez justificando los sobreprecios de las facturas truchas que el empresario usó en sus contratos con el Estado.