Rechazamos la modificación de la ley de semillas porque es parte de una sucesión de medidas que se vienen tomando desde el Menemato, pasando por los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner hasta nuestros días, de la mano de Cambiemos con Macri a la cabeza. Desde nuestra forma de analizar la historia, no encontramos una ruptura en estas diversas administraciones del Estado, pese a las supuestas antinomias entre gobiernos neoliberales y progresistas que se vienen alternando en el poder los últimos 25 años.
La modificación de la “Ley de Semillas” permite continuar colocando piezas en el mismo rompecabezas, los Agronegocios. Considerarla como un hecho aislado, meramente técnico o jurídico sería aportar al confusionismo que ha permitido a los responsables políticos dentro y fuera de los gobiernos cipayos avanzar con este perverso modelo colonialista, determinado por la División Internacional del Trabajo.
Desde los inicios de la” Revolución Verde” este modelo de producción-destrucción por un lado ha determinado un enorme incremento del número de personas hambrientas superando las 1000 millones a nivel mundial; y por otro lado ha generado una cantidad similar o superior de personas con obesidad.
Un puñado de empresas transnacionales tiene el control planetario de la producción y del comercio internacional de granos y alimentos. Esta situación ha generado la pérdida de diversidad biológica y genética en detrimento del aumento demencial del monocultivo transgénico dependiente de toneladas de fertilizantes sintéticos y agrotóxicos.
Además, ha profundizado los procesos de concentración de la propiedad de la tierra y promovido fuertemente la creación de los “Pools de Siembra” cuya voracidad por el rédito económico inmediato, ha arrasado con muy buena parte de la fertilidad de nuestros suelos.
La “commodificación” de la agricultura va de la mano de un enorme aumento y promoción, desde diversos ámbitos, de la llamada “comida basura” destinada a la gran mayoría de la población, la cual está sufriendo un proceso gradual y masivo de envenenamiento sistemático.
Para focalizarnos algo más en la problemática local y sus principales responsables, creemos que no está de más recordar algunos hechos puntuales relevantes dentro del mismo armado que permiten comprender nuestra posición: la aprobación de la soja transgénica en 80 días en 1996, la difusión y veneración del sistema soja-siembra directa-agrotóxicos que incluye a los gobiernos de los últimos 20 años, los grandes medios de comunicación (por ejemplo, Clarín de Héctor Huergo), a instituciones del Estado como las Universidades Públicas, el Inta, la Conabia, el Conicet, y a asociaciones de productores como AAPRESID, grupos Acrea, etc. Luego, podemos destacar el PEAA 2020, impulsado durante la autoproclamada “década ganada”, que es una pieza fundamental de ese mismo rompecabezas. Y como “nota de color” recordamos a la promoción de Cristina Fernández de Kirchner, presentando al país como “defensores del patentamiento” en el propio Estados Unidos mientras celebraba la inminente instalación de la planta transgénica de Monsanto en Malvinas Argentinas (Córdoba); instalación imposibilitada hasta hoy por la resistencia popular.
La realización de acuerdos entre el Estado y las empresas biotecnológicas, como por ejemplo el firmado entre Bioceres de Gustavo Grobocopatel y la Universidad del Litoral por nuevos eventos transgénicos ponen de manifiesto el perverso simulacro de la “búsqueda de progreso y el avance científico” para el bien común. Personajes nefastos como GG, de la mano de los gobiernos de turno continúan proponiendo la sojización como modelo “exitoso” en toda América Latina. En definitiva, no es más que la expresión manifiesta del rol de un “Estado empresarial” defensor y creador de patentes de eventos transgénicos para sustentar el mismo modelo extractivista, los agronegocios. Un Estado que, ante el avance de la Multinacional Monsanto y en su afán de generar divisas rápidamente, decide regular el negocio. Para que entre otras cuestiones pagar Deuda Externa, declarada por el Juez Ballesteros como ilegal, ilegitima y fraudulenta.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, no podemos caer en la maniobra distractora de que una lucha “contra Monsanto” le permita al Estado consolidarse como “obtentor” de patentes dentro del mismo sistema productivo. Pero con el discurso de defender la produccion nacional. Específicamente el pago de regalías por la “bolsa blanca” es una discusión netamente económica entre “obtentores” y “usuarios”.
Consecuentemente, no rechazamos simplemente una legislación que imponga el pago de regalías al Agronegocio, sino que rechazamos a los agronegocios en su totalidad. Del mismo modo, no rechazamos cualquier legislación que permita un “reordenamiento territorial” o una supuesta correcta clasificación de los agrotóxicos, que en definitiva, solapadamente acepte a las fumigaciones como un hecho inamovible e indiscutible. Si lo haríamos sería algo así como acordar las condiciones para nuestro propio fusilamiento, y por tal razón, rechazamos el paquete tecnológico que forma parte del propio sistema. Sistema que además de los agrotóxicos requiere el vaciamiento de los territorios con la consecuente urbanización forzada y el desmonte.
Principalmente durante las últimas dos décadas se viene causando la destrucción de ecosistemas enteros entre los cuales destacamos el ecosistema SUELO, por ser el bien común más olvidado. Estas y otras consecuencias, en conjunto condenan a las futuras generaciones al más profundo proceso colonizante ya que sin suelo no tenemos ningún destino como Pueblo.
Asimismo, y dentro de esta misma avanzada cabe mencionar la visión mercantilista sobre agricultores y semillas convertidas según la ley en cuestión en simples usuarios de insumos. Esta atrocidad jurídica intenta desaparecer la cultura, el conocimiento popular y las costumbres de nuestros pueblos, que sin dudas están en el corazón de nuestras semillas.
Se desconocen los miles de años de observación, de selección, de aprendizajes, de intercambio, de cuidados y prácticas como la siembra, la cosecha y distintos usos según los diferentes criterios y preferencias aplicados sobre tantísimas variedades de semillas, plantas o árboles que se vienen cultivando a lo largo de la historia de la humanidad.
Además de la mano de una legislación controladora y represora se pretende prohibir no solo el uso propio sino la libre circulación e intercambio de las simientes. Esta actividad ha sido, es y será fundamental para el desarrollo de los Pueblos libres que defienden y construyen su Soberanía Alimentaria.
Finalmente, frente a la falsa promesa de combatir el hambre en el mundo que se adjudica el agronegocio y a sus perversas intenciones de avanzar en el control de la alimentación mundial, proponemos nuestra utopía: una agricultura orgánica diversificada, de cercanía, libre de transgénicos y de todo agrotóxico; una agricultura que permita la construcción de nuevos mundos donde la libertad de producir y el libre intercambio de semillas sean solo dependientes de la decisión de los propios agricultores y de la comunidad. Bregamos por una agricultura que logre mejorar la calidad y la diversidad de nuestra alimentación: una agricultura que produzca verdaderos alimentos para transformar esta muchedumbre atontada en una nueva sociedad, donde las personas podamos convivir y decidamos conscientemente sobre las verdaderas necesidades. | 
