La indignación y la movilización popular lograron la caída del jefe político de Musa Azar, el cinco veces gobernador Juárez, y de su mujer, Nina Aragonés. El gobierno nacional intervino la provincia, y designó para la tarea al ex fiscal Lanusse. A mediados de 2008, Musa Azar y los tres policías fueron condenados a prisión perpetua, y un cómplice civil a 22 años de prisión.
Pero el de Leyla y Patricia no era el primer crimen policial posterior a 1983 en Santiago del Estero. Los nombres de una infinidad de asesinados por el gatillo fácil y la tortura resonaban ya entonces en los barrios: la masacre del barrio Campo Contreras, en la ciudad capital, con la muerte de José Luis González y graves heridas a los jóvenes Federico Saracco y Pablo Alarcón; Rubén Edgardo Godoy, Ramón Rojas, Gustavo Norberto Cáceres y Mauro Lohaiza, muertos tras las rejas; los asesinatos de Osvaldo Britos y José Antonio Galván en Añatuya, etc.
Desde el asesinato de Leyla y Patricia en 2003, fueron 70 los nuevos nombres que Santiago del Estero sumó al listado de asesinados por el aparato represivo estatal, que ya no dirige el juarismo, sino el Frente Cívico por Santiago, que en diciembre pasado consagró gobernadora a Claudia Ledesma Abdala, esposa del anterior mandatario provincial, Gerardo Zamora.
Uno de los más recientes nombres, es el de Cristian “Tino” Farías (26), un mecánico, pintor y albañil del mismo barrio Campos Contreras de la recordada masacre de los ’90. El 20 de septiembre a la madrugada, Tino volvía a su casa en moto, junto con un chico vecino, cuando efectivos de la policía comenzaron a perseguirlos a los tiros. Uno de los móviles encerró la moto, lo que causó que se estrellara contra un poste de luz. Tino murió en el acto, mientras que el chico que lo acompañaba recibió graves heridas por los disparos y el impacto.
La versión oficial fue que nueve sujetos, en una especie de grupo comando motorizado, intentaron robar una motocicleta estacionada nada menos que en la vereda de la Dirección General de Inteligencia Criminal de la Policía , pero fueron sorprendidos por personal de civil del lugar y escaparon “en distintas direcciones”, aunque dejaron en el lugar una moto Yamaha 150. Los policías de civil llamaron a los uniformados. El personal de uno de los móviles, una camioneta Kangoo, avistó y persiguió una moto (la de Cristian), que “perdió el control por un badén e impactó con el cordón, se precipitó al piso y falleció en el acto”.
Naturalmente, el relato policial no explica que el pibe menor de edad tenga heridas de bala, lo que incluso llamó la atención al juez interviniente, que dispuso el secuestro del armamento policial. Aunque Cristian tenía sus documentos y los de la moto, la familia tuvo que encontrarlo a puro esfuerzo, sin que ninguna autoridad los contactara por horas.
Conscientes de que sólo con la movilización y la lucha popular podrán impulsar el reclamo de juicio y castigo a los responsables, los familiares de Cristian Farías se organizaron con sus vecinos, y vienen sacudiendo la siesta santiagueña con nutridas marchas, al tiempo que, a través de un familiar que reside en la ciudad de Buenos Aires, se pusieron en contacto con CORREPI, para visibilizar la denuncia pública desde el Encuentro Nacional Antirrepresivo.
La última movilización fue el 16 de octubre, convocada con estas palabras: ¡Decimos Basta! Perdamos el miedo, no nos dejemos vencer por el temor y eliminemos esta mala policía asesina. Solos no podemos, pero entre todos y con un poquito de cada uno se puede. Que Nunca Más haya otro Cristian, que nuestros hijos puedan andar tranquilos y cuidados en las calles y por todos los casos de impunidad no resueltos hasta el día de hoy.
A lo largo y ancho del país, son centenares las familias de trabajadores, como la de Cristian, que dan la pelea contra la represión estatal, y buscan la forma de articular entre sí, y de mostrar que ni acá ni en Santiago es un policía. Es una institución, ni más ni menos que el brazo armado del Estado, al que dirigen los gobiernos de turno. |
