El martes 2 de agosto la Ministra Calletti fue interpelada en la Cámara de Diputados y presentó su proyecto para prorrogar la emergencia de violencia de género en Salta. Allí manifestó que "hoy ya no hablamos de una mujer rescatada sino empoderada”.

Días antes, en la primera reunión del Consejo Federal de Justicia (CoFeJus) había manifestado que “el trabajo coordinado es una avance que tuvo a Salta como protagonista en la lucha (…) contra la violencia de género”. Mientras que el Ministro de Justicia de la Nación, German Garavano, que estuvo presente en la reunión, señaló que Salta se encuentra en una situación preocupante en materia de violencia de género.

El DNU en Salta fue sancionado unánimemente por diputados y senadores en septiembre de 2014, a un mes del Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó ese año en la provincia y llevó las firmas del gobernador Juan Manuel Urtubey y de Eduardo Sylvester, Pamela Calletti, Marianela Cansino y Oscar Villa Nougues, ministros por ese entonces de Seguridad, Justicia, Derechos Humanos y Salud Pública respectivamente.

Bajo el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2.654, se decretaba en todo el territorio provincial la emergencia contra la violencia de género por 2 años. En este tiempo, el gobierno salteño llevó adelante medidas insuficientes y tardías. Muchas mostraron sus falencias como es el caso de los botones anti pánico que fallan en el momento que se los necesita. En la reunión del CoFeJus, Garavano presentó un nuevo mecanismo dual superador a los botones que alertaría a la víctima sobre la presencia a cierto radio del posible victimario, ya denunciado con antelación.

En un reciente informe del Ministerio de Seguridad de la Nación se publica que Salta encabezó en el 2015 el ranking de provincias de captación y de origen para redes de trata. En el mismo año, la provincia volvió a estar en el tope de tasa de femicidios y de femicidios a cargo de las fuerzas de seguridad. En lo que va del 2016, hubo 7 asesinatos de mujeres sólo por su condición de género reflejados por los medios. Además, se dio a conocer el mes pasado que la sede salteña de la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) dejó de recibir ayuda económica del Ministerio de DDHH y Justicia, por lo cual deberá cerrar sus puertas.