En marzo del 2013 el magnate mexicano Carlos Slim anunció que su imperio América Móvil adquirió los derechos para la transmisión de los Olímpicos de Río de Janeiro por cerca de 110 millones de dólares. Con esta medida, además de tener la exclusiva para América Latina, dejó fuera del ring a las dos principales cadenas televisivas de México, Televisa y Tv Azteca.
La batalla de Slim tiene como su principal motor dominar el mercado del internet, posicionarse mejor en la disputa del sector de la televisión de paga y conquistar, por fin, el acceso a un canal de televisión pública.
Pero de ser así esto último, no resuelve, ni siquiera cuestiona el problema del creciente poderío y manejo político de la información que hace Televisa y Tv Azteca a favor de los grandes empresarios y políticos. Al contrario, la posible entrada de Slim a la televisión pública fortalece este importante pilar del Estado mexicano para continuar ejerciendo el papel que hasta hoy cumplen Azcárraga y Salinas Pliego.
Para ocultar que la transmisión de estos juegos es para los que pueden pagar y para cumplir con los requisitos del Comité Olímpico Internacional, Slim estableció una negociación con Canal 11 y Canal 22 para su transmisión en señal abierta, aunque se han negado a publicar los términos de estos contratos de transmisión.
Con esto se quita de encima las posibles críticas por monopolizar la transmisión y seguir apareciendo como un buen patrón que se preocupa por que nadie se quede fuera de las transmisiones, pero tras bastidores lo que intenta conquistar, es la concesión de un canal de televisión abierta para ampliar su poderío y control político.
El gran negocio del internet
Si bien se ha hecho eco de que para los que no cuenten con televisión de paga la transmisión de este evento deportivo será de forma “gratuita” por internet, donde Slim aventaja por mucho a sus competidores ya que cuenta con el mayor número de consumidores vía Telmex y Telcel, es pertinente preguntarnos si de verdad este discurso de aparente gratuidad implica un acceso irrestricto del conjunto de la población.
Aunque se nos pretende vender que es “gratuito”, el internet que ofrecen las principales empresas sigue siendo de los más caros de los países que integran la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Los intentos por mostrar al imperio de Slim como un incansable defensor del libre acceso al internet chocan con la realidad.
En México, donde se pagan los salarios más bajos de la OCDE, el porcentaje de hogares con conexión a internet se reduce al 39.2 mientras el total de usuarios que consumen este servicio solo llega al 57.4% en un país de mas de 122 millones de habitantes, según el informe “Estadísticas a propósito del Día Mundial de Internet” del 13 de mayo 2016, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Estos datos derrumban la imagen que pretende humanizar a los empresarios. Porque en México, donde se concentra el magnate mundial de la telefonía e internet y donde Televisa –que busca ganar terreno con su empresa IZZI– es la empresa de medios más importante de América Latina, es una contradicción que poco menos de la mitad de la población no tenga acceso al internet.
La imagen del empresario bondadoso que muchos se empeñan en vender de Carlos Slim es una caricatura. Las y los telefonistas lo sabemos muy bien, ya demostró, con las victorias que se apuntó al modificar en dos ocasiones el CCT de las y los telefonistas, que en realidad su fin es golpear las condiciones de la base de Teléfonos de México (Telmex). Tampoco podemos sentar expectativas, como opina un sector de nuestro gremio, que si los ingresos de este empresario crecen, lograremos estabilidad laboral.
Las telecomunicaciones constituyen un mercado controlado por intereses privados. Por ello los grandes empresarios se apuestan a concentrar sus esfuerzos en los usuarios que brindan grandes ganancias, convirtiendo este servicio en un privilegio que excluye a casi la mitad de la población.
Las y los trabajadores, principalmente de estas empresas de servicios, debemos pelear por que el acceso de telefonía fija, celular e internet, sea un servicio que se enfoque en las necesidades de las grandes mayorías, de acceso libre y gratuito para los millones con bajos recursos y que en verdad llegue a los lugares más marginados del país. |