La Diputada Nacional por el PTS/FIT Myriam Bregman presentó un proyecto a ser tratado el martes en la Comisión de Derechos Humanos de la cámara de Diputados, con motivo de que el Poder Ejecutivo disponga la apertura del conjunto de los archivos y la documentación disponible en relación al caso de Jorge Julio López en poder de los Servicios de Seguridad y la Ex Secretaría de Inteligencia.
"A casi un mes de cumplirse 10 años, López es una herida que sigue abierta y creemos que merecemos saber qué pasó con Julio" afirmó Bregman, quien fuera la abogada de López cuando este declarara como testigo en el juicio contra el genocida Miguel Etchecolatz, narrando los hechos de su primer desaparición en octubre de 1976 y hasta el año 1979, pasando por distintos centros clandestinos de detención.
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El proyecto presentado se da además en momentos en que el Ex Comisario se
encuentra a un paso de obtener la prisión domiciliaria.
La Diputada declaró que "existen constancias de que se realizaron investigaciones, incluso a cargo del ex director de operaciones de la SIDE, Antonio (Jaime) Stiuso" y que "todo indicaría que la ex SIDE y otros organismos pueden tener información que nunca fue tenida en cuenta". Es por esto que el proyecto será extensivo al conjunto de la documentación existente en manos de las Fuerzas de Seguridad, desde la Policía Federal Argentina, la ex Secretaría de Inteligencia del Estado, pasando por el Servicio Penitenciario Federal, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Nacional, hasta las Fuerzas Armadas. El proyecto además desarrolla que una vez sancionada la ley, el Poder Ejecutivo "deberá entregar a la Cámara de Diputados de la Nación toda la información emanada con un plazo no mayor a los treinta días" y que ese cuerpo "deberá resguardar, almacenar, clasificar, conservar y dar a conocer todos los archivos, nóminas, expedientes y demás documentación para "tener acceso irrestricto y sin limitación" los querellantes, los organismos de derechos humanos y toda persona física o jurídica con interés legítimo.
Exceptúa el acceso a "los integrantes de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de inteligencia de todas las jurisdicciones existentes en el territorio nacional, incluyendo a quienes se encuentren en situación de retiro, al personal civil de cualquiera de estos órganos, así como a cualquier persona vinculada a delitos de lesa humanidad".
Entre los fundamentos también se destaca el hecho de que para el momento de la desaparición de López, 9026 efectivos de la Policía Bonaerense seguían en funciones desde la última dictadura.
La exigencia busca ser un reclamo ante la impunidad del caso y donde, como afirmó Bregman, la Justicia ha sido la pata de un gran engranaje de complicidad" y que "se actuó como en cualquier causa que se quiere garantizar impunidad por medio de trabas burocráticas".
Este proyecto cobra interés, además, en momentos donde se viene desarrollando una polémica alrededor del intento de reconciliación con las Fuerzas Armadas que viene desarrollando el Gobierno de Cambiemos. | 
