Finalmente, fue Guillermo Bernaudo, jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria, el que anunció la fecha de presentación del nuevo proyecto de ley de semillas que el macrismo acordó con la multinacional Monsanto y la Sociedad Rural. “El próximo 17 de agosto el gobierno presentará el proyecto de ley de semillas ante la Comisión Nacional de Semillas (Conase) y en la semana siguiente será enviado al Congreso”, informó Bernaudo, en el marco de las jornadas que realizó en Rosario la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID) sobre la regulación de la propiedad intelectual de las semillas.
Esta iniciativa ya había sido anunciada por el ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile a finales de junio. El pasado 1° de agosto, día de la Pachamama, diversas organizaciones sociales, ambientalistas y políticas se manifestaron frente al Ministerio para protestar en contra de la iniciativa macrista: “Por ahora el anteproyecto de modificación de la ley se discutió con Monsanto, con la Asociación de Semilleros Argentinos, con la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas pero no se abrió con el resto de la sociedad”, señaló Carlos Vicente, integrante de la Multisectorial conformada contra la denominada “Ley Monsanto de Semillas”.
También se pronunció en contra, durante la jornada de protesta, el cuerpo de delegados de ATE de la Secretaría de Agricultura Familiar señalando la relación entre el ajuste y los despidos con la ofensiva de las corporaciones del agronegocio sobre la semilla.
La semilla del agropower: patentada, custodiada, subsidiada, con valor agregado y libertad de precio
Aunque afirman desconocer el borrador, capitanes del agronegocio señalaron conformidad, apoyados en el vínculo mantenido con Agroindustria: “Ya saben la posición de la industria” dijo Alfredo Paseyro, gerente general de la Asociación Semilleros Argentinos (ASA), mientras que el vicepresidente de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, reconoció que con el Gobierno han “dialogado mucho de la posición de la Sociedad Rural”.
Por lo que los capitanes agroindustriales señalaron a Télam ante el anuncio de Bernaudo, parece haber acuerdo en una mayor fiscalización de la semilla y el fortalecimiento del Inase: “La nueva ley debe ser superadora a la actual -sancionada en 1973 - y debe impulsar el uso de la semilla fiscalizada. Este proyecto tiene que tener un sistema de control, fiscalización y sanción con la autoridad del Inase”, señala Paseyro. En ese sentido Pelegrina reclamó que “si se compra semillas para sembrar 100 hectáreas, que se utilicen en esas 100 hectáreas”.
Otro elemento presente en los requerimientos del agropower es el de la propiedad intelectual. El coordinador de la Comisión de Agricultura de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), José Basaldua, sostuvo que la nueva Ley “tiene que establecer un único régimen de la propiedad intelectual de la semilla y tiene que quedar bien claro el uso propio del agricultor”.
Otras exigencias fueron el de la total desregulación comercial y el de mayores “incentivos” desde el Estado. Fue lo que señaló el gerente general de ACA al considerar que la ley “no debe contener ningún mecanismo de fijación de precios, sino que exista una libertad de mercado al respecto”. Por su parte, para Pelegrina es clave que “el pago de la tecnología este contenida en la semilla, o sea, que en el acto de compraventa se pague ese componente”. Mientras que para Paseyro es determinante que “el uso propio de la semilla sea oneroso".
Por último, el vicepresidente de la Sociedad Rural manifestó que el proyecto debe incluir “incentivos, los cuales pueden ser fiscales, para que los que compran semillas para uso propio fiscalizadas puedan desgravar con beneficios, como por ejemplo en el Impuesto a las Ganancias".
Organizaciones campesinas y de agricultura familiar en alerta convocan al Congreso
Frente a este hecho diversas organizaciones campesinas y de agricultura familiar convocaron al Congreso para hoy martes 8 a un encuentro titulado Semillas y soberanía, en el anfiteatro del Congreso entre las 10 y las 16 horas.
Reclaman que los agricultores campesinos y los pueblos originarios han “creado, mejorado y protegido la diversidad productiva” de alimentos que se conoce, en la cual se basa la alimentación mundial. “Las semillas se constituyen así como un legado histórico de la humanidad que garantiza la alimentación mundial”.
Sin embargo “la llegada de nuevas tecnologías de mejoramiento vegetal en los últimos años han promovido el avance de derechos de propiedad intelectual sobre viejas y nuevas variedades vinculadas a la alimentación”.
Reclaman que la ley de semillas vigente (Ley N°20.247) sancionada en 1973, prevé en su artículo 27 “el derecho del agricultor al uso propio, lo que nos permite actualmente la reproducción de cualquier semillas para su utilización sin que esta práctica ancestral y cotidiana sea un delito”, algo que entraría en contradicción con la nueva ley Monsanto de semillas que impulsará el macrismo. El marco normativo ante el cual se sostiene la ley sancionada en 1973 es el de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.
“Con el ingreso de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) al país, su masiva implementación en la agricultura y el crecimiento del llamado Agronegocio, las empresas transnacionales dedicadas a este tipo de tecnología terminan constituyéndose como actores dominantes del mercado de semillas”.
Según señalan estas corporaciones en los últimos años “han aumentado las presiones con el objetivo de modificar la actual ley de semillas, después de la firma de contratos privados con los productores y de su auto-asignación en el rol de policía en los puertos”. “Monsanto lidera dichas presiones”.
También denuncian que paralelamente hay otro proyecto de ley presentado por el massismo a través de Gilberto Alegre en el cual también “el Derecho de Uso Propio se ve severamente restringido”.
Entre las organizaciones convocantes para hoy martes y que expondrán sus “argumentos y propuestas para el enriquecimiento del debate legislativo” se encuentran el Movimiento Nacional Indígena Campesino (Vía Campesina), la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino, la Asociación de Mujeres Rurales Argentinas Federal, la Federación Agraria Argentina y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, entre otras. |