A través de la resolución 1003/2016, el Ministerio de Salud ordenó la derogación de las Normas mínimas para la habilitación de establecimientos y servicios de salud mental y adicciones (Res. 1484/15), lo que en la práctica significa dejar sin posibilidad de aplicación a la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones, 26657.
¿Qué dispone la ley 26657? Prevé la actuación de todas las disciplinas que intervienen en la atención de la salud mental, no solo las médicas, y así también la participación de la comunidad en la toma de decisiones con respecto al tratamiento de las personas. Lo dice en su artículo 9: “El proceso de atención debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario y en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial, basado en los principios de la atención primaria de la salud. Se orientará al reforzamiento, restitución o promoción de los lazos sociales”.
Además prohíbe en el artículo 27 la “creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes públicos o privados. En el caso de los ya existentes se deben adaptar a los objetivos y principios expuestos, hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos”. Es decir, se obligaba al cierre de toda institución monovalente, pública o privada. Y al mismo tiempo, se exigía que esto no redundara en un perjuicio a los trabajadores de la salud mental: las empresas tenían, que hacerse cargo de mantener sueldos y contrataciones. Adecuadas, claro, a la nueva ley.
Una ley amplia, que pone en igualdad de derechos y obligaciones a todos los profesionales de la salud mental, porque también permite que los no médicos accedan a puestos de dirección, solo ocupados hasta ahora por médicos (no sólo psiquiatras, cualquier médico).
Esta ley es demasiado para la corporación médico hegemónica y la industria farmacéutica. La resolución 1003/2016 argumenta que exigir adecuación a las empresas de salud es discriminarlas, porque no podrán hacer frente a lo que exige la ley. Léase: no se le puede pedir a una empresa que se adecue a la ley y que encima no despida trabajadores. Argumento risible, si no fuera por lo terrible de considerar que los derechos económicos de las empresas son superiores a los derechos humanos de los ciudadanos que hoy por hoy padecen situaciones de hacinamientos, abandono, torturas y malos tratos en esas mismas empresas que el ministro Lemus hoy defiende.
Pero aunque la firma visible sea la de Lemus, hay otros implicados en este asalto a la salud mental. Por ejemplo, el psiquiatra Andrew Blake, actual director Nacional de Salud Mental y Adicciones, anterior coordinador de redes integradas de Salud Mental en la Ciudad de Buenos Aires. Blake se ha declarado confeso detractor de la Ley 26657 y llegó a decir, aún antes de asumir su cargo, que no iba a acatar la legislación votada y aprobada. Un ejemplo de republicanismo y respeto por las instituciones de parte de este personaje que ha sido denunciado por agresiones a la presidenta de la Asociación de Profesionales del Hospital Ameghino. Cabe aclarar que la resolución 1003/2016 plantea la creación de una comisión Ad Hoc para la Elaboración de Normas de Habilitación de Establecimientos de Salud Mental y Adicciones y que definir sus integrantes y funcionamiento son facultades del dr. Andrew Blake. Todo queda entre amigos.
Por si esto fuera poco, la corporación psiquiátrica arremete por otro lado, con el divulgador neurocientífico Facundo Manes, que en la página de la fundación Ineco se lamenta porque la ley iguala a todos los profesionales en el ámbito de la salud mental “ignorando el complejo tema de las competencias”. Manes se declara como un férreo defensor del modelo médico hegemónico que sostiene que sólo los profesionales médicos pueden acceder a puesto de dirección de servicio en hospitales, por ejemplo. Para este modelo, la única palabra autorizada es la del médico. Sería tema de una discusión entre corporaciones profesionales, si esta postura no atacara directamente un enfoque intersectorial, que reconoce que todos los intervinientes en el abordaje de la salud mental tienen las mismas responsabilidades e incumbencias. En alguien que se dice innovador y que apuesta por la ciencia como Manes, sostener estas posturas ya dejadas atrás, anticientíficas y obsoletas, es, cuando menos, curioso.
Defensa de la corporación médica. Defensa del modelo médico hegemónico y el modelo manicomial. Defensa de las empresas privadas de salud. Ataque a un enfoque social de la salud mental y las adicciones. Todo eso representan Lemus, Blake y Facundo Manes, amparados y envalentonados por el momento político y económico favorable al capital y contrario a los trabajadores y usuarios de la salud. |
