Para empezar, recordemos que el arranque del ciclo, entre mediados de los años 90 y el año 2000, tuvo como protagonistas una serie de movimientos y de luchas antineoliberales. Así, en el origen del llamado cambio de época estuvo el tumultuoso y plebeyo conflicto social y no la política institucional ni tampoco la prístina conquista del palacio, como pareciera hacernos creer a posteriori el relato progresista. Los resultados electorales que permitieron la formación de una serie de gobiernos progresistas fueron consecuencia y no causa del cambio de la correlación de fuerzas.

Desde mediados de los años 90, las resistencias sociales confluyeron en una serie de poderosos movimientos antineoliberales, de distinta conformación interna social e ideológica, con o sin organizaciones de tipo sindical o partidario, con o sin liderazgos carismáticos, capaces de acorralar a los gobiernos neoliberales, cuando no de derribarlos. En consecuencia, aún con sus apuestas defensivas, sus formas abigarradas y sus prácticas contradictorias, en América Latina fueron los movimientos populares quienes abrieron nuevos horizontes desde los cuales pensar la política y las relaciones sociales, instalando otros temas en la agenda política: desde el reclamo frente al despojo de los derechos más elementales y el cuestionamiento a las formas representativas vigentes, hasta la propuesta de construcción de la autonomía como proyecto político, la exigencia de desconcentración y socialización del poder (político y económico) y la resignificación de los bienes naturales.

Cabe destacar empero dos cuestiones. Por un lado, la ampliación de la plataforma discursiva y representativa de los movimientos sociales en relación con la sociedad se expresó también en una pluralidad organizativa y temática pocas veces vista, lo cual fue diseñando un campo multiorganizacional y de referencias ideológicas extremadamente heterogéneo y complejo en sus posibilidades de articulación. Por otro lado, a lo largo de quince años, los movimientos sociales fueron configurando un espacio de geometría variable en su relación con los gobiernos progresistas, en el cual se inscribieron y conjugaron de modo diferente tres dimensiones fundamentales que atravesaron las luchas sociales durante el cambio de época: la irrupción plebeya, las demandas de autonomía y la defensa de la tierra y el territorio.

Ciertamente, la irrupción de lo plebeyo en el espacio público rebasó el umbral de la resistencia y la subalternidad de los años anteriores y volvió a poner en el tapete la modalidad histórica o recurrente a la cual apelan los excluidos colectivamente para expresar sus demandas, lo que puede ser denominado como “la política de la calle”, “la explosión de las muchedumbres”[1], una modalidad en la que convergen la idea de politicidad de los pobres con la de rebelión y antagonismo. Otra dimensión importante de la acción colectiva, revestida de lo nuevo, fue la demanda de autonomía, que caracterizaría desde los pequeños colectivos culturales hasta grandes conjuntos territoriales u organizaciones de masas. La autonomía, en términos generales, emergió no sólo como un eje organizativo, sino también como un planteo estratégico, que remite tanto a la práctica de “autodeterminación” (dotarse de su propia ley) como a un horizonte emancipatorio [2]. En sus versiones extremas, este planteo desafió el pensamiento de izquierda más anclado en las visiones clásicas acerca del poder. Asimismo, la narrativa autonómica nutrió considerablemente un nuevo ethos militante[3], colocando como imperativo la desburocratización, el horizontalismo y la democratización de las organizaciones, y alimentando una desconfianza radical respecto de las estructuras partidarias y sindicales, así como de toda instancia articulatoria superior. Por último, otra de las dimensiones constituyentes de los movimientos sociales latinoamericanos ha sido la territorialidad. En términos generales, tanto en los movimientos urbanos como rurales, la construcción de una territorialidad-otra, opuesta a la dominante, fue emergiendo como un punto de partida ineludible en el proceso de resistencias colectivas y, progresivamente, como una apuesta deliberada por la resignificación y creación de nuevas relaciones sociales.

Hubo así un claro desplazamiento del paradigma socialista revolucionario que había sido el eje en torno al cual se articularon las luchas de los años 60 y 70, a favor de la emergencia de un no-paradigma, un horizonte emancipatorio más difuso, donde prosperaron posturas de carácter destituyente y de rechazo a toda relación con el aparato del Estado.

Sin embargo, rápidamente, se asistió al declive de las demandas y prácticas de autonomía y a la transformación de la perspectiva plebeya en populista, la afirmación del transformismo y el cesarismo -decisionista y carismático- como dispositivos desarticuladores de los movimientos desde abajo. En medio del cuestionamiento epocal del neoliberalismo, una serie de proyectos progresistas supieron controlar y monopolizar lo plebeyo, a través de una política orientada concreta y discursivamente hacía lo social, subrayando su origen “desde abajo” mientras, al mismo tiempo, verticalizaban la relación con los movimientos sociales, en el contexto concreto de una sensible y profunda mutación de la conformación de las clases populares.

Asimismo, la demanda de autonomía mostró su fragilidad frente a la fuerte interpelación del Estado y gran parte quedó subsumida o institucionalizada en el modelo –de profunda raigambre en nuestras tierras latinoamericanas- de la participación controlada. No pocos autonomistas radicales devinieron furiosos populistas –con o sin el recurso a Laclau para legitimar mediante “significantes vacíos”, o a Gramsci para justificar prácticas hegemonistas-, asumieron la defensa y promoción irrestricta del líder y sobre todo, los esquemas binarios de interpretación que incluían ciertas líneas de conflictos y contradicciones, pero dejaba afuera o excluía muchos otros, asegurando el monopolio de la legitima representación popular en las firmes manos del ejecutivo.

El hegemonismo substituyó tendencialmente al autonomismo como práctica estructurante de lo político. Bajo una lógica estrictamente pragmática se procedió a la anexión y fagocitación de toda instancia independiente, a la reducción del pluralismo a una lógica centralizadora que terminaba realizando en las instancias partidarias y gubernamentales y se plasmaba finalmente en la figura del líder carismático. El recurso a los liderazgos resolvió aparentemente el problema de la representación (delegativa) y la participación (controlada) de las masas.

Por la misma razón, no fueron ni el carácter plebeyo de las luchas ni la tan publicitada demanda de autonomía los rasgos aglutinantes en los movimientos contestatarios, pues es claro que éstos sufrieron fuertes reveses políticos en el marco de la consolidación de la hegemonía progresista. Subsumido lo plebeyo, disuelto el autonomismo, el rasgo más persistente, aunque no aglutinante, de la contestación social fue la territorialidad que se trasladó al terreno de lucha contra el neoextractivismo, sobre el cual insistiremos en el último apartado.

Notas

[1] M. López Maya (2005), « La protesta popular venezolana: mirando al siglo XX desde el siglo XXI », en CENDES, Venezuela Visión plural, vol. II, bid&co.editor, Cendes-UCV, pp.517-535.
[2] M. Modonesi (2010), Subalternidad, antagonismo, autonomía. Marxismos y subjetivación política, Prometeo-CLACSO, Buenos Aires.
[3] Véase M. Svampa (2008), Cambio de época. Movimientos sociales y poder politico. Buenos Aires, Siglo XXI y (2010) Movimientos sociales, matrices socio-políticas y nuevos contextos en América Latina”, en OneWorld Perspectives, Workings Papers 01/2010, Universitat Kassel.