De acuerdo con el director de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Ricardo de la Cruz, el saldo que dejó “Earl” fueron 36 muertes en Puebla, 13 en Veracruz y una en Hidalgo.
Señaló que el peor golpe lo recibió Puebla, en particular en los municipios de Huauchinango, Tlaola y Xicotepec, donde ya se emitió la declaratoria de emergencia.
Reconoció a los medios que aun no se puede cuantificar el número de personas desaparecidas, aunque siguen las labores de búsqueda y rescate.
Dado que continúa la temporada de lluvias se mantiene la alerta en zonas cuyos terrenos posiblemente quedaron reblandecidos por el agua, según las autoridades.
Informó De la Cruz que se instaló el Comité de Evaluación de Daños en Puebla y se emitió la declaratoria de desastre para 29 municipios, lo cual se supone que posibilitará el acceso a recursos federales para la reconstrucción de viviendas, algunos puentes y carreteras.
Al contrario de lo que se esperaba, la tormenta “Javier”, aun cuando golpeó en Baja California Sur, según los informes oficiales no produjo daños al nivel de “Earl”.
Más de dos años pasaron y aun no se entregan las viviendas a las familias damnificadas por los huracanes Ingrid y Manuel que azotaron el país en 2013. Según Radio Fórmula se suspendieron varias obras por no contar con la autorización en materia de impacto ambiental.
Esa misma autorización es la que tienen lista los funcionarios cuando se trata de autorizar obras para las grandes constructoras que edifican viviendas de lujo, complejos turísticos y corporativos, como sucedió en Quintana Roo con la tala del manglar de Tajamar. Ahí sí no importó nada el impacto ambiental.
El problema continúa: no se puede edificar viviendas en territorios expuestos a deslaves e inundaciones, como tampoco en aquellos donde la extensión de la mancha urbana ponga en riesgo la biodiversidad.
¿Cuánto tendrán que esperar las familias afectadas por “Earl”? ¿En dónde reconstruirán sus viviendas? ¿Con qué materiales?
Es necesario un plan de obras públicas que reconstruya vialidades, viviendas e infraestructura, poniendo el énfasis en las necesidades de las mayorías y en la armonía con el medio ambiente, nunca en las ganancias de las constructoras. Controlado por los colonos, los trabajadores y profesionistas locales, para que pongan su capacidad al servicio de las necesidades sociales y no del enriquecimiento personal de los empresarios ligados a los tres niveles de gobierno.
Un plan de obras públicas así no puede emanar de un gobierno asociado con las grandes empresas nacionales y extranjeras, como el de Peña Nieto. Los de abajo tenemos que organizarnos para hacer que estos parásitos que se enriquecen a costillas del sufrimiento del pueblo paguen su parte de la crisis que ellos mismos han provocado al planificar y construir sin respeto a la seguridad de la población más humilde. | 
