En esta semana se anunció el fin de las reuniones que venían manteniendo desde hace varios meses los representantes del gobierno y de los partidos de la oposición con representación parlamentaria por el tema seguridad.
Destacando al sistema político uruguayo como un ejemplo para el mundo, Tabaré Vázquez resaltó la importancia de poder lograr este tipo de reuniones entre distintos sectores políticos.
Solución punitiva para problema de la seguridad
Como resultado de este proceso de negociación se lograron algunos acuerdos parciales en distintas áreas aunque aún falte concretar el trámite parlamentario. Entre otras cuestiones, algunos acuerdos apuestan a un aumento de las penas como salida frente al problema de la seguridad.
Las condenas por delitos relacionados con el narcotráfico pasarán a ser inexcarcelables al subir el mínimo de condena de 20 meses a 2 años. De esta manera el comercio de drogas (excluido el cannabis) será castigado con prisión efectiva, lo que da una respuesta penal y punitiva a una problemática que muchas veces deriva de cuestione sociales.
Como ha expresado el abogado de IELSUR Martín Fernández, este tipo de medidas “sigue los viejos parámetros del prohibicionismo en materia de derecho penal y drogas, cuyo resultado ha sido más narcotráfico, más violencia, más exclusión y más encarcelamiento, y no atienden la dimensión del problema” y “lo único que hacen es generar más hacinamiento carcelario”. Todos sabemos que casi nunca van presos los grandes narcotraficantes, quienes muchas veces tienen arreglos y vínculos con el poder, mientras que aquellos que terminan en esta actividad por necesidad y falta de alternativas son los que van a parar a las cárceles.
Se eliminarán las libertades anticipadas para presos reincidentes, lo que en la práctica implica un endurecimiento de la condena y mayores tiempos de privación de libertad.
Aumento de penas para el homicidio intencional y la consideración de delitos muy especialmente agravados a los homicidios de policías, fiscales y jueces.
Las cárceles funcionarán en un ámbito descentralizado y no bajo la órbita del Ministerio del interior.
En julio de 2017 se pondría en marcha el nuevo Código del Proceso Penal lo que permitiría la abreviación de algunos procesos judiciales.
Nueva ley orgánica de Fiscalía.
Reglamentación de ley de tenencia responsable de armas.
Aunque para la derecha tradicional los cambios no son suficientes los acuerdos logrados muestran como el FA toma la agenda de la derecha, reforzando el aparato judicial y represivo sin resolver las causas estructurales (la miseria y la desigualdad social) que en última instancia son las que originan la inseguridad y la delincuencia. | 
