Esta semana, la Policía Nacional detenía a un menor interno en el Centro de Observación y Acogida -COA- de Zaragoza. Otros tres internos detenidos quedaban absueltos por ser menores de 14 años. Por último, otro menor fue ingresado en un centro psiquiátrico. Todo ocurría durante la misma jornada, el pasado lunes.
Sin embargo, es la cuarta vez en menos de una semana que la Policía Nacional interviene mediante diferentes operativos en el centro de menores COA. Sin duda, los sucesos ocurridos el lunes 8, son el desenlace de una serie de alertas que los educadores del propio centro venían denunciando desde hace tiempo.
El pasado 2 de agosto, varios menores sufrieron situaciones de riesgo, sin llegar haber ningún herido. Desde el centro creyeron necesario llamar al 061, policía y bomberos. El 28 de julio, hubo enfrentamientos entre diferentes menores, varios de ellos agredieron gravemente a otro compañero interno en el centro. Esto solo durante las últimas semanas.
Repetidas situaciones que se vienen agudizado desde mayo, fecha en la que la plantilla quedó mermada por los despidos de los educadores veteranos con mayor experiencia cualificada. Y a eso hay que sumar las bajas por stress y ansiedad, además de las renuncias por inconveniencias de horarios.
Por todo ello, los educadores del COA de Zaragoza llevan más de año y medio de huelga. A parte de la situación de extrema gravedad e inseguridad por la que tienen que pasar los menores internos, los trabajadores del centro denuncian que los nuevos contratos sean temporales, sin experiencia específica para este tipo de recursos y sin ningún tipo de formación por parte de la empresa.
Denuncian que las causas de la situación actual de los menores internados proviene del desmantelamiento del equipo educativo y de un proyecto en general para el centro. “El COA funciona sin proyecto educativo. La desprotección que esto esta generando, no solo afecta a menores, sino también a educadores y a la totoalidad de los profesionales que trabajan en el centro”.
Estos días, además, se cumple un año desde que la Consejera de Ciudadanía y de Derechos Sociales, María Victoria Broto, y Joaquín Santos, director del IASS -Instituto Aragones de Servicios Sociales-, firmaran la adjudicación del COA a la empresa Intress.
Desde que llegó Intress y bajo la responsabilidad del IASS, se quejan los educadores, la desproteción de los menores en el centro COA ha ido in crescendo. Aumentando y normalizando las situaciones de violencia y las agresiones; criminalizando en cada caso la conducta del propio menor y redestinandolos a otros centros. Todo ello, además de empeorar las condicones del propio centro.
Los educadores denuncian también que el centro debería disponer de una enfermera, un psicólogo, y otros profesionales necesarios. Así como un maestro para todos aquellos niños escolarizados del centro y que por distintos motivos no pueden acudir al colegio. Además de potenciar difrentes areas con un aula de informática, un gimnasio, una sala de psicomotricidad..., etc.
Existe, además, un proceso abierto en el contencioso administrativo contra el concurso y adjudicación del COA por parte de Intress. Tres demandas judiciales por despidos improcedentes. Además de una reciente inspección de trabajo que levantó acta de infracción por cinco empleos irregulares, sin alta en la Seguridad Social, por parte de de la empresa.
Por su parte, las reivindicaciones de los educadores son claras. Mantener las mismas condiciones de atención a los menores anteriores al concurso. Volver al mismo número de personal por turno sin ninguna rebaja presupuestaria. Gastos mínimos y básicos por menor, no inferior a los gastos destinados en las empresas privadas de salud, vestimenta, material escolar,... Y por supuesto, la reincorporación inmediata de los educadores despedidos y conservar las mismas condiciones laborales para todo el equipo educativo. | 
