Fotografía: Enfoque Rojo / Alejandra Villacorta

Durante el día viernes se dio a conocer que un nuevo grupo de holdouts se presentó ante el Juzgado de Thomas Griesa en Nueva York y reclamó el pago de 835 millones de dólares por bonos en default de la Argentina, alegando que le corresponde la misma sentencia que tuvo la demanda realizada por el fondo NML Elliot de Paul Singer.

En esta ocasión el que reclama una sentencia favorable es el fondo EM Limited que dirige el multimillonario Kenneth Dart, que manifestó tener en su poder títulos impagos desde 2003 por 835 millones de dólares, que actualizados se elevarían a 1.700 millones de dólares.

EM Limited solicitó ante Griesa una orden del mismo calibre que la que le reconoció el derecho al fondo de Paul Singer de cobrar en efectivo y en un solo pago 1.330 millones de dólares por bonos en default.

La petición realizada el día jueves está amparada en lo que dentro de la legislación de Estados Unidos se conoce como "me too" ("a mí también"), que es un procedimiento general por el cual querellantes piden sean beneficiados con la misma sentencia ante un caso similar, evitando de este modo tener que llevar adelante todo el proceso judicial.

En distintas oportunidades, la presidenta Cristina Fernández y el ministro de Economía, Axel Kicillof, advirtieron que la intención del Gobierno nacional era negociar con el cien por ciento de los acreedores que aún tienen títulos impagos y no sólo con el fondo de Singer, que cuenta con los fallos favorables de Griesa. En la opinión del gobierno lo mejor es alcanzar un acuerdo integral.

La falta de aceptación de la Ley de Pago Soberano que el gobierno votó en el Congreso Nacional para tratar de resolver la encrucijada en la que cayó por el fallo del juez neoyorquino le fue cerrando los caminos para salir del default técnico.

Todas las miradas se dirigen a enero que es cuando estará vencida la cláusula Rufo que determina que si se mejora la oferta a los que no entraron al canje (en este caso, los fondos buitre que litigan en Nueva York) lo mismo deberá hacerse con los que sí aceptaron la reestructuración de deuda.

Sin cláusula RUFO de por medio, se especula que el gobierno intentará alcanzar un acuerdo con todos los holdouts, y no sólo con los buitres que litigan, para tratar de conseguir acceder a los mercados de crédito con tasas bajas.

Según las cifras difundidas por los funcionarios, pagarle al conjunto de los holdouts implicaría desembolsos de entre u$s 15.000 y u$s 20.000 millones. Es decir, más de la mitad de las reservas actuales del Banco Central. Por lo cual, una de las alternativas del gobierno sería llegar a un acuerdo pagando con bonos para no realizar desembolsos de efectivo.

Un acuerdo similar al de Repsol con participación de la banca internacional. Conversaciones para este tipo de solución se habrían sostenido con la J.P. Morgan.

Es lo que desde hace algunos días los trascendidos de los medios adjudican haber revelado Alejandro Vanoli, el nuevo presidente del Banco Central.

Cerrando ese conflicto el gobierno trataría de hacerse de dólares para buscar sacar la economía de la zona de recesión en la que ha entrado.

Finalmente, en enero se develará si el famoso “patria o buitres” es sólo un eslogan para alentar a la tropa propia o una política para enfrentar seriamente a los especuladores. El derrotero oficial acordando con el Ciadi, el Club de París y Repsol parece inclinar la balanza hacia la primera opción. Los “pagadores seriales” terminarán haciendo honor a los especuladores, como en toda la última década.

Fuente: DyN