Fotografía: DYN
También estuvieron presentes el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda y Sabrina Gómez Montoya, una de las primas de Ignacio Carlotto.
La Presidenta de la Nación entregó dos carpetas al nieto de Carlotto que contenían datos del padre, Walmir Oscar "Puño" Montoya, secuestrado y desaparecido. Una de las carpetas contiene documentos donde consta el trabajo de Inteligencia que realizaba la policía de Santa Cruz durante la última dictadura, sobre el padre. “Puño” Montoya vivía en la ciudad de Caleta Olivia, donde también residía su familia.
Además Cristina de Kirchner entregó otra carpeta, que según explicó, se la confirió la empresa donde trabajaba el padre y el abuelo, en donde constan los antecedentes de trabajo de ambos.
Mientra Cristina se reunía con los Carlotto para entregarle archivos de la dictadura (un reclamo extendido de los organismos de derechos humanos independientes y que han pedido a viva voz a todos los gobiernos constitucionales, incluso el actual gobierno que reinició los juicios contra de los responsables de la última dictadura abra los archivos de la dictadura, que se los entreguen a las víctimas y organismos de derechos humanos), se estaba realizando el juicio al Centro Clandestino de detención La Cacha. En este centro estuvieron detenidos los padres de Ignacio Guido. Pero en este juicio como en el resto de los juicios por crímenes de lesa humanidad, las pruebas no fueron aportadas por el Estado, porque no entregaron los archivos que todavía tienen en su poder. Las pruebas son presentadas por las víctimas, familiares y amigos. En el juicio de La Cacha, prestaron testimonio casi 250 ex-detenidos.
Los archivos de la represión están, existen, no han sido destruidos. Esos archivos están en poder del Estado, de las fuerzas armadas y de seguridad y hasta de la Iglesia y contienen una información que permitiría terminar con la impunidad y conocer todos los nombres de todos los responsables y cómplices del genocidio. Conocer, además, el destino de los desaparecidos, ayudar a encontrar a los casi 400 niños apropiados durante la dictadura que hoy siguen sin conocer su verdadera identidad. Pero esos archivos siguen ocultos.
Contra ese manto de impunidad, Nicolás del Caño (PTS/FIT) impulsa en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para que se disponga la apertura de los archivos de la represión que están en poder de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), correspondientes al período que se inicia con el establecimiento del estado de sitio el 6 de noviembre de 1974 y finaliza con la asunción del gobierno constitucional el 10 de diciembre de 1983. Mientras no lo entreguen, tanto los que están en poder de la ex SIDE como el resto que tienen el Estado continuará la impunidad.
Gestos y hechos
Mientras Cristina se reunía en la quinta de Olivos junto a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo y su nieto, recientemente recuperado, para entregarle documentos de la dictadura (mientras oculta la mayoría), un gesto que podría leerse como de compromiso con la justicia, la verdad y los derechos humanos, otros hechos, a unos pocos kilómetros de Olivos, lo desmentía. La brutal represión a los trabajadores de Lear y a quienes, una vez más, fueron a solidarizar con ellos. Fue su fuerza preferida, la Gendarmería Nacional, que comanda el soldado K Sergio Berni. La represión dejó un saldo de 50 heridos, 30 de ellos de balas de goma, muchos otros gaseados y golpeados, 13 hospitalizados, varios detenidos.
En el mismo momento que la Presidenta entregaba documentos de espionaje de la Policía santacruceña, la Gendarmería, que en la actualidad utiliza esas mismas prácticas, así se supo que contaban con una base de datos, Proyecto X, para almacenar información ilegal de militantes y trabajadores, obtenidos bajo el espionaje, para después blanquearlo en la justicia penal con causas armada a trabajadores. A pesar de haberse denunciado este espionaje penalmente, que encontró el repudio generalizado de personalidades políticas, sociales y culturales, que acompañaron las denuncias del CeProDH, esta fuerza carancha, continuó con sus prácticas. Arman causas fingiendo accidentes en la Panamericana, donde los inquebrantables trabajadores de Lear la enfrentan y la desafían a pesar de no contar con armas, ni estar pertrechados como los gendarmes. Sus únicas armas, su reclamo, Familias en la calle, nunca más.
La Iglesia y la dictadura
En una entrevista realizada por este diario a Estela de La Cuadra, tía de Ana Libertad, la última de las nietas recuperadas por las Abuelas de Plaza de Mayo, habló sobre el silencio del actual papa Francisco con la hechos de la dictadura y particularmente con la apropiación ilegal y el robo de la identidad de su sobrina en 1977. Además, De la Cuadra sostuvo que la Iglesia fue cómplice de la dictadura y que Jorge Bergoglio sabía de la desaparición de su hermana porque su padre se entrevistó con él. Sin embargo cuando el cardenal Bergoglio fue citado a declarar en el juicio por los sacerdotes Jalics y Yorio, en la Causa ESMA y por el plan sistemático de robo de bebés y por el caso de Ana Libertad, eligió seguir encubriendo a la iglesia, y a los miembros que colaboraron con la dictadura. Solo declaró con evasivas y dijo no saber nada.
Por este motivo sorprende que hoy Estela de Carlotto, titular de Abuelas, acompañe el llamado de la Comisión Episcopal de Pastoral Social sin cuestionar y sostenga "Ahora hay un llamamiento directo a la comunidad católica para que si saben, ayuden a encontrar a estos desaparecidos vivos", pero no le exija a esa misma Iglesia que entregué los archivos que tienen de la dictadura. Carlotto sin embargo reconoce que "Algunas respuestas todavía no son muy profundas, pero la Iglesia en Argentina nos puede ayudar a encontrar rastros de nietos que fueron entregados a instituciones católicas”.
El documento que emitió la Comisión Episcopal de Pastoral Social donde exhorta a los católicos a dar los datos que tengan del robo de bebés durante la dictadura, no puede menos que leerse como una forma de lavarse las manos del rol cómplices que jugó la Iglesia Católica en la última dictadura militar.
Emilio Grasselli, quien fuera secretario del Vicariato Castrense y a su vez capellán del Ejército en tiempos de Videla y Massera, reconoce que entre 1976 y 1980 atendió unos 2.500 pedidos de familiares de personas desaparecidas para que la Iglesia mediara ante el gobierno militar en pos de dar con el paradero de sus familiares. Incluso reconoce haber armado un archivo con los datos que esos familiares aportaban. Nunca fueron entregados a la justicia.
Como afirmo el diputado del PTS en el FIT, Nicolás del Caño “Los archivos están ahí y queremos que se hagan públicos para quebrar un importantísimo pilar de la impunidad que rige hasta hoy por los crímenes de los genocidas y sus cómplices”. |
