Presionado por el gran movimiento democrático que surgió en México, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) finalmente pidió la renuncia de Ángel Aguirre, a 27 días de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, del asesinato de otros 3 a manos de la policía y del asesinato de 3 personas más el mismo día.
Según reconoció el mismo Aguirre, él ya conocía los lazos con el cártel Guerreros Unidos de José Luis Abarca –el alcalde de Iguala ahora prófugo, señalado junto con su esposa como responsable intelectual del ataque a los normalistas de Ayotzinapa.
El pedido de licencia de Aguirre es el manotazo de ahogado del partido que intentó fungir como “ala izquierda” del régimen mexicano. Un partido que cuando está en el poder despliega las fuerzas represivas contra quienes se manifiestan contra alguno de los niveles de gobierno.
Esto se demostró en distintas ocasiones en el Distrito Federal, por ejemplo, el 1º de diciembre de 2012, en la asunción de Peña Nieto, con el saldo de un muerto y 69 detenidos, o el 10 de junio de 2013, en el aniversario del Halconazo –10 de junio de 1971, asesinato a manos del Grupo Halcón de más de 120 estudiantes que marcharon en apoyo a los estudiantes regiomontanos–, con el saldo de 27 detenidos.
La impunidad del PRI-PAN-PRD
Para los funcionarios de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y sus fuerzas represivas, responsables de masacres, detenciones arbitrarias, violaciones, torturas, desapariciones forzadas: impunidad.
Impunidad para Rubén Figueroa Alcocer (PRI), exgobernador de Guerrero, responsable de la masacre de Aguas Blancas en 1995, cuando policías estatales asesinaron a 17 personas.
Impunidad para Enrique Peña Nieto (PRI), actual presidente y exgobernador del Estado de México, responsable de la represión contra los pobladores de San Salvador Atenco, en 2006, que incluyó violaciones a las compañeras que participaron de la lucha por parte de las fuerzas represivas.
Impunidad para Rafael Moreno Valle (PAN), actual gobernador de Puebla e impulsor de la Ley Bala para criminalizar la protesta social. Esta ley, de vida breve, cobró un muerto: José Luis Tehuatlie, de 13 años, quien recibió una bala en el cráneo cuando el pasado 9 de julio se realizó una manifestación en San Bernardino Chalchihuapan, contra la desaparición de las oficinas del Registro Civil en las Juntas Auxiliares –autoridades comunitarias desconcentradas de los municipios poblanos.
Ahora, impunidad para Ángel Aguirre (PRD), responsable, junto a los tres niveles de gobierno, no sólo de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de sus 3 compañeros muertos el 26 de septiembre pasado, sino también de otros dos jóvenes de la misma escuela asesinados en la Autopista del Sol en diciembre de 2011.
¿Impunidad para cuántos más? La lista es infinita.
Complicidad del Morena
Lázaro Mazón Alonso, según se señala en el portal Sin embargo, “quien fue destituido el 16 de octubre pasado como titular de la Secretaría de Salud del gobierno de Aguirre, fue dos veces Alcalde de Iguala y promovió la candidatura de Abarca Velázquez”, el alcalde vinculado a Guerreros Unidos.
Mazón Alonso apenas en junio pasado fue nombrado públicamente por Andrés Manuel López Obrador como candidato del Morena para las elecciones para gobernador del estado de Guerrero.
¿Cómo, López Obrador, el que dice luchar contra la corrupción y llama a la resistencia civil pacífica mientras en el país aparecen cada vez más fosas clandestinas y se multiplican las desapariciones forzadas, no conocía el historial de su protegido guerrerense?
¡Aparición con vida de los 43 estudiantes!
En las recientes movilizaciones se escuchaban varios reclamos: el primero, la aparición con vida de los estudiantes desaparecidos, la renuncia de Aguirre y la renuncia de Peña Nieto, entre muchas más.
Aun con la salida de Aguirre, los normalistas siguen sin aparecer. Nadie puede imaginar un buen final para esto. Con cada día que pasa, las posibilidades se oscurecen.
¿Y cuándo aparezcan, quién va a investigar a los culpables? ¿Quién hará justicia para nuestros presos políticos, para nuestras víctimas de desapariciones forzadas, para nuestros muertos?
¿El PRI, el PAN, el PRD, el Morena? ¿Todos los que por acción u omisión tienen las manos manchadas de sangre? ¿La justicia de los Slim, de las grandes fortunas de México? ¿Se puede esperar eso?
¿O la justicia vendrá de manos de los estudiantes, de los maestros, de los trabajadores y los campesinos de México?
Aun no está dicha la última palabra. Esto termina cuando termina. La historia tiene, por ahora, final abierto. | 
