La semana pasada tuvieron repercusión las noticias acerca de las audiencias acerca de la vinculación o no a proceso del ex gobernador Rodrigo Medina quien organizó las cosas de manera que Kia Motors recibiera con anticipación 3,600 millones de pesos con tal de que decidiera asentar una planta ensambladora en el municipio de Pesquería, N. L.
Al final de cuentas gracias a la intervención de los jueces que llevan el caso, parecía que Medina libraría con facilidad ser procesado debido a la emisión de un amparo con el que evitó asistir a la primera audiencia, aunque fue obligado a comparecer nuevamente, en medio del escándalo social que esto implica.
El primer resultado favorable para medina fue que le eliminaron la imputabilidad de dos de los tres delitos por los que estaba siendo acusado, casualmente los que son considerados graves: peculado y atentar contra el patrimonio del Estado. Sólo se le imputó el ejercicio indebido de funciones que no necesita medidas precautorias, es decir, esperará las audiencias por venir, sentado cómodamente en casa.
El que lleva todas las de perder es su tesorero, quien será procesado por los tres delitos. No tuvo la misma suerte que su jefe y quizás hasta haya sido negociada de esa manera la imputación delictiva con tal de salvar al ex gobernador. El jefe que organizó todo el desfalco podría salir libre y su obediente empleado pagaría el pato.
El único punto que se anotó la fiscalía de El Bronco fue que no se le concediera la suspensión definitiva del amparo con que se mueve Medina, lo que obligará a que se presente nuevamente el 8 de septiembre a que le dictaminen si se mueve en libertad o no. Ya se imaginará el lector por donde viene la resolución de este trámite, así , Medina gana tiempo para pulir su estrategia, mientras, la Fiscalía exige que se le retire el pasaporte, por si acaso.
La Fiscalía Anticorrupción ¿una fachada nomás?
Una de las promesas más recurridas en los procesos electorales de los últimos años es el castigo a los funcionarios de administraciones anteriores ante los actos de corrupción cada vez más evidentes que se dan en los tres niveles de gobierno independientemente de que partido político gobierne.
En Nuevo León, El Bronco cumplió la promesa de perseguir a sus antecesores hasta hacerlos pagar por sus culpas, al menos en el papel, la Fiscalía Anticorrupción está encauzando las investigaciones en ese sentido. Pero al mantener el mismo aparto judicial, acostumbrado a ver por los suyos, parece poco posible que gente como Medina pise la cárcel, eso sin contar con que el gobierno federal lo llegue a presionar para calmar las cosas.
Corrupción por todos lados
En las elecciones del 6 de junio pasado las denuncias por actos de corrupción, desvío de recursos del erario público, mantuvieron en un primer plano a los gobernadores de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo, al grado que el gobierno tuvo que intervenir para evitar la conformación de los “auto blindajes” que estaban organizando dichos gobernadores, nombrando a funcionarios judiciales leales que pudieran sacarlos de apuro. Además de aprobar apresuradamente un Sistema Anticorrupción… ¿de fachada?
Hoy una demostración de las hordas de políticos corruptos que están en los círculos del poder se da en Veracruz, donde el gobernador saliente y el electo se lanzan acusaciones mutuas en torno a sus múltiples propiedades, usando principalmente a sus familiares como prestanombres. Y recién ha salido a la luz el caso del gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, que se auto otorgó de forma gratuita ¡el usufructo de 50 hectáreas de tierra por un plazo de 30 años prorrogables!
Esto ha repercutido en el mismo PRI, que ha tenido que aceptar los escándalos de sus gobernadores y para reacomodarse un poco el presidente de ese partido Ochoa Reza lanza una política de rendición de cuentas, no ante la sociedad sino ante el partido y tiene que aceptar Las solicitudes de suspensión de los derechos partidistas y eventual expulsión de sus cuatro ases: César Duarte, Rodrigo Medina, Javier Duarte y Roberto Borge.
En Monterrey se destapó una cloaca
La Fiscalía Anticorrupción neoleonesa acaba de sacar a la luz nuevos vinculados a proceso que siguieron el ejemplo de su jefe estatal. Del Sistema de Caminos de N.L., fueron involucrados por ejercicio indebido de funciones en un caso de simulación de compra de materiales y arrendamiento Víctor Ramón Martínez Trujillo, ex director y Esteban Cepeda Ortega, ex coordinador de proyectos. Estos dos tienen la misma imputación por un caso de simulación de pavimentación, en el que se ha agregado a Nancy Aracely Villegas Cantú ex directora de administración y finanzas de ese organismo.
Por contratación ilegal de asesoría, la ex presidenta municipal panista, Margarita Arellanes fue vinculada a proceso por ejercicio abusivo de funciones junto a seis de sus colaboradores. Otros cuatro colaboradores municipales más fueron acusados de ejercicio indebido de funciones.
Impunidad para los de arriba
Es una situación típica que los acusados y sus acusadores, y sus juzgadores también, al ser parte del sistema gubernamental, apuestan al olvido, como los casos de Tomás Yarrington y Humberto Moreira, que fueron archivados por la PGR en 2013, según confesión cínica de su director de entonces, Jesús Murillo Karam.
Ellos, los de arriba, tienen muchas facilidades para mover los recursos a su antojo, hasta deciden obsequiar a una trasnacional con 3.600 millones, que no es una excepción sino la normalidad. Lo que nos da una idea de la discrecionalidad con que se están manejando para satisfacer al capital nacional extranjero, a cambio de algunas migajas que les tiran, alguna casita blanca o algo así. Y si los cachan, hay todo un mecanismo para defenderlos y al final exonerarlos.
Cometen graves delitos, desvían enormes recursos del erario público, y resulta que para los funcionarios y gobernadores provenientes de los partidos con registro no hay castigo alguno. En cambio, a los luchadores independientes de esta partidocracia, el Instituto Nacional Electoral, los persigue con multas exorbitantes y arbitrarias por cometer “errores y omisiones”, como es el caso del profesor Sergio Moissen, único candidato de la izquierda anticapitalista a las elecciones a la Constituyente de la Ciudad de México.
El delito de Sergio no es incurrir en “errores y omisiones”, el delito de él y quienes coinciden con sus posturas políticas es estar del otro lado de la barricada, con los trabajadores y el pueblo pobre, porque es uno más de ellos. Por eso lo castiga el INE, porque la principal tarea de esta institución de los ricos y sus partidos es impedir que se organicen y tengan voz los de abajo.
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