Mientras nos encontrábamos reclamando contra el intento de otorgarle la prisión domiciliaria a Miguel Etchecolazt, y a días del aniversario de la desaparición de Jorge Julio López, Macri decía que “No tengo idea...si son los que están anotados en el muro o son más”.
El golpe militar fue planificado y llevado adelante por el empresariado junto a las FF.AA y la Iglesia, para terminar con una generación de obreros que ganaban en fuerza y combatividad. La desaparición de 30.000 compañeros fue un genocidio de clase, sin embargo Macri eligió usar el termino “guerra sucia” para ocultar el terrorismo de Estado que cometió el genocidio. “Guerra sucia” fue la definición elegida por los militares del Proceso de Reorganización Nacional, para justificar sus crímenes.
Sus repudiables palabras intentan esconder lo que verdaderamente sucedió. El golpe militar tenía como objetivo exterminar una generación de luchadores obreros y la juventud. Este plan incluyó el robo de bebés de todo las detenidas-desaparecidas.
Las declaraciones de Macri chocaron con el repudio de un amplio sector de la sociedad que condena los crímenes de la dictadura. Por eso tanto el secretario de DD.HH de la Nación, Claudio Avruj, y la ministra de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, debieron salir a dar explicaciones.
Mientras que la Ministra dijo “personalmente no uso el concepto de guerra sucia”; el Secretario de DD.HH. opinó que “30.000 es la cifra que marcó el camino de la lucha de la sociedad por esa memoria, verdad y justicia”.
Aunque el gobierno de Cambiemos no pueda sostener las declaraciones de Macri, logró avanzar en algunas medidas políticas: desmanteló áreas de investigación, como la encargada de denunciar los delitos económicos durante la dictadura y el rol de los empresarios y otros civiles, para enlentecer aún más y si es posible paralizar los juicios. Cerraron la agencia de noticias Infojus, que cubría los juicios contra los represores.
Continúo con la derogación de un decreto de Raúl Alfonsín que restringía la autonomía de las Fuerzas Armadas, a las que Macri pretende darle “un rol preponderante en esta nueva etapa”, para “unir a los argentinos”. Un claro mensaje de reconciliación.
A tono con las editoriales de La Nación, también quiere avanzar sobre nuestra lucha por cárcel común y perpetua a los genocidas, para que los represores puedan cumplir sus condenas en sus casas. Los límites de la política K durante estos 12 años es desde donde se apoya el macrismo para avanzar.
Una cuestión de clase
No son de extrañar los dichos de Macri, porque su familia se benefició bajo la dictadura. En 1973 los Macri tenían 7 empresas, diez años después llegaron a 47 y una deuda de 300 millones de dólares que fue estatizada bajo el gobierno de facto.
Pero dentro del gobierno de Cambiemos hay otros beneficiados, como la familia del Secretario de Comercio Miguel Braun, primo del Jefe de Gabinete Marcos Peña. En 1980, la dictadura estatizó la empresa Austral para rescatar a sus dueños, entre los que estaba la familia Braun. La operación incluyó, según investiga la justicia, el secuestro de Eduardo Saiegh, principal acreedor de la línea aérea.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación era querellante en la causa, pero se retiró de la misma. Los motivos son más que evidentes.
Nuestra pelea
Nosotros peleamos por el conjunto de las libertades democráticas, no elegimos entre las del pasado y las del presente.
Es por ello que nos preparáramos para el Encuentro Nacional del CeProDH en Jujuy. Entendemos que el ataque a las libertades democráticas del gobierno de Frente Cambia Jujuy (UCR-Frente Renovador) y de los Blaquier -responsable de la noche del Apagón- hacia los trabajadores y sus organizaciones, los jóvenes y el pueblo pobre, busca mejores condiciones para imponer su plan de ajuste, con inflación, tarifazos y despidos.
Ante ello nosotros no sólo repudiamos, sino que nos organizamos para luchar.
Víctimas del terrorismo de Estado
54%
de los desaparecidos
eran trabajadores
30 %
eran estudiantes y profesionales
Responsabilidad empresarial en el secuestro y desaparición
Ledesma, FIAT, Mercedes Benz, Ford, Renault, FATE, Swift, Astarsa, Acindar, Compañía Minera Aguilar S.A en el noroeste (Jujuy)
Los juicios en números
539 causas por crímenes de lesa humanidad en todo el país, sólo 163 tuvieron sentencia.
2436 personas fueron imputadas. Sólo 689 fueron condenadas.
600 Centro de Detención Clandestina
200.000 represores involucrados: militares, curas y civiles.
16% de los acusados fallecieron estando en libertad.
400 jueces de la dictadura nombrados entre 1976 y 1983, siguen en funciones.
Grupo Macri en la dictadura
pasaron de:
7 empresas antes de 1976 a 47 empresas entre 1976 y 1983 | 
