Recordemos los hechos. De acuerdo con un informe del portal de noticias Sin embargo, el 30 de junio pasado, un vehículo militar donde se trasladaban varios militares por el pueblo Cuadrilla Nueva, en el municipio de Tlatlaya. Pasaron frente una bodega y vieron en la entrada a una persona armada. A continuación, resonó una balacera. La versión del ejército: los civiles iniciaron el fuego. Un sobreviviente, por el contrario, sostiene que los militares dispararon primero.
Señalaron distintos testigos que 20 minutos más tarde, los militares entraron en la bodega y hallaron varias personas, dos de ellas atadas, privadas de su libertad. Enseguida, se escucharon nuevos disparos, de “armas accionadas por el ejército en contra de las personas rendidas”.
Los mismos testigos afirmaron que los miembros del ejército, al entrar a la bodega, hallaron a varios civiles rendidos, los obligaron a arrodillarse e identificarse. Luego los asesinaron a sangre fría. Entre las personas asesinadas está Erika Gómez García, de 15 años.
Éste es el relato que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cuyo titular Raúl Plascencia Villanueva fue cuestionado por proteger a Rafael Moreno Valle, gobernador panista del Estado de Puebla responsable político de la muerte del niño de 13 años José Luis Tehuatlie.
Se suman a estos hechos que las mujeres sobrevivientes sufrieron intimidacion sexual, malos tratos y tortura para que se declararan miembros de un grupo criminal y no denunciaron los fusilamientos. Hoy están presas de la justicia de los poderosos como Slim, y de los socios del narco PRI-PAN-PRD.
Los militares movieron los cuerpos de las personas ejecutadas, sembraron armas, alteraron la escena de los hechos.
Hubo colusión entre la CNDH y el gobierno del priista Eruviel Ávila para ocultar estos hechos, para tapar con un dedo la brutalidad y la descomposición de las fuerzas represivas mexicanas que asesinan, torturan, violan y desaparecen.
Hasta ahora sólo hay 8 militares detenidos…por incumplimiento del deber, no por las ejecuciones extrajudiciales. Son juzgados por el fuero militar: ¿quién puede creer que los jueces militares condenarán a sus colegas? Todos son represores, todos son asesinos, todos los miembros de las fuerzas represivas tienen algún exceso que esconder.
Su verdadera función es más que transparente: cuidar las propiedades de los Slim y los grandes empresarios mexicanos y extranjeros, reprimir, torturar, encarcelar, desaparecer, violar y ejecutar a quienes protestan contra las reformas estructurales, criminalizar a los jóvenes.
En este caso, como en el asesinato y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el responsable es el estado mexicano. ¿Hasta cuándo quedará impune?
La rabia y la indignación están en el aire. ¿El pueblo mexicano, agraviado por innumerables ofensas, obligado a mal vivir con salarios de hambre, con la muerte rondando encarnada en fuerzas represivas y cárteles del narcotráfico dejará en manos del PRI-PAN-PRD y Morena la justicia para sus muertos y para sus desaparecidos? El futuro es incierto. | 
