La semana que está terminando fue, posiblemente, una de las más difíciles desde el punto de vista político para el Gobierno nacional. Este miércoles fue el informe de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, el que respaldó la resolución de la Cámara Federal de La Plata que había frenado el tarifazo del gas hace ya varias semanas.
Ayer jueves fue el fallo de la Corte Suprema el que implicó un fuerte golpe político al oficialismo. Según informó una periodista de Ámbito, generó “sorpresa, dudas y cierta sensación de fracaso” en un primer momento dentro el Gobierno.
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El fallo y los contornos de la situación política
El fallo pone en evidencia los contornos de un escenario político complejo. La Corte, a pesar de la presión del Gobierno y los empresarios, se vio obligada a señalar un límite al tarifazo del gas. Los mismos fundamentos con los que respaldó su decisión ponen en cuestión parte central de la orientación política que desarrolla Cambiemos.
Pero esto lo hizo al mismo tiempo que habilitó la continuidad para los sectores que consumen alrededor del 70 % del total, aquellos que no pertenecen al segmento residencial. Para los mismos seguirán vigentes las subas del 400% que el Gobierno había establecido hace semanas. Esto significa una buena noticia para el Poder Ejecutivo, dado que le permite la posibilidad de erogar montos menores en subsidios.
La resolución de la Corte anula el tarifazo para los usuarios residenciales que, según diversas estimaciones, constituyen un porcentaje que va del 24 % al 30 % del total de los consumos. La ventaja que esto significa se mide desde el punto de vista político. Se trata de la mayor cantidad de usuarios en términos numéricos.
Estas son las causas para que desde el Gobierno se haya señalado que éste “no es el escenario más negativo respecto de lo que podría haber sido una orden de retrotraer el 100 por ciento de los aumentos”. Precisamente esa era la resolución de la Cámara Federal de La Plata, sobre la que se apoya parte del documento emitido ayer por la Corte.
El argumento del oficialismo tiene su cuota importante de auto-consuelo. Se trata de una derrota política que, como lo evidencian los fundamentos del fallo, cuestiona el carácter antipopular de las subas y lo ubica en el lugar que no quiere estar, el de un "gobierno para los ricos".
Crisis en ciernes
Ni las empresas recuperadas, ni las cooperativas ni los centros culturales o de jubilados, entre otras instituciones, son alcanzados por el fallo. Así, amplios sectores seguirán obligados a pagar las subas siderales impuestas por el Gobierno. Esto implica, necesariamente, que proseguirán las protestas.
Pero además, al permitir que se mantenga el tarifazo en empresas y comercios, se habilita el traslado de esas subas a los precios de productos y servicios, lo que adelanta una nueva escalada inflacionaria que golpeará sobre el bolsillo del pueblo trabajador.
Para los usuarios residenciales, el fallo establece la anulación de las tarifas hasta que se realicen las audiencias públicas. Pero las mismas no tienen carácter vinculante. Es decir, todo lo que allí se plantee no implica ninguna obligación para el Gobierno nacional. Es por ello que, desde el oficialismo, ya adelantaron que volverán a insistir con el aumento del 400 %.
En la tarde de ayer, en conferencia de prensa, el jefe de Gabinete y los ministros de Justicia y de Energía, fueron los encargados de ratificar que el Gobierno acatará el fallo y hará el llamado a las audiencias públicas “en el tiempo más breve que permite la ley”. Esto podría implicar alrededor de tres semanas.
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La “urgencia” oficial por acatar un fallo que le impone una decisión que rechazaba de plano hasta la mañana de ayer, se entiende en el marco de que le permite seguir aplicando el tarifazo. "Nuestra tarea no pasa por discutir los fallos sino por cumplirlos", sostuvo Marcos Peña. Luego agregaría “este fallo confirma que tenemos que trabajar en una mejor estructural del sistema energético que está en crisis”.
En ese marco señaló la intención del Gobierno de avanzar en un acuerdo con el conjunto de la oposición en el Congreso que le permita avanzar en lo que definió como una “revisión integral” de las tarifas de los servicios públicos. Esto podría detonar nuevos cruces y discusiones entre las diversas fuerzas que tienen representación parlamentaria. No está de más recordar que el oficialismo tiene minoría en ambas cámaras legislativas.
Críticas desde la izquierda
“El fallo de la Corte es un golpe político al Gobierno de Macri, que manejó todo como patroncito de estancia, pero lo habilita para que en unos meses vuelva con este delirante cuadro tarifario” afirmó ayer el referente de la izquierda, Nicolás del Caño. Las declaraciones llegaron a poco de conocerse el fallo.
El ex candidato presidencial del Frente de Izquierda agregó además que “como vimos en la Ciudad de Buenos Aires con el Subte, las audiencias públicas son una pantomima: hablan todos contra los aumentos y después el Gobierno decreta sin más los tarifazos”.
Por su parte, la actual diputada nacional del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, señaló que “seguimos denunciando la pasividad de la dirigencia sindical y reclamando un paro activo nacional para acabar con estos tarifazos definitivamente y que la crisis la paguen los que la provocaron”.
El fallo de la Corte, a pesar del golpe que le impuso al Gobierno, le permite continuar aplicando el tarifazo sobre amplios sectores al mismo tiempo que le garantiza en un futuro cercano volver a insistir con el mismo en cuanto a los usuarios residenciales. Precisamente queda en evidencia que solo se lo puede derrotar en las calles, con la movilización activa, apelando a medidas realmente contundentes como propone la izquierda. | 
