El martes 16 Dilma hizo pública una carta de apelación a los senadores, tomando en forma bastante secundaria la cuestión del golpe y proponiendo un plebiscito para definir la realización o no de elecciones generales. El propio presidente del Partido de Trabajadores (PT) Rui Falcão está en contra de la propuesta, que una vez más pone de manifiesto la política del partido de resguardarse para las próximas elecciones y no luchar contra el golpe institucional en curso.
En el marco de pasividad momentánea generada por las Olimpiadas, Dilma utiliza tanto la carta como su pronunciamiento de que irá personalmente al Senado como una forma de demostrar fuerza y dejar asentada su posición política hacia las elecciones del 2018. Se trata de un intento de recuperar alguna credibilidad de la población que desde junio de 2013 pasó a cuestionar más profundamente el proyecto reformista del PT. El mismo partido que hoy se niega a que las centrales sindicales y aquellos que quieren luchar contra el golpe impuesto por la derecha lleven adelante luchas decisivas, como se vio en las débiles movilizaciones del último martes.
El proceso final del Juicio Político empieza el 25 de agosto a las 9 de la mañana y debe durar hasta el 29, cuando Dilma probablemente irá al Senado. De los 81 senadores, los golpistas necesitan el voto de 54 para terminar de consumarlo. El PT ya relativizó el golpe y demostró que no resistirá. Tampoco la CUT, que frente a los enormes ataques a los derechos de los trabajadores, que ya ocurrían en los años del gobierno de Lula y Dilma, convocó a una movilización burocráticamente controlada, sin que sirva de resistencia a la reforma previsional, a los despidos que asolan al país, a la privatización de sectores clave como Petrobras. Es decir que sigue con su política de conciliación, con miras a las elecciones presidenciales de 2018. |
