Maestros, familiares y pobladores de Oaxaca realizaron hoy una movilización en la capital del estado para exigir justicia para los heridos así como para los caídos durante la irrupción de elementos de la policía estatal y federal en el poblado de Nochixtlán, el pasado 19 de junio.
A dos meses de la masacre, el caso ha sido tomado a medias por las autoridades, quienes han intentado dar carpetazo al asunto, responsabilizando al magisterio y a la población de haber provocado el ataque. Gracias a la movilización, la Cámara de diputados y el Senado tuvieron que conformar una comisión de seguimiento para el caso, misma que el día de ayer se reunió con elementos de la policía federal que participaron en la represión.
En dicha reunión, destacó que uno de los policías aceptó haber portado y accionado su arma en contra de pobladores, cuestión que hasta el momento no ha sido aceptada de forma oficial, a pesar de los testimonios, videos e imágenes de la policía disparando contra la población. Representantes del PRI así como directivos de la Policía Federal presentes en la reunión, evitaron que más policías respondieran sobre la portación y uso de armas, así como sobre las autoridades que se encontraban al mando del operativo que acabó con la vida de más de diez personas en Nochixtlán.
En medio de contradicciones sobre la hora en que comenzó el ataque, la declaración de los tres policías buscó en todo momento culpar a la población, asegurando que se les había recibido con agresiones, sin embargo, tanto los videos como los testimonios e, inclusive, un informe de la Gendarmería Nacional, señalan que la Policía llevaba armas y abrió fuego no sólo para retirar el bloqueo carretero, sino que irrumpió en el pueblo y disparó gases lacrimógenos contra niños y campesinos.
La ausencia de los mandos responsables del operativo en Nochixtlán durante la audiencia de la Comisión de seguimiento, así como el nulo interés por esclarecer de dónde vinieron las órdenes son indicadores de que la política del Estado para atender a las víctimas es meramente formal.
Estamos de nueva cuenta ante un caso en donde el Estado busca dejar en la impunidad a los responsables de masacres, como pasó con Tlatlaya, como pretende hacerlo con Tanhuato. La conformación de comisiones no es otra cosa sino una forma de tratar de desviar el descontento y una máscara para asegurar que se están tomando acciones para esclarecer el asunto.
Fotos: Cencos Sección XXII | 
