El periodista Carlos del Frade investigó la relación entre el presidente de la Corte y una gerenciadora de la salud durante la década del 90. Los 2000 ejemplares del trabajo en que lo relata se mantienen “secuestrados” en un cuarto.
Corría el mediodía del 14 de diciembre de 2004. Un fantasma parecía perseguir a Ricardo Lorenzetti. En el Salón Azul del Senado de la Nación, se celebraba la audiencia pública por su designación para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Presidida por Jorge Yoma, quien bañó en elogios al candidato, primero se leyeron los vastos antecedentes académicos para, luego, dar paso a las preguntas presentadas, entre otros, por el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia. El moderador fue a la nuez: “Que aclare el candidato su vinculación profesional y comercial con el mercado de la salud del departamento de Rafaela y alrededores”.
Lorenzetti tragó saliva y, sin inmutarse, casi de memoria, respondió con un fárrago: “(…) Como todos ustedes saben, a través de las informaciones que han llegado al Ministerio de Justicia, yo he ejercido mi actividad profesional de abogado y en la década del 80 comencé a asesorar a cuatro sanatorios de la ciudad de Rafaela. Esos sanatorios son empresas médicas de familia. De modo que la vinculación es profesional. Ese asesoramiento, en un momento de cambios en el sistema de salud nacional, requirió la modificación de algunas relaciones contractuales. En ese momento yo estaba investigando los vínculos asociativos entre pequeñas y medianas empresas para lograr economías de escala y eficiencia. Entonces, se trabajó para lograr vínculos de colaboración.
Por eso fui contratado para ese propósito. Y se hizo una agrupación de colaboración; ese fue el esquema básico de los vínculos que se hicieron. Es que el ingreso de grandes operadores en el sector de la salud hace que las pequeñas y medianas empresas deban mejorar sus alianzas estratégicas, como se denomina en la doctrina económica. Por eso, se creó un vínculo asociativo entre ellas. Luego se creó un prepago común, una empresa de inversiones en alta tecnología para evitar la duplicación del gasto, también en común, una actividad de administración. Es decir, el esquema es básicamente el de una agrupación de colaboración, que conduce finalmente a una empresa descentralizada con distintos servicios.
Esto permite que estas Pymes subsistan en un mercado cambiante con altísima movilidad, como ocurre en el mundo. Y aquí se aplicó eso específicamente al sector de las prestaciones de la salud. Quiero abundar un poco más en este aspecto para dar todas las explicaciones necesarias. Entre esas empresas que se crearon hubo una sociedad para la administración.
Normalmente, el médico que termina de realizar su actividad, luego debe administrar. Entonces, carece de profesionalidad. En consecuencia, lo que se hizo fue crear una sociedad para administrar en común. La administración que se hacía a los sanatorios era de esa administradora. Eso permite diferenciar muy claramente esta actividad de las denominadas gerenciadoras, que involucran otro concepto diferente, generalmente, las gerenciadoras intermedias entre la obra social y el prestador. En cambio, en este caso los titulares de los contratos son los sanatorios y la administradora presta servicios a éstos, como una forma descentralizada, de acuerdo con el concepto que he explicado.
En esa sociedad yo tenía un 4 por ciento, sin voz ni voto, lo cual obedece a la necesidad de actuar como mediador, porque en estos vínculos asociativos entre pequeñas y medianas empresas es muy necesario acompañar su desarrollo mediando a lo largo del tiempo. Y en ese sentido una de las figuras que se suele utilizar es esta. También quiero aclarar que todas las prestaciones contractuales que hubo con el PAMI no eran relacionadas con mi actividad profesional. Yo nunca he ingresado, siquiera, a ese Instituto. Y todo esto, como es bien conocido, es una vinculación contractual que hace el Instituto con prestadores en red, pero a nivel provincial. De modo que había otros profesionales que se dedicaban a esa labor.
Creo que esta es más o menos la explicación del caso. Si alguien desea, puedo extenderme más”. Nadie lo deseó. De esta manera, Lorenzetti reconocía que había formado parte, primero como asesor letrado y, luego, como accionista, del sistema de salud que estallaría años después. Sin embargo, en su pago chico los hechos no resultaban tan condescendientes como los senadores nacionales.
El libro
Poco más de un lustro después, el periodista y político Carlos del Frade sintetizaba lo que había ocurrido en Rafaela entre mediados de la década del noventa y el comienzo del nuevo siglo: “Ricardo Lorenzetti es hoy el que le da doctrina de ética, política y justicia a todos los argentinos. Pero Ricardo Lorenzetti fue, durante los años 90, el abogado de las prepagas del PAMI, las que saquearon la obra social más importante de la Argentina. Cuando la Asociación Médica con Departamento en Castellano denunció esto, comenzó a lloverle una seguidilla de juicios que terminaron desbancando a aquella comisión directiva que lo había denunciado a Lorenzetti. Los amigos de Lorenzetti se quedaron con la mutual de la Asociación Médica, y Ricardo Lorenzetti es hoy el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Lorenzetti, contó Del Frade a este medio, lo convocó a la Corte a partir de una nota que el rosarino había publicado en su portal Postales del Sur: “Me recibió en su despacho de la Corte. Un lugar lujoso, amplio, con alfombras y maderas que brillaban. Fue en una mañana de febrero de 2010 previa cita concretada por un amigo de él, sobreviviente de la dictadura, también de Rafaela. Fue muy gracioso porque me dijo este hombre que Lorenzetti leía mi portal de investigación, Postales del Sur, que, en realidad, no leía ni mi familia. Me encontré con un hombre que mostraba su estado de enojo controlado por "esa historia de pago chico", tal como la llamó varias veces. Me dijo que había hablado con (Horacio) Verbitsky de mi trabajo y que también él era un sobreviviente de la dictadura. Siempre me quiso mostrar su conocimiento sobre varios temas”.
Del Frade narraría el derrotero de Lorenzetti en Rafaela en el libro “La porfiada esperanza: La lucha de la Asociación Médica del Departamento Castellanos”. En ese trabajo, entre otras cosas, el periodista recorrió la creación del Sanatorio Nosti, a mediados de la década del ’80, por parte de los hermanos Plácido y Rosario Tita; la constitución, en 1994, de Asistencia Sociedad de Responsabilidad limitada (ASIS), que contaba con el asesoramiento de Lorenzetti y agrupaba cuatro sanatorios, pasando, de esa manera, a dominar la salud local; la desaparición de ASIS y el nacimiento de APREME SRL, ya con Lorenzetti como socio con el 4 por ciento de las acciones; y, finalmente, el ataque a la AMDC.
“La Asociación Médica del Departamento Castellanos se ha convertido en el hecho maldito de la sociedad burguesa de Rafaela. Tener un Centro Asistencial con más de veinte mil afiliados, facturar casi cincuenta millones de pesos anuales, defender los derechos de los médicos ante los caprichos de los dueños de las clínicas y sostener la administración de un sanatorio propio para distribuir trabajo entre sus afiliados, son ofensas gravísimas para los que se sienten dueños de la salud de tres departamentos de la provincia de Santa Fe (Castellanos, 9 de Julio y Tostado) desde la noche de los tiempos.
A esto hay que sumar que la gremial decidió denunciar al hoy presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Lorenzetti, por haber sido apoderado y socio de aquellas gerenciadoras que durante los años noventa saquearon la mayor obra social del país, el PAMI, en beneficio propio. Desde aquella carta pública, una veintena de juicios y la intervención a la Mutual, reflejan el tamaño del castigo que vienen soportando los profesionales de la salud que, a pesar de tanta persecución, porfiadamente insisten en su proyecto de generar espacios donde el derecho humano inalienable de recibir atención sea para todos y no la propiedad privada de unos pocos”, explicó Del Frade en el prólogo de “Porfiada esperanza”.
En el libro, uno de los puntos de inflexión es la eclosión de la sociedad compuesta por los hijos de los hermanos Tita, la cual comenzó cuando Gustavo, actual presidente de la filial local de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, por medio del diario Castellanos, a fines de 2001, denunció que junto con sus hermanos había sido apartado de las decisiones de la firma por parte de su primo Carlos Tita, quien contaba con el asesoramiento del estudio de abogados de Lorenzetti y el actual juez laboral Lucas Marín.
Asimismo, siempre en referencia a Lorenzetti, el periodista recuperó la carta enviada por los integrantes de la AMDC al entonces ministro de Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Horacio Rosatti-flamante juez de la Corte-, cuestionando la elección de aquél por parte de Néstor Kirchner: Lorenzetti “fue socio capitalista y fundador de una empresa gerenciadora de salud de Rafaela: APREME, constituida en el año 1996 y tuvo una activa participación durante cuatro años.
Según consta en el acta constitutiva de dicha sociedad. Fuimos testigos del deterioro de la calidad de atención de los jubilados en nuestro departamento y apoyan nuestra impresión numerosas denuncias radicadas en la Agencia del PAMI de Rafaela. Además dejamos constancia de que como socio y abogado de la gerenciadora de salud de Rafaela APREME, operó ininterrumpidamente contra nuestra entidad gremial con demandas judiciales de todo tipo, por considerarnos competencia, a pesar de que nuestro fin no es el lucro.
Si bien no podemos demostrar dolo ni ilegalidad en esta actuación del abogado rafaelino, lo consideramos moralmente inhabilitado para ejercer tan trascendente función en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Ese mismo año, el diario Castellanos resumió el andar de Lorenzetti en el sistema de salud, enfatizando que “la sociedad asesorada por Lorenzetti concentraba a las cuatro clínicas locales y pasaba a conformar una especie de monopolio en el negocio de la salud en Rafaela destinada fundamentalmente a gerenciar contratos de obras sociales haciendo de intermediaria entre éstas y los sanatorios”.
De acuerdo con Del Frade, ambos, la AMDC y Castellanos, correrían una suerte similar. La primera fue intervenida, mientras que el periódico pasaría de las manos de Pablo Visconti a las de Guillermo Remonda, yerno del dueño de Ilolay y sindicado por Elisa Carrió como testaferro de Lorenzetti. Tras adquirirlo, Remonda barrió con varios de los periodistas de la redacción, que habían publicado numerosas notas críticas en relación con el actual presidente de la Corte Suprema.
En ese momento, 2010, Del Frade estaba llevando a cabo el libro mencionado. Antes de que salga a la calle, acudió al Palacio de San Martín, tras la invitación de Lorenzetti. Después de ese cónclave, Del Frade contaría que escuchó en cinco ocasiones una propuesta solapada, y no tanto, para que no escribiese el libro: “(…) Siempre cuando aparecen estas cosas, a mí me dicen que por 40 mil dólares se pueden arreglar”.
Meses después, cuando estaba todo dado para que sea publicado se trabó su salida: “El libro tuvo una tirada de 2.500 ejemplares y solamente pudieron repartirse 500 que se quedaron en mano de los médicos de la anterior gestión que me había encargado el trabajo por el que cobré 7.500 pesos. Los otros dos mil ejemplares según me dijeron y nunca lo contradijeron, están secuestrados en una habitación de la Asociación, en Rafaela”.
