En el marco de la causa originada en la Justicia Federal de San Martín tras la feroz represión de la Gendarmería Nacional durante las manifestaciones de los despedidos por la multinacional Lear, la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal ha aceptado como “Amicus Curiae” a Roberto Gargarella, reconocido abogado y profesor de Derecho Constitucional, con importantes elaboraciones teóricas en torno al derecho a la protesta.
El 8 de julio de 2014, mientras tenía lugar una numerosa manifestación sobre la Autopista Panamericana en inmediaciones de la autopartista Lear, que acababa de despedir a 300 trabajadores, centenares de gendarmes desataron una dura represión contra los presentes, siendo detenidos salvajemente cinco de ellos, con escenas brutales registradas por los medios que incluso constan en el expediente, y desacreditan los testimonios de los uniformados en los que se sostiene la acusación fiscal a los manifestantes.
En el escrito presentado por Gargarella, se establece con claridad el carácter laboral del conflicto que fuera reprimido por el Estado a lo largo de trece jornadas de lucha. Además, se hace especial mención al escandaloso hecho de que la acción penal se encuentre apoyada en la declaración testimonial del comandante de Gendarmería, Jorge López Torales, conocido como el “gendarme carancho” por su bochornosa actuación contra manifestantes en este mismo conflicto, hechos por los cuales se encuentra procesado en otro expediente que tramita ante la juez federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.
Otro párrafo se detiene en la inédita persecución del fiscal Jorge Sica, que ante la denuncia de otros cuatro manifestantes heridos que daban cuenta del accionar de las fuerzas represivas en aquella jornada y de la realidad de los hechos acontecidos, no tuvo mejor idea, en búsqueda de “justicia”, que imputarlos también a ellos, sin prueba alguna, por la presunta comisión del delito de “entorpecimiento de servicios públicos”.
La exposición de Gargarella, se pronuncia a favor del derecho a la protesta, como elemento esencial de cualquier régimen que se pretenda democrático, y plantea exhaustivamente la marginación de amplios sectores sociales a los cuales le son negados los derechos constitucionales elementales, tras lo cual además no se les garantiza siquiera el derecho a protestar en exigencia de aquellos.
La defensa de los manifestantes imputados, que inicialmente contó con el patrocinio de la actual diputada nacional Myriam Bregman (PTS-FIT), es ejercida por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), que ha presentado un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal, luego que la Cámara Federal de San Martín dejara sin efecto el sobreseimiento de esos compañeros, dispuesto en dos ocasiones por el Juzgado de Alicia Vence.
La presentación de Roberto Gargarella, se suma así a la realizada en el mes de julio por las reconocidas Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, Madres de Plaza de Mayo -Línea Fundadora, y los integrantes de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Andrea Bello y Enrique “Cachito” Fukman, fallecido pocos días después, y que nos honró así por última vez en esta particular pelea, con su habitual presencia en defensa de los luchadores sociales y las causas justas. |
