El jueves será una fecha histórica para la Justicia y para Córdoba, pues concluye con el dictado de la sentencia el juicio más extenso sobre los crímenes cometidos por la última dictadura militar. La mayor parte de las 716 víctimas pasaron por el centro clandestino de detención La Perla, uno de los más grandes del país. Además, algunas estuvieron detenidas en el centro Campo La Ribera. En casi cuatro años de debate oral, por la Sede de Tribunales Federales pasaron más de 580 testigos.
Llegar a esta sentencia, y a estos juicios es fruto de la lucha inclaudicable durante años de los organismos de Derechos Humanos, organizaciones de izquierda, etc. y su importancia aumenta en medio de la situación política actual, cuando el gobierno de Macri intenta reeditar la teoría de los dos demonios y hacer política para que se terminen los juicios desde que asumió.
De la enorme cantidad de víctimas, la mayoría eran trabajadores. Córdoba era considerada una de las zonas “calientes” por el plan genocida, por la extendida organización y participación gremial y política derivada del Cordobazo. Por eso se juzgan -entre otros- los secuestros de René Salamanca, dirigente histórico de SMATA Córdoba y Tomás Di Toffino de Luz y Fuerza, muchos docentes, parte de aquella importante generación setentista que le hizo frente a la dictadura de Onganía. Otro caso importante de la provincia investigado en este juicio es la apropiación del nieto (aún no encontrado) de Sonia Torres, dirigente histórica de Abuelas de Plaza de Mayo de la provincia.
Una de las novedades del juicio es que no sólo se juzga por los delitos de desaparición forzada, torturas, asesinatos y privaciones de libertad -que fueron los mayormente investigados en todos los juicios que se han llevado adelante- sino que se contemplan secuestros previos al golpe, comandados por la Triple A, y la apropiación de bebés. Lamentablemente todos ellos fueron juzgados de manera aislada, y no como parte de un plan genocida, y así también fueron pedidas las penas en los alegatos finales de los querellantes y la fiscalía.
Muchas víctimas, pocos represores
Por otro lado, resulta llamativo que sólo 52 represores sean juzgados. ¿Cómo se explica que cincuenta personas pudieran llevar adelante los operativos y delitos aberrantes que se juzgan contra 716 personas?
Por otro lado, el paso del tiempo, como siempre en estos casos, benefició a los genocidas imputados. En el transcurso de estos cuatro años una decena de ellos fallecieron sin ser condenados. Sólo 42 llegan a la sentencia. La mayoría, “detenidos” en sus cómodas viviendas. Sólo 3 en cárcel común.
Luciano Benjamín “Cachorro” Menéndez, uno de los represores más sanguinarios de la Argentina, recibirá su decima octava condena desde que se abrieron los juicios. Una y otra vez ha reivindicado que era una “guerra justa contra la subversión”, “que fueron patriotas” que nos salvaron, mientras sus defensas y jueces argumentan fundamentos “humanitarios” para otorgarles el beneficio de estar cómodos en sus casas. Desde la asunción de Macri, más de 50 represores fueron beneficiados por esa medida, uno de los últimos fue Miguel Etchecolatz, responsable de la desaparición de Jorge Julio López. En muchos casos ni siquiera respetan el enorme beneficio que se les otorga y es común encontrarlos en la calle, mientras amenazan a testigos y peritos. ¿A esto le llaman reparación histórica?
Por lo que se conoce, por La Perla pasaron más de 2.000 compañeros que fueron secuestrados y torturados. Pero dentro de esta megacausa habría que agregar que muchos sobrevivientes de los centros clandestinos pasaban luego a la Unidad Penitenciaria de Barrio San Martín, también bajo la órbita del III Cuerpo de Ejército. Allí, las condiciones de hacinamiento y tortura eran terribles y muchos de ellos fueron asesinados en los famosos traslados. Esos casos no fueron investigados ni tratados en este juicio.
Genocidio de clase
Tampoco se juzga a todos los represores que participaron, desde los altos mandos hasta los más bajos, impulsores, ejecutores y cómplices. Todos sabían y fueron parte del mismo plan, un plan de exterminio para terminar con todo un sector de la sociedad que se organizaba y que era un peligro para sus necesidades. Por eso, porque Memoria, Verdad y Justicia significa llamar a las cosas por su nombre, deberían estar acusados y condenarlos por lo que realmente hicieron: un genocidio.
La única manera de que esto suceda es abrir los archivos del Estado, con eso bastaría para acusarlos. Ninguno puede decir que no conocía lo que estaba pasando en sus fuerzas porque era de conocimiento público. Quienes hoy cuestionan si los desaparecidos eran 30.000 o 9.000 tienen en sus manos esos archivos; que los abran y sabremos el número y qué hicieron con todas las víctimas (porque recordemos que de la enorme cantidad de desaparecidos no se sabe qué ocurrió). Además, de ese modo no se sometería una y otra vez a las víctimas, familiares y testigos a relatar el horror que vivieron y no se los expondría a amenazas.
Seguramente veremos a varios personajes políticos llorando lagrimas de cocodrilo el próximo 25 de Agosto en Tribunales Federales, que mientras son aliados incondicionales del gobierno nacional que quiere que se terminen los juicios e igual represores a víctimas, persigue a los trabajadores que luchan en Córdoba y avala a la asesina policía cordobesa.
Nosotros estaremos presentes por los 30.000 compañeros y por los que retomamos esas banderas hoy y somos perseguidos y reprimidos. Porque la impunidad de ayer es un peligro para los que luchamos hoy, porque los genocidas andan caminando por las calles, y quienes siguen en las fuerzas persiguen y reprimen como en aquella época. Es necesario movilizarnos para exigir cárcel común a todos los genocidas y para demostrar que no permitiremos que se dé un paso atrás con los juicios y los intentos de mayor impunidad mostrados desde el primer día del gobierno de Macri. No permitiremos volver a ninguna teoría de ninguna guerra, hoy y siempre, como la pelea que damos en cada juicio, decimos FUE UN GENOCIDIO DE CLASE. | 
