El Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata concedió la prisión domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz, el pasado viernes. Esa medida fue rechazada por los organismos de Derechos Humanos, que acusaron al Gobierno de favorecer a los represores, avalando estas decisiones judiciales. En este sentido, apuntan a las recientes declaraciones del presidente Macri que señaló que él no sabía cuántos desaparecidos hubo durante la dictadura, a la que calificó como una “guerra sucia”. Además, la apologista del terrorismo de Estado, Cecilia Pando se reunió secretamente con el ministro de Justicia Germán Garavano.
La diputada del PTS/Frente de Izquierda, Myriam Bregman –que integró el equipo de abogados de Jorge Julio López que consiguió el dictamen de prisión perpetua por genocidio para Etchecolatz- señaló en una entrevista al diario La Nación que "El Poder Judicial lee los nuevos aires políticos. Es evidente que este gobierno quiere volver a la teoría de los dos demonios y que eso inevitablemente va a conducir a la impunidad".
Entre la crisis por las tarifas, el descontento social y la caída de popularidad de la imagen de Mauricio Macri, el gobierno estaría evaluando una objeción a la prisión domiciliaria que dictaminó la Justicia para Etchecolatz, intentando que se no abra otro “frente de tormenta”, cuando se está por cumplir un nuevo aniversario de la segunda desaparición del testigo Jorge Julio López, ocurrida durante el juicio al exjefe de la Policía Bonaerense.
“Estamos revisando el caso Etchecolatz y analizando toda la situación para ver qué se puede hacer", dijo Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos.
Actualmente, el 44 % de los imputados en los juicios por delitos de lesa humanidad cuentan con el beneficio del arresto domiciliario. |
